Especial para CLARIDAD
Los efectos del COVID-19 sacudieron las estructuras socioeconómicas a nivel global y las instituciones de educación no fueron una excepción. Hay que considerar los costos y las inversiones de las medidas impartidas de “distanciamiento social” y los contextos de “digitalización forzada” que nos llevaron a crear los cursos en línea y el tele-trabajo. A eso se une la conexión a internet y los equipos que tuvimos que comprar para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad. Lo cierto es que la educación se ha ofrecido, el docente ha trabajado el doble, no como queríamos, pero si cumpliendo el compromiso social que tenemos.
Debemos reconocer la diversidad de métodos que los docentes utilizan para comunicarse con los estudiantes que van desde módulos, cursos en línea, llevar la tarea a la casa de los estudiantes, visitar hogares, en todo el compromiso del docente se ha notado. A eso se une que hay personal que ha tenido que asistir a las escuelas y que los comedores escolares están dando servicios, gracias a la presión social.
Reconocemos que los niños y niñas necesitan la educación presencial, por todos sus beneficios, también es cierto que hay que protegerlos, al igual que al personal y sus familias. Reconocemos que hay un efecto psicológico del confinamiento que impacta la capacidad de aprendizaje de los estudiantes y del docente.
Pero cuando se plantea que hay que abrir las escuelas, en la planificación hay que tener en cuenta de qué partida presupuestaria se ha de sacar el dinero, el tiempo que se va invertir y los recursos financieros y humanos para cubrirlos. A eso se une la forma en que el mantenimiento se va a dar, los recursos humanos y la asignación presupuestaria para evaluar si es beneficioso o no esa apertura. Lo que no descarta que hay que hacer inversiones para el mantenimiento de la infraestructura, limpieza de áreas cerradas contra hongos u otras plagas a las que enfrentarán los empleados y estudiantes ante un retorno. La CDC ofrece una guía completa para planificar el retorno. Comienza señalando que hay que analizar y evaluar cómo proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, los docentes, el personal, las familias y las comunidades.
Por eso la evaluación financiera, de costos y beneficios es un asunto importante.
No debemos olvidar, la brecha digital y el acceso ilimitado a las tecnologías que muchos estudiantes y docentes en diversos municipios tienen, además de la inversión que se ha realizado el DE pagando internet a varias familias, proveyendo equipos y ayuda. Reconocemos que muchos estudiantes viven en ambientes poco favorables para poder adaptarse a los formatos virtuales, considerando las condiciones de su hogar, la disposición de red y el debido acceso a las tecnologías requeridas.
¿Cuál es la forma más segura de reabrir las escuelas, para las clases presenciales y otras actividades, y mantenerlas abiertas? Depende de las escuelas, de los municipios y de la gerencia escolar.
La pregunta que debemos hacer: ¿Estamos preparados y diseñamos estrategias de mitigación que los administradores pueden implementar para ayudar a proteger a los estudiantes, docentes y otro personal y desacelerar la propagación del virus que causa el COVID-19?
Es claro que es un asunto de planificación y de diálogo con la comunidad escolar. El objetivo de discutir los retos y desafíos del retorno presencial y los posibles costos económicos debe ser un proceso transparente y participativo. Donde participe toda la comunidad escolar para tener consciencia de los costos y riesgos que conlleva y que estemos conscientes de las acciones que debemos hacer para protegernos. En adición los administradores deben analizar y discutir en la apertura en colaboración con el Departamento de Salud. De esta manera asegura que se crean estrategias que se puedan modificar y adaptar en función del nivel de transmisión viral según los municipios y en el resto de la comunidad, además de tener un sistema de rastreo en las escuelas.
Si bien las poblaciones de niños no muestran muchos contagios según las estadísticas del Departamento de Salud, también es cierto que han estado protegidos en sus hogares. Así que debemos valorar el riesgo de contagio comunitario que los niños y niñas y empleados escolares puedan llevar a sus familias. Los administradores escolares deben evaluar y planificar según su región geográfica y los contagios, recordando que no todos tienen la misma exposición.
¿Cuánto cuesta ese retorno, tenemos los recursos financieros y recursos humanos para hacer y cumplir todos esos requerimientos? ¿Podemos cumplir con el mantenimiento? Es un asunto serio y de mucho compromiso. Así que el retorno hay que evaluarlo en todos estos contextos, además de todas las acciones que hay que realizar para un retorno seguro, y entender que hay que invertir mucho dinero. Finalmente, Sí, queremos entornos saludables para nuestras escuelas. Piénsalo.
La autora es economista y profesora en la UPR en Arecibo.
