Los nombramientos de la corrupción

 

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La nominación de Osvaldo Soto García al puesto de contralor de Puerto Rico, sin tener las cualificaciones profesionales para ello, es una acción que pone en cuestionamiento las verdaderas motivaciones de su nombramiento. Aunque es ya reconocido que históricamente los nombramientos en el Gobierno están marcados por la afiliación política de el o la nominada, generalmente, se guardan las apariencias en su preparación. En este caso, ni eso.

La de nominación Soto García no fue la única que envió la gobernadora a la Legislatura, pero sí la que más objeciones a nivel público ha levantado. Esta envió otras 72 nominaciones: dos para jueces apelativos, 25 jueces superiores y municipales, 26 fiscales, 1 fiscal de distrito, 3 procuradores de relaciones de familia, 2 registradores de la propiedad, 3 miembros a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), 1 a la Junta de Subastas de la ASG,  3 a las Junta del Instituto de Estadísticas, 6 a la Comisión del Negociado de Energía, 1 a la Junta de la Autoridad del Puerto de Ponce y 1 de asociada de telecomunicaciones.

El primero en llamar la atención respecto a Soto García fue el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA). En comunicado de prensa, el 15 de septiembre, cuando apenas se había dado a conocer la nominación, el Colegio reparó en que desde el año 1978, a excepción de dos años de interinato, el puesto del contralor ha sido ocupado de manera ininterrumpida por un contador público autorizado (CPA) porque su preparación los cualifica para ocupar el puesto.

“La historia escrita durante esas cuatro décadas ha demostrado que elexperticede un CPA experimentado es clave para ejercer con éxito el cargo de contralor, dada la rigurosidad técnica y el compromiso que requiere dicho cargo”. Reparó además en que, por mandato constitucional, el contralor de Puerto Rico tiene la función ministerial de fiscalizar todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, sus agencias e instrumentalidades, así como de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley y con las normas de contabilidad generalmente aceptadas para entidades gubernamentales.

Los contadores reclamaron y resaltaron que los atributos profesionales que un CPA con experiencia lleva a la mesa, en general, se distinguen por su excelencia y ética profesional, así como por la calidad de sus servicios. “Además, tienen que cumplir con estrictos requisitos de educación continuada para garantizar su competencia profesional en todo momento. Por tal razón, muchos de ellos han ocupado, y al día de hoy ocupan, altos puestos gerenciales que han sido ocupado de manera ininterrumpida por un Contador Público Autorizado (CPA), porque su preparación académica, educación profesional, experiencia y cualificaciones son idóneas, sino necesarias, para ocupar este importante puesto”. Según dio a conocer, en una resolución aprobada en la Asamblea General del CCPA, el 5 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno del Colegio le solicitó a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa que la próxima persona nombrada y confirmada como Contralor de Puerto Rico fuese un contador público autorizado (CPA).

Las críticas públicas contra el nominado por su falta de preparación han provocado que la Asamblea Legislativa haya pospuesto la discusión del nombramiento, que tiene que ser confirmado por ambas cámaras. La Cámara de Representantes, en donde se dice que no hay los votos para la confirmación, examinará al nominado este lunes, 21 de septiembre. El Senado (para el que Soto fue secretario de Asuntos Públicos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schazt) pautó su vista para el lunes 28 de septiembre.

Entre las personas que han cuestionado el nombramiento está el excontralor Manuel Díaz Saldaña, quien calificó el nombramiento de “desafortunado”, agregando  que “no tiene la experiencia ni el conocimiento técnico para ocupar tan importante cargo”. Los exsecretarios de Hacienda, Juan Zaragoza y Teresita Fuentes, también expresaron su desacuerdo.

Si Soto fuese confirmado al cargo de la OC, este sería otro nombramiento de largo plazo (por 10 años) hecho por la administración particular de Vázquez Garced, en complicidad con el presidente del Senado. Hay que recordar que en plena pandemia, la Legislatura creó el puesto de Principal Oficial de Compras (OPC) del Gobierno, a un término de 10 años,  para el cual nombró a Karla Mercado Rivera, cuyo nombre está vinculado a la trama de la compra fallida de las pruebas de COVID-19 por la empresa Apex.

A juicio de la experta en gestión gubernamental, Issel Masses Ferrer, ese puesto de OPC noes legítimo porque la Administración de Servicios Generales (ASG) no es una entidad fiscalizadora y solo las entidades fiscalizadoras o independientes son las que en teoría tienen esos cargos más largos, precisamente para fomentar la independencia de los partidos o de las gestiones de las administraciones vigentes.

Esta denunció que, adicional al término, la Ley 73, que creó el puesto, además de permitir ese periodo, exige unos requisitos quesonmínimos. “En teoría, como está estipulado en ley, estamos hablando de procesos de compras de millones y millones que se van a llevar a cabo a través de una agencia y ese líder tiene que tener unos requisitos bien altos de peritaje de experiencia de preparación independencia e imparcialidad, que a nuestro entender ahora mismo no se está velando”.

