CLARIDAD
Los salarios que paga la Legislatura del Partido Nuevo Progresistas (PNP) a sus carreristas políticos, desde pastoras, esposas, amantes, sobrinos, asesores, expertos en hacer café, choferes, secretarias, amigos todos, es corrupción.
La divulgación de los sueldos de los empleados en el Senado y, posteriormente en la Cámara, ha dejado al descubierto cifras injustificables a la luz de las tareas y las cualificaciones requeridas. Puestos de cuestionable validez y necesidad, hasta disparidad por género, fue el resultado arrojado por un pleito radicado por la licenciada Eva Prados Rodríguez, candidata a representante por el Precinto 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
La economista Martha Quiñones Domínguez, a preguntas de CLARIDADsobre su apreciación de lo revelado, no dudó en denunciar que los gastos en todos esos puestos no son necesarios, sino promesas políticas por el auspicio de campañas. “Eso los hace ser corrupción, pues son favores políticos. Por eso, son ellos los que definen sus necesidades, descripción de las tareas y los sueldos, sin consulta con Recursos Humanos”.
La situación revelada, expuso la economista, provoca una vez más el debate de lo que deben ser gastos necesarios y con objetivos sociales, los cuales deben ser prioridad, versus los gastos políticos que se dan en asesores y en puestos, que no tienen objetivos sociales.
A la luz de lo revelado de cómo se reparte el presupuesto en la Legislatura, entre inversión social e inversionismo político, sentenció que las prioridades están invertidas.
Se supone que los gastos de objetivos sociales se definan en el proceso de planificación del presupuesto. Ahí se identifican las necesidades sociales apremiantes que se presume se les asigna dinero por tener mucho valor social y proveer beneficios para toda la sociedad. Luego, se asignan los objetivos económicos y sus gastos y se define los beneficios que van a proveer.Por último están los gastos políticos, de los cuales se pueden prescindir por no ser necesarios y por su poco valor social. “En Puerto Rico, estas prioridades están invertidas. Y como no se discute con la sociedad el presupuesto y la planificación social y económica del país, los gastos políticos son altos y los sociales bajitos”.
Quiñones Domínguez no dejó pasar por alto que locurioso es que se suponía que la Junta de Control Fiscal (JCF) iba a resolver esos gastos innecesarios y a eliminarlos. Sin embargo, no lo ha hecho y la propia Junta se ha convertido en parte del problema. En su lugar, se ha dedicado a disminuir gastos sociales, como educación, salud y otros, que tendrían mucho beneficio social. En cambio, los gastos políticos no los ha tocado.
Un sistema jerárquico
En entrevista por separado, el exrepresentante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Víctor García San Inocencio describió el marco en que maniobra la Legislatura, permitiéndose en la práctica mantener “un sistema jerárquico feudal”.
Describió que en el Capitolio opera la regla de que los presidentes de los cuerpos “mandan, dictan y determinan todo”, porque se reservan reglamentariamente una discreción absoluta para autorizar contratos y asignar sueldos sin que exista un plan de clasificación y retribución.
El experto en Administración Pública, quien fue por ocho años representante, añadió que esta “regla” o discreción permite, primero, que se violente el principio de igual paga por igual trabajo, principio que es de rango constitucional. Segundo, propicia “enormes arbitrariedades, favoritismos y caprichos. Tercero, favorece el reclutamiento de personas no capacitadas”.
Los presidentes de los cuerpos son los que eligen a los presidentes de las comisiones, quienes a su vez son los que reclutan y administran de forma indiscriminada su presupuesto debido a la ancha discreción que se les delega. Pero al final del camino, la responsabilidad es de los presidentes, que son quienes refrendan esos actos y lo que hagan los presidentes de comisión y legisladores.
García San Inocencio describió este sistema como uno “jerárquico feudal donde los presidentes de los cuerpos ganan las presidencias de los cuerpos en sus caucus a base de billetazos públicos repartiendo presupuestos, presupuestos que hasta el día de hoy son secretos”.
En efecto, aunque ambos cuerpos han dado a conocer parte de sus nóminas, no han divulgado el presupuesto. El exlegislador lo atribuyó a que a los presidentes de los cuerpos no les conviene revelar sus presupuestos para que no se conozca el tratamiento discriminatorio que ejercen incluso entre miembros de su misma delegación.
Las consecuencias de estas prácticas las son terribles. En primer lugar, se crea un clima de desmoralización porque tanto empleados como contratistas, pero en particular los empleados, saben cómo algunos están mal compensados y otros sobrecompensados. Eso desmoraliza el ambiente de trabajo y productividad.
En segundo lugar, esa práctica se presta a un control férreo en donde el empleado puede ser sometido a abusos y si protesta le bajan el sueldo, si no es que lo botan. Por lo tanto, es un sistema que se construye a base del silencio, del miedo a la represalia y de un sistema pavlosianode lealtad a base de compensación.
García San Inocencio también denunció la práctica de los legisladores de contratar a miembros de su unidad familiar en la misma Legislatura, de colocarlos en empleos públicos o en contratos y hasta el intercambio de puestos para sus amantes entre los legisladores.
“Son la enciclopedia mundial de las malas prácticas. Esta ineficiencia administrativa se desata cuando no hay controles, no hay mecanismos de clasificación y retribución y cuando se les confiere tanta discreción tentadora a funcionarios electos”, denunció.
Afirmó que existen modelos mejores que el que tiene la Legislatura, en donde se cumple con el sistema de mérito. “Aquí la primera gran violación a todo es el principio de mérito.
Hay modelos donde las condiciones de trabajo están bien definidas y donde la retribución no depende del capricho de un presidente de un cuerpo o de delegarle el ejercicio del capricho al legislador presidente de una comisión.
García San Inocencio apuntó que parte del problema es que la inmensa mayoría de los empleados en la Asamblea Legislativa son de confianza. Las comisiones legislativas deberían tener empleados permanentes. Aunque dijo entender que un partido de mayoría pueda querer escoger a un director de comisión, por cuestión de que esté a cargo de vigilar y adelantar los proyectos de administración de la política pública, no todos tienen que ser puestos políticos.
Dicha práctica, describió, parece emanar de la alternancia y competencia por el poder; de una visión de servicio al partido, de fijarse a las estructuras gubernamentales para usufructuarlas.
El exlegislador destacó que por la Constitución, la Legislatura tiene su propio régimen y sistema de fiscalización. Desde el 2014 se supone que se hubiese establecido ——regla que aplica a todo el gobierno— un sistema de clasificación y retribución. Eso significa que los reglamentos por los que se rige cada cuerpo legislativo (por ser ramas separadas una de la otra) por derivarse de la Constitución, son reglamentos que tienen fuerza de ley. Cualquier nueva administración de Cámara o Senado puede enmendar sus reglamentos y sus prácticas para que haya controles y se promueva la transparencia y la apertura sin depender de que el Ejecutivo lo firme.
García San Inocencio reconoció que, aun así, esto presenta la dificultad de que cuando una nueva Legislatura lo quiera cambiar podrá hacerlo. Sin embargo, confía en que la vigilancia del público lo impida.
