La Comisión de Etica de la Cámara de Representantes asumió este lunes el auto judicial presentado por la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), licenciada Mariana Nogales Molinelli. La decisión se tomó luego de una reunión de más de una hora del Comité Ejecutivo de la Comisión, que acordó solicitarle a Nogales Molinelli que presente por escrito en qué consiste la solicitud que sometió de manera voluntaria.
Ante la determinación de la Comisión, Nogales Molinelli confirmó a CLARIDAD que prefería esperar a que se dieran los procesos antes de hacer ninguna expresión pública.
El 15 de septiembre, la representante por el MVC dirigió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañés, y presentó la solicitud a la Comisión, luego de ser objeto de ataques difamatorios por parte de portavoces del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que posee propiedades en zona marítimo terrestre (ZMT) y de que participa como oficial de ciertas entidades corporativas.
En conferencia de prensa la semana pasada, Nogales Molinelli, quien se ha distinguido por la defensa de las causas ambientales desde antes de llegar a la Legislatura, se defendió y denunció que no era la primera vez que el PNP recurría a la mentira y la tergiversación para tratar de silenciar o menoscabar la fiscalización que lleva a cabo como parte del compromiso del MVC con la defensa del medio ambiente. Trajo a la atención que hacía varias semanas, el senador del PNP Gregorio Matías la acusó falsamente de haber instado a los manifestantes a causarle daño a los miembros de la uniformada usando un video que se tomó durante las manifestaciones en la Playa Los Almendros en Rincón en un día en que ella ni siquiera estuvo en el lugar.
“Al día de hoy, el senador Matías ni se ha retractado ni ha pedido disculpas por su difamación. En esta ocasión anticipamos que no será distinto”.
La representante por acumulación advirtió que aclarar de una manera seria y en la discusión pública la situación de la que se le atribuía no sería posible debido a la vorágine generada por ciertos analistas y comentaristas de programas de chismes y espectáculos. “Ayer decían que tengo propiedades en la ZMT, lo cual es absolutamente falso; hoy buscarán otra forma de tratar de intimidarme y de seguir desviando la atención sobre las cosas que verdaderamente importan. No me van a intimidar, no van a evitar nuestra fiscalización ni nuestras denuncias. No van a callarme”.
Fue esta atmósfera que le llevó a solicitar al Presidente de la Cámara que refiriera su Informe Financiero a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Subrayó que el informe fue divulgado de manera voluntaria, al igual que el resto de su información financiera, incluida la que se encuentra en el Registro de Corporaciones en el Departamento de Estado.
En la conferencia, Nogales Molinelli explicó que contrario a lo alegado por el liderato del PNP y tomado como cierto por algunos medios de comunicación, las propiedades de las cuales es titular no se encuentran en la ZMT. Igual desmintió que haya recibido algún tipo de remuneración por su participación en varias corporaciones con y sin fines de lucro, de las cuales es o ha sido oficial.
La representante se comprometió a proveer toda la información necesaria para asegurar que lo que ha divulgado en los medios de comunicación a los cuales ha tenido acceso esté debidamente registrado en todos los espacios que sean necesarios, entre ellos la Cámara de Representantes. Esto incluye su participación como oficial en la compañía de bienes raíces que opera su señora madre, en Greater Caribbean for Life, en la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte y en la Brigada Legal Solidaria, organización sin fines de lucro que se dedica a proveer educación, asistencia y defensa legal a quienes ejercen sus derechos constitucionales, en particular el derecho a la libertad de expresión.
“Es evidente que al liderato del PNP no le conviene que se discuta la nube de corrupción que los arropa y cuyo efecto sobre el país sigue siendo mucho más nefasto que el hecho de que una funcionaria pública tenga propiedades inmuebles adquiridas más de 15 años, antes de juramentar a su escaño. Tengan la certeza que no nos callarán”.