Lo tercero que censuró es que el proceso de nominación fue uno bastante cerrado, nuevamente en un periodo donde al público se le complicó mucho participar y donde una vez más solo se habló de una nominación. “Esa nominación pasó fast tracky realmente la sociedad civil tuvo muy poco que ver en ese nombramiento”. La nominación y confirmación de Mercado Rivera se limitó a par de días a inicios del mes de junio.

También entrevistado por CLARIDAD, el licenciado Víctor García San Inocencio, exlegislador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y profesor de Administración Pública, apuntó  que más allá de la cantidad de nombramientos, no solo se está nombrando personas a términos largos para atornillarlos, sino que en muchos casos se está nombrando a personas sin tener las cualificaciones, como premio político.

“Pero hemos observado un fenómeno más preocupante todavía y es que se está dando y multiplicando un patrón de nombramientos políticamente motivados a cargos estratégicos donde se supone opera la fiscalización entre las ramas del gobierno e intragobierno. Entonces, no es meramente el favor político ni o el atornillamiento; es que se está nombrando a las posiciones mas estratégicas a personas de la confianza política y a personas que muy razonablemente puede cuestionarse si tienen el conocimiento o la preparación, o la capacidad para ejercer los cargos”.

Al denunciar que este parece ser un poderoso patrón, añadió: “Me atrevo a afirmar a que hay personas que por la única circunstancia que han sido nominados, y algunos confirmados, es por su apalancamiento político y cercanía que de por si más adelante debería ser un factor que les inhibiere, pero ya sabemos que inhibirse de participar en un asunto no es algo que por lo menos haya acompañado a la gobernadora cuando dirigía la agencia fiscalizadora por excelencia, el Departamento de Justicia”.

García San Inocencio, señaló como un caso emblemático de cuando se quiere utilizar la autoridad política para manipular procesos la conducta de Vázquez Garced con el nombramiento de la licenciada Dennis Longo Quiñones como secretaria de Justicia.

“Mientras le servía, era la mejor del mundo. Tan pronto se le ocurrió a la licenciada Longo Quiñones referir a la gobernadora al FEI, la gobernadora la decapitó y nombró a una persona para ver si podía interferir con la investigación que ya estaba en la jurisdicción del FEI. Si eso se hizo descarada y abiertamente a ese nivel, la verdad es que habría que ser bien ingenuo para no sospechar que se está haciendo sistemáticamente lo mismo, sino en todos, en algunos de estos nombramientos a las posiciones estratégicas”.

El clima que genera esta conducta o proceder tanto de la gobernadora como de la Legislatura más que lacerar, resaltó García San Inocencio —quien participó de las investigaciones sobre corrupción en el Comité Blue Ribbon— mutila y desbarata la confianza en el ejercicio prudente de las facultades que tienen los funcionarios y, por supuesto, apuntala los espacios de la impunidad.

“Yo no creo en las coincidencias, pero a lo mejor es pura coincidencia. Ahora mi criterio es que no se puede ser ingenuo y menos desde actos y omisiones patentemente ofensivas de la administración Rosselló-Vázquez Garced”.

El exlegislador del PIP coincidió en la apreciación de que entre los dos partidos de mayoría esta conducta no parece disminuir, sino aumentar, y más aún, se concentra. No es que solo se haga diez veces al año, sino que de repente  hay decenas de nombramientos. De hecho, la presente administración todavía tiene nombramientos pendientes. Entren ellos una vacante al Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual solo requiere la confirmación del Senado. En esa dirección comentó que “Rivera Shatz va a pasar en el corto tiempo de este cuatrienio en ser el presidente del Senado que más jueces y fiscales haya confirmado”.

Una vez se hacen los nombramientos y confirmaciones, en la práctica ya no hay ninguna vía para separar a la persona de su cargo.   En el caso de los miembros de la Judicatura, tanto jueces como fiscales, una vez son confirmadosno hay una causa genérica para un procesamiento que invalide su nombramiento. En ambos casos están sujetos a procesos internos de sus respectivos entes: si es juez, la Administración de Tribunales y el Tribunal Supremo, y si es fiscal, el Departamento de Jusrticia.

La separación de los cargos de los nombramientos a miembros de juntas de gobierno depende de la ley orgánica de cada cuerpo. Aunque la apreciación de García San Inocencio es que por lo general si un gobernador controla algún cuerpo legislativo, basta con que el gobernador sugiera que la persona renuncie, porque si no lo próximo que haría sería echarle una investigación encima. “Para no hablar de otros tipos de investigaciones más fuertes. Eso es terrible porque al final del camin,o la corporación pública no es un ente independiente”.

García San Inocencio no dudó en afirmar que veremos más nombramientos en los próximos tres meses, entre ellos al Tribunal Supremo.

 

 

 

 

 

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