Por Manuel de J. González / CLARIDAD
Mientras el vacilón público y el relajo callejero se alimenta de las ocurrencias de las “hermanas Vázquez”- Evelyn y Wanda – el País se enfrenta a un peligro que, aunque esperado desde hace casi cuatro años, nos preocupa seriamente de cara al futuro. Me refiero a los acuerdos que, a nombre de nosotros y como virtuales dueños de la Isla, firmó las Junta de Control Fiscal (JCF) con los acreedores de las llamadas “obligaciones generales”, los bonos garantizados con los recaudos del gobierno puertorriqueño. Las “hermanas Vázquez”, una como senadora y la otra gobernadora, hacen el ridículo y traquetean, mientras la Junta nos impone una onerosa hipoteca que pagaremos por largos años.
El nuevo acuerdo de la Junta nos obliga a pagar los bonos del gobierno central a alrededor de 70 centavos de dólar a quién los adquirió pagando 30 o a lo sumo 40 centavos, asegurándoles que dupliquen su ganancia. En el pacto, que anunciaron como si fuera un gran logro, reconocen la validez de una deuda que antes era ilegal, según expresiones del mismo organismo, y se obliga a los puertorriqueños a separar $1500 millones anualmente para enviarlos al grupo de fondos buitres que controla esas acreencias. De paso, se mantiene el recorte criminal a las pensiones que se ganaron decenas de miles de nuestros viejos como un mecanismo para asegurar el pago.
El elemento más importante de ese acuerdo, que se hace a nombre de nosotros, es el que garantiza la validez de una deuda impugnada, emitida en violación de los lineamientos constitucionales aprobados por los puertorriqueños. Es una norma elemental en derecho que cualquier contrato adoptado en contra de “la ley y el orden público” es, de su faz, nulo. La nulidad implica que el acuerdo nunca cobró vida y que a ninguna de sus disposiciones se le puede reconocer validez. A pesar de que, por determinación de la propia JFC, la deuda puertorriqueña nunca ha sido auditada para identificar esas posibles violaciones de ley en cada emisión de bonos, la propia Junta impugnó en el tribunal de los federales la validez de al menos $8 mil millones de las acreencias. Ahora recoge velas y nos impone el pago de una obligación que hasta el otro día catalogó como nula. Al menos, según los informes de prensa, dos miembros del organismo se opusieron al acuerdo, pero como deliberan en secreto nadie sabe quien fue ni los argumentos que levantó.
La nueva carga que se nos impone se une a la de la “deuda extra constitucional” representada en los llamados bonos COFINA, aprobada previamente y ya ratificada por el tribunal que sesiona en Nueva York, a pesar de la objeción que gritamos la mayoría de los puertorriqueños. Se une, además, al acuerdo negociado para la Autoridad de Energía Eléctrica, pendiente de ratificación en el tribunal de los federales, que significa un aumento de casi 50% en la tarifa por largas décadas.
De ordinario, la legislación que regula las quiebras se cataloga de “protectora” y por eso leemos en la prensa que tal entidad “se acogió a la protección” del Tribunal de Quiebras. De hecho, los tribunales de quiebra surgieron como alternativa al encarcelamiento de deudores, efectivamente protegiéndoles de los acreedores. Tras acoger el pedido de protección se supone que en el proceso se determine la validez de la acreencia reclamada y la capacidad de pago del deudor. El resultado casi siempre es el “descargue” de toda o una parte sustancial de la deuda, permitiendo que el deudor, persona natural o jurídica, se “reorganice” y pueda seguir operando.
Contrario a esa experiencia, el proceso relacionado con la deuda de Puerto Rico ha resultado en una ganancia contundente para los acreedores que adquirieron su acreencia a precios de descuento y ahora, dado que el “descargue” es de sólo 30%, obtienen una ganancia enorme a costa del quebrado. Siempre se denunció que el propósito de la JCF es asegurar el pago de deuda, lo que ahora se corrobora.
Volviendo a las hermanas Vázquez, según una de ellas (Evelyn, la senadora) desde 2017 andan juntas “levantando cadáveres” y ahora volvieron a juntarse para montar un operativo de politiquería con las ayudas a las víctimas de los terremotos. Ese afán politiquero ha llevado a la otra hermana Vázquez (Wanda, la gobernadora de ocasión) a expresar oposición a la nueva negociación de la JCF. Cuando llegó a Fortaleza tras la huida de Rosselló y la debacle judicial de Pierluisi, intentó proyectarse como amiga de la Junta, expresando apoyo al pacto en torno a la deuda de la AEE. Ahora, convertida en precandidata a la gobernación y de cara a la primaria, abjuró de ese respaldo e intentó distanciarse del nuevo acuerdo en torno a los bonos del gobierno central. Esas reservas, sin embargo, se limitan a solicitar una “mejoría” en el tratamiento a los pensionados, algo en que puede ser complacida para que lo anuncie como una victoria.
Aún cuando la Vázquez gobernadora termine apoyando el acuerdo luego de esa posible “victoria”, queda por ver qué hará la Legislatura, cuya actuación es indispensable para implantar lo negociado aprobando legislación habilitadora. No es lógico esperar que previo a una consulta electoral habiliten una negociación que aumenta el costo de la electricidad y promueva recortes a los pensionados, aunque estos últimos sean menores a los anunciados. Debemos esperar entonces que la Junta posponga todo hasta después de las elecciones o que busquen la manera de pasar sobre la Legislatura a través del tribunal. Esto último se ve jurídicamente difícil, pero en una colonia, donde el poder no está en el pueblo, todo es posible.
Mientras se aclara el panorama sigamos entreteniéndonos con las ocurrencias de las hermanas Vázquez, que lo mismo levantan cadáveres que esconden suministros.
