Millones para el Departamento de Educación

CLARIDAD

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Con reservas, suspicacia y vigilantes de que la asignación millonaria de $912 millones al Departamento de Educación (DE) se utilicen de manera responsable y que llegue a las comunidades escolares, así se expresaron grupos magisteriales y un ex secretario entrevistados por CLARIDAD.

El nuevo secretario del Departamento de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, autorizó al DE de Puerto Rico el uso inmediato de los fondos que habían estado congelados desde el 2019, $522 millones y oTros $390 millones asignados bajo el estímulo económico para manejar la pandemia, conocida como la Ley Cares, de estos $340 fueron directamente al DE.

La presidenta de la Federación de Maestros (FMPR) Mercedes Martínez Padilla, a preguntas de CLARIDAD de cual consideraba debería ser el uso de los fondos, indicó que todavía el DE no ha hecho un desglose de las partidas presupuestarias de los fondos liberados. Sin embargo, denunció el que de los $390 millones del Cares Act que fueron aprobados hace ya más de un año, el manejo que hizo el ahora ex secretario Ligio Hernández fue un desastre total. “En las escuelas públicas en su gran mayoría no se cuenta con los equipos necesarios [como] protectores, desinfectante, que son tan necesarios para la limpieza, no se ha contratado conserjes para cumplir con la cantidad necesaria en una escuela. máxime en una pandemia. Hemos propuesto que se nombren maestros adicionales porque parte de los fondos del Cares se habían utilizado para los váuchers de internet para maestros y estudiantes, se habían utilizado para las computadoras pero falta contratar personal adicional para cuando se regresara a las clases en esta modalidad híbrida que ha implementado el DE”.

Con el modelo híbrido mientras la mitad de un grupo está en el plantel la otra mitad permanece en su casa. El grupo que permanece en su casa no tiene maestro que lo atienda. Añadió que cerca del 85 por ciento de los padres de las escuelas que han abierto no están enviando sus hijos a la escuela. La presidenta de la Federación reveló que en una primera reunión el 15 de enero con la secretaria designada, Elba Aponte, le plantearon la necesidad de que se contratara a más maestros y la respuesta fue que no había presupuesto para contratar maestros.

“Entonces que nos digan para qué es ese dinero porque el dinero del Cares Act es para garantizar la educación a distancia, entonces como se va a garantizar la educación a distancia si no hay quien los atienda porque el Departamento ha convocado a los maestros presencial porque está abriendo las escuelas”.

Recordó que por parte de FEMA (siglas en inglés de Administración Federal para el Manejo de Emergencia), en mayo del 2020 aprobó la cantidad de $2.3 billones para los cuales se supone que Ligio Hernández presentara un plan de reparación de escuelas a diciembre del 2020. En las vistas de transición le preguntaron por el plan y dijo que ya estaba listo. No obstante Martínez Padilla, dijo que Aponte no ha podido presentar el plan. Precisó que la asignación fue para 1,109 escuelas, y en la actualidad lo que hay son 847, por lo que considera que las otras 262 escuelas que estaban abiertas antes del huracán María, se podrían reabrir si se entendiera que son necesarias. Primero por la necesidad del distanciamiento físico por la pandemia, para que los niños puedan ir todos los días a la escuela y por otra parte para poder trabajar con los rezagos y dar una enseñanza individualizada.

“Es necesario que se reabran escuelas, pero eso a su vez va a requerir que se nombre personal tanto docente, no docente administrativo, que se haga matrícula y el momento de hacer eso es ahora. ¿Cuándo van a hacer matrícula para las escuelas cerradas si no lo inician ahora, cuando van a preparar las escuelas? Están sumamente atrasados y han sido sumamente mediocres con su respuesta y nos preocupa la utilización de esos fondos, así que es importante que se establezca un grupo fiscalizador del dinero que va a estar usando el DE para tantas necesidades”.

En esa línea expresó que reconocen que el DE ha tenido unas administraciones sumamente corruptas a través de los años que son parte del germen de la corrupción político partidista. “Sin embargo hay gente honrada que puede dirigir las riendas del DE. Nosotros no necesitamos un síndico, necesitamos un departamento despolitizado”.

Por su parte el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor M. Bonilla Sánchez, en declaraciones escritas, aunque dijo recibir con beneplácito la noticia reparó en que: “Es necesario que esta asignación millonaria llegue a los planteles para beneficio de nuestros maestros y todas las comunidades escolares. Ciertamente la necesidad de recursos para el magisterio y los estudiantes es enorme, además de la carencia de planteles escolares seguros”.

Bonilla Sánchez exhortó al gobierno a utilizar de forma responsable este dinero para que esta vez se puedan ver los resultados.

“En esta ocasión el gobierno debe demostrar que genuinamente hay un compromiso con la educación pública. Sabemos que históricamente este dinero termina en las manos y en los bolsillos de los amigos del alma y las escuelas y la educación siguen en estado de emergencia”.

