Por Josefina Pantoja Oquendo/Especial para CLARIDAD
Trabajar de forma remota desde la casa ha sido un gran reto durante estos más de tres meses a partir de que el Corona Virus invadió nuestras vidas. Una cosa es redactar documentos legales, hacer informes o preparar conferencias en el hogar, porque en muchas ocasiones el tiempo en las oficinas se hace corto. Otra es estar más de siete horas y media frente a la computadora, usando los expedientes digitales, versus el que está en papel con el cual vas directamente al punto. Las vistas y reuniones en línea propician la ansiedad por las interrupciones en el Internet y en el servicio de energía eléctrica. Las amigas y el grupo laboral donde me desempeño conocen mis despistes y tropiezos en el área de la tecnología, por lo que sin nadie al lado a quien consultar, he pasado muchos corajes y frustraciones mientras aprendo. Creo haberlo logrado pues una representación legal de calidad es lo menos que merecen las niñas, niños y jóvenes con diversidad funcional, a quienes sirvo. La otra particularidad que he sentido y me han compartido personas de otros escenarios laborales, es que los patronos parten de la desconfianza respecto a si el tiempo se está utilizando en las gestiones por las cuales se recibe salario o en pajarear, como decía mi abuela. Esta actitud persiste a pesar de los mecanismos existentes para corroborar el desempeño del personal. Ante la situación de pandemia que seguimos sobreviviendo, debería prevalecer el ánimo colaboración y de solidaridad, inclusive en las relaciones de trabajo.
Ha sido precisamente en el desempeño a distancia de las tareas relacionadas con la clientela de Educación Especial y el intercambio de experiencias con compañeras y compañeros que tienen práctica legal en esta área, que me he percatado de las dificultades que han enfrentado este sector estudiantil y sus familias para recibir los servicios educativos y las terapias a las que tienen derecho, establecidas en sus Programas Educativos Individualizados (PEI). Aunque no contamos con estadísticas y las generalidades ofrecidas por el Secretario de Educación son altamente cuestionables, impresiona que los servicios educativos en línea no alcanzaron a un alto número de estudiantes, inclusive de la corriente regular. Entre otras cosas, se debió a falta del equipo o a la capacidad limitada de su servicio de Internet. Difícilmente con un teléfono celular sencillo, si es que lo tienen, pueda manejarse tanta información. En otros casos las personas a cargo de la familia carecen de las destrezas tecnológicas o académicas para apoyar la ejecución de las tareas por el o la estudiante. Además, las condiciones objetivas del hogar, agravadas por el COVID-19 pudieron hacer imposible llevarlas a cabo.
Sin embargo, en el caso de estudiantes con diversidad funcional, que incluye un enorme abanico de condiciones como el espectro de Autismo, Deficiencia Intelectual, Impedimentos Múltiples, Déficit de Atención, Sordera, Problemas Específicos, condiciones de Salud Mental y en muchas ocasiones combinaciones de dos o más de ellas, las dificultades son aún mayores. Cuando se trata de condiciones severas, necesitan supervisión constante para que no pierdan la atención y ejecuten, adaptación de currículos y materiales, así como una gran cantidad de tiempo y paciencia para que dominen destrezas. Aunque hay padres que se involucran en la educación de sus hijas e hijos, la experiencia corrobora el hecho de que mayormente son las madres quienes se encargan de las gestiones relacionadas con su proceso de aprendizaje y las que estuvieron desde el 16 marzo que comenzó el aislamiento hasta la primera semana de junio, cuando finalizó el semestre escolar virtual, recibiendo mensajes, instrucciones, materiales, tareas del personal docente con un término para ser completadas y devueltas para corrección. Las madres, entre las que abundan las que son jefas de familia y abuelas con la custodia de estas niñas, niños y jóvenes, han señalado que les atosigaron mucho material a través de “Whatsapp”, de correos electrónicos, mensajes de texto refiriéndolas a distintas plataformas. En la medida en que trataban de ayudarles, tuvieron dificultad para ejecutar las tareas por su complejidad y cantidad, inclusive para ellas, quienes en no pocas ocasiones hicieron el trabajo para que la chica o el chico “cumpliera”. Es cuestionable el beneficio que esto puede reportarles. Fueron casos excepcionales aquellos en los que las maestras y maestros se conectaron directamente con estudiantes, en grupo o individualmente, para la enseñanza. Probablemente hubo circunstancias en que la falta de equipo o de conocimiento tecnológico lo impidió. Parte del personal docente tiene retos en esa área.
En cuanto a las terapias, servicios relacionados a la educación para que las y los estudiantes con diversidad funcional puedan obtener un mayor beneficio de ésta, la situación fue peor. El número de quienes las recibieron fue menor en comparación con los servicios educativos que se les ofrecieron. Además, comenzaron semanas después de la suspensión presencial de clases. En gran medida porque de forma unilateral el Departamento redujo sustancialmente las tarifas de especialistas que las proveen a través del Remedio Provisional y rechazaron hacerlo en esas condiciones. Por otro lado, los diagnósticos de un número significativo de estudiantes hacen difícil, sino imposible, que se beneficien de terapias si éstas no son directas. El deber ético de profesionales que atienden esta población es reconocer cuando esa es la situación e informar a las familias. Las y los estudiantes del Programa de Educación Especial tienen el derecho a exigir que los servicios educativos y de terapias que no les fueron provistos o que no recibieron beneficio de ellos, a pesar de que la agencia educativa lo intentó a través de distintas estrategias, les sean compensados cuando comiencen las clases de forma presencial.
La fecha del inicio de clases en los salones es aun incierta pues el Secretario de educación todavía está hablando vaguedades. No se trata de abrir las escuelas por presión de nadie, como ha ocurrido con algunas decisiones tomadas por la gobernadora, sino de establecer criterios para hacerlo contando con la opinión y recomendaciones del magisterio y sus gremios, con las comunidades escolares, con personas especializadas en los campos de la educación y la salud, cuyos intereses políticos no estén en juego. Queremos oír del Sr. Eligio Hernández Vélez algo con más sustancia que sus acostumbrados “lindo día”, “sin embargo” y “no obstante”, sin olvidar los “devices”. Decisiones tomadas por este funcionario con relación a la apertura de los comedores escolares y las escuelas Montessori, en detrimento del Pueblo y del estudiantado han recibido el repudio de la gente. A esto se suma su declaración de maestras y maestros como excedentes y la negativa de abrir escuelas que fueron cerradas para, sumados ambos factores, reducir el tamaño de los grupos y hacer posible el distanciamiento físico en las aulas que, de paso, hará más efectiva la enseñanza.
La reapertura escolar de forma presencial para el año 2020-2021, tiene que tener como alta prioridad el sector más vulnerable de la población estudiantil, que recibe servicios en el Programa de Educación Especial. Si fuera necesario comenzar en línea, no pueden hacerlo con estrategias, métodos y materiales generalizados, como si se tratara de la misma receta para todas y todos. Su derecho, aun en tiempos del COVID-19, es recibir una enseñanza individualizada, apropiada a sus necesidades.
