Medidas de austeridad Impacto en la Educación

Por Cándida Cotto /CLARIDAD

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Gran parte de las políticas de austeridad aplicadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico han estado dirigidas contra la educación pública tanto en la Universidad de Puerto Rico (UPR) como en el Departamento de Educación (DE). El cierre de casi el 30% de las escuelas —cerca de 416— que hubo en apenas dos años es uno de los cierres de escuelas más intensos que ha tenido la humanidad.

Así lo denunció el economista José Caraballo Cueto en el foro Ley Promesa y su impacto en la educación, auspiciado por la Comisión Sin Barreras Siglo XXI, en ocasión de celebrarse el Cuarto Congreso Educación Especial Juan Santiago Nieves. Ante un público integrado en su mayoría por madres, padres y profesionales que trabajan y defienden los derechos de niñas y niños con necesidades de educación especial, el director del Centro de Información Censal de la UPR, Recinto de Cayey, comparó que en Estados Unidos con la ley No child left behind que obligaba a cerrar escuelas por supuesto bajo aprovechamiento, en el estado de Michigan se cerraron en cuatro años 200 escuelas, cuando es un estado mucho más grande que Puerto Rico. Agregó que en otras jurisdicciones se cerraron de 30 a 250 escuelas. Siendo Puerto Rico una jurisdicción pequeña, la cantidad de 400 escuelas es una cifra muy significativa.

Trajo a la atención que, antes del huracán María, el Gobierno justificaba los cierres por la baja en la población y por la crisis fiscal, sin embargo, puntualizó que sus recaudos han aumentado después del huracán, aun con los ajustes por inflación.

Caraballo Cueto cuestionó para qué el Gobierno está usando esos recaudos y por qué no se ha reducido la austeridad: “No se están usando para asistir a las familias desplazadas que no atendió FEMA”.

Por el contrario, denunció que el Gobierno Central está usando esos nuevos recaudos, nuevos ingresos, para pagar más deuda. Según indicó, en el Plan Fiscal, certificado antes de María, el Gobierno y la JCF dijeron que en promedio se podía pagar $821 millones de deuda. Sin embargo, tras el paso de María, y la supuesta reconstrucción con los nuevos recaudos lo que ha hecho es duplicar el pago de la deuda.

En el caso del cierre de escuelas criticó que se diga que es lógico que si baja la población hay que cerrar escuelas. Rechazó que ese argumento sea racional, debido a que las escuelas no pagan alquiler y en lo más que se podría ahorrar sería en utilidades y una que otra maestra, con un sueldo de $1,700 al mes, que son menos de $20 mil al año por maestro. Indicó que por el contrario, la supuesta economía por el cierre de escuelas del 2017 al 2020 apenas generó unos $40 millones.

El economista, quien también tiene un hijo de educación especial, expresó que lo que sí puede traer el cierre de escuelas, y ha traído, es unos problemas sociales muy grandes en Puerto Rico. “Me preguntaba desde el inicio cuál es la teoría del cierre de escuelas si hay grupos pequeños; malo sería que tenga grupos grandes”. Al señalar que contrario a las escuelas privadas, en las escuelas públicas hay una diversidad de necesidades, Caraballo Cueto criticó que en el Plan Fiscal de la JCF se diga que lo ideal es tener 25 estudiantes por grupo en la escuela elemental y en la superior 30 por cada maestro. “En ese sentido no es que es ideal, sino que puede ayudar al aprovechamiento académico”. Dijo no entender la forma en que los asesores de la JCF, en particular la firma McKinsing, calcula las cosas y reafirmó que las políticas de la Junta no están ayudando al aprovechamiento académico en el país.

Aun cuando indicó que desde las organizaciones no gubernamentales se puede trabajar a favor de la educación, postula que la responsabilidad que tiene el estado con la educación pública no se puede delegar. En el caso de la educación especial hay que trabajar esto como un derecho, no como un negocio. Trajo por ejemplo que en Puerto Rico casi no hay una desclasificación de los estudiantes que están en educación especial, ya que no hay intervención temprana. Reclama que tiene que haber un comité fiscalizador ciudadano para los servicios de terapias privadas.

A esos efectos, Caraballo Cueto añadió no creer que el síndico que va a establecer el DE para velar por los fondos del programa “esté muy preocupado por la calidad de las terapias que se están dando y si realmente hay actividad”.