El presidente de la AMPR aseguró que estarán atentos al uso de los fondos y que fiscalizarán que el dinero llegue a las comunidades escolares y cumplan su objetivo de lograr un mejor y seguro sistema público de enseñanza.

Mientras el ex secretario del DE, doctor César Rey Hernández, apuntó que una manera sabia de utilizar el dinero es invertirlo en infraestructura tanto en los planteles como en tecnología. “Una gran parte del dinero que viene es para infraestructura de los planteles, un país que está sometido a temporales, terremotos y pandemia más vale que ese dinero se utilice de manera sabia, prudente ciertamente en los aspectos de infraestructura. Las escuelas son centros comunitarios a la larga, sirven de refugio, deberían servir a la comunidad y muchos de ellos tienen muchos defectos todavía”.

Aun cuando dijo que la situación es una de décadas también criticó el que no haya consistencia en la política pública y que cada secretario que llega quiera hacer cosas distintas, por lo que en 10 y 15 años hay igual número de proyectos diferentes. Su experiencia como secretario en ese aspecto dijo que pudo trabajar en el refuerzo de las llamadas columnas cortas de 300 escuelas. Después de él han pasado nueve secretarios, “creo que ahí es que está el problema”.

Apuntó que de cara a un regreso a tiempo completo que pudiera ser el próximo semestre estos meses serían idóneos para dar inicio a ese proceso. Trajo a la atención que participó de un trabajo llamado Observatorio de Educación, durante el cual el economista José Caraballo Cueto hizo un análisis del cierre de escuelas que reveló que más de la mitad de las escuelas cerradas eran las que estaban preparadas para resistir huracanes y temblores. “Eso sin hablar de que se cerraron escuelas en las que los estudiantes participaban y tenían buen desempeño y dejaron abiertas escuelas que no y mezclaron poblaciones de estudiantes de comunidades que no se llevaban”.

En términos de tecnología se debería hacer un inventario para asegurarse que en todas las escuelas haya banda ancha para que sirva a estudiantes, a los maestros incluyendo adiestramientos y a la comunidad.

A la pregunta de si el dinero se podría usar para un aumento a los maestros, el ex secretario indicó que como el dinero federal no es recurrente entiende que no se podría usar para aumento de sueldo. “Pero que en la medida en que esos fondos liberan fondos estatales entiendo que se puede hacer una inversión para aumentar el salario que es urgente, eso no es una opción optativa creo en la injusticia salarial de los maestros queremos el mejor sistema educativo con la gente peor paga y mejor preparada dicho sea de paso con maestrías y doctorados un por ciento significativo”.

En tanto la presidenta de la sindical Educamos, Migdalia Santiago, no dudó en sentenciar que los fondos no se van a utilizar de una manera responsable. En esa línea indicó que este cinco de abril se presentaría ante el Senado la confirmación de Elba Aponte, de quien dijo “no es una persona capaz de de dirigir el departamento lo que hace pensar es que esos fondos no se van administrar responsablemente”. Al respecto indicó el hecho de que Aponte permitió y nombró al ex comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquin Sánchez, como sub secretario, el cual fue despedido por la ex secretaria Julia Keleher, cuando era el encargado del área de Educación Vocacional, precisamente por diferencias sobre a quiénes les daban los contratos. “Eso habla ya de quienes son la gente que están en el DE”.

La presidenta de Educamos describió que en el DE hay una cultura de corrupción y dio como prueba de que hay gente que dice que el mejor secretario en el DE fue Víctor Fajardo aunque robara, “quien es capaz de justificar esa acción pues ya habla de lo que son sus principios y sus valores. No tengo mucha esperanza”.

En cuanto a la asignación directa de $47 millones a la Oficina del Gobernador supuestamente para educación, dijo tener la impresión de que no se había dado antes. Lo que sí ha habido, indicó, es una persona en destaque del mismo DE de enlace con la Oficina del Gobernador. “Es la persona que te intercepta entre la esquina de la calle Fortaleza y el portón de Fortaleza, esta persona enlace cobraba, pero del departamento; pero una asignación directa y -mucho menos de esa cantidad de dinero- no”. Precisó que con esa cantidad se podría pagar por mucho tiempo los sueldos de los terapistas de Educación Especial.

A la pregunta de si consideraba que la insistencia del gobernador por reabrir las escuelas en marzo respondía a la asignación de estos fondos, Santiago lo atribuyó a las pretensiones políticas ante la próxima fecha de su primer mensaje sobre el estado de situación del país, no obstante trajo a la atención que en su primera orden ejecutiva el gobernador declaró en estado de emergencia las escuelas, lo que dijo es una justificación para gastar dinero.

Al presente solo entre 101 a 115 escuelas han recibido la certificación final o preliminar que dice que están aptas para recibir estudiantes.

 

 

 

 

 

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