En lo que respecta a la situación economía indicó que en el país estamos viviendo una crisis económica sin precedentes y que la reconstrucción no es para todos y todas, sino que son los sectores ligados a la construcción y los bonistas quienes están mejor después de María que antes de María.

Maquiavélica la

Junta de Control Fiscal

El licenciado Rolando Emmanuelli, también exponente en el foro, acentuó de entrada que la situación económica y de desigualdad de pobreza que sufre Puerto Rico responde a su situación política colonial, por lo que la ley Promesa no vino a resolver ningún problema, ni siquiera de la desigualdad de la pobreza, sino que vino a reestructurar el régimen colonial para que el país pueda seguir funcionado para los mercados de capital y los bonistas.

En lugar de procurar que haya un crecimiento económico para atender el problema de la pobreza y que aumente la demanda por el consumo, la JCF lo que ha hecho es exigir que haya cuatro presupuestos balanceados consecutivos y esto lo hace imponiendo políticas de austeridad, aplicando recortes a los servicios esenciales, de los cuales es obvio que la educación, en particular la educación especial, es de los primeros que hay que atender.

Emmanuelli destacó que estas decisiones de la JCF no vienen porque la ley Promesa lo diga, sino que responden a la visión republicana de sus miembros de agudizar más las garras neoliberales sobre la isla e imponer medidas de austeridad para poder extraer el máximo de esos servicios esenciales.

De manera enfática, el experto en la Ley de Quiebra indicó que la ley Promesa dice que hay que definir los servicios esenciales, pero por el contrario, la JCF tiene una mentalidad de austeridad y neoliberalismo y dice que no los va a definir.

Continuó denunciando que la JCF impone esa visión económica de austeridad sin definir los servicios esenciales. Emmanuelli denunció que la JCF escogió de manera maquiavélica no definir los servicios esenciales, aun cuando la ley lo establece, con el propósito de aumentar la capacidad de pago a los bonistas. La no definición de estos servicios es lo que ha estado menoscabando todos los sectores de acción del Gobierno, en particular la educación.

“Es realmente absurdo lo que dice Jaresko, de que es bueno no definir los servicios esenciales, porque entonces los bonistas no van a poder cuestionar el que se haya tomado una determinación. Nada más lejos de la verdad; eso es falso. Miente la señora Jaresko porque la decisión que tome la Junta de qué son los servicios esenciales no es revisable judicialmente. Nadie la puede alterar, así que ningún bonista puede hacerlo. Así que la Junta no solo incumple con la ley Promesa, sino que miente y trata de hacer creer que no definir los servicios esenciales es bueno para el país”, manifestó el licenciado Emmanuelli.

En esa línea, agregó que la JCF ha invertido el orden de atención del problema económico y financiero de Puerto Rico porque el Congreso dispuso que partiera de la premisa de definir lo que son los servicios esenciales para entonces, lo que sobre, se maneje para los acreedores.

Al reiterar que la JCF está ejecutando la ley Promesa al revés recalcó que el país se encuentra en dos dimensiones: uno, el problema político de tener una junta que nadie votó por sus miembros y dos, una junta cuyos miembros responden a unos intereses de capital financiero totalmente desvinculados de Puerto Rico y de las necesidades de las personas, por lo que el proceso está dirigido para beneficiar de manera exclusiva a ese capital financiero.

El representante legal de la UTIER, una de las organizaciones sindicales que ha impugnado la constitucionalidad de la ley Promesa censuró la postura del secretario del DE de querer entregarle a la JCF las finanzas de esa agencia. El secretario Eligio Hernández hizo declaraciones en ese sentido a la JCF durante unas vistas públicas la semana pasada.

Con esta postura, afirma Emmanuelli, el secretario le está entregando la cabeza de servicios esenciales de educación a la Junta.

En cuanto a los cuatro presupuestos balanceados que exige la JCF, desmintió que puedan lograrse, ya que no tiene ningún tipo de medida de crecimiento económico. Señaló que en cuanto los fondos de María se agoten, si es que llegan en su totalidad y con la puntualidad que se han anunciado, la misma JCF ha aceptado que habrá un decrecimiento económico adicional, por lo que habrá déficit para los años 20-30 y, por ende, el espectro real de que PR vuelva a caer en un impago.