Mirada al País: Activados en la defensa del cooperativismo

MIRADA COOPERATIVISTA

Especial para CLARIDAD

 En octubre los cooperativistas celebran su mes y realizan actividades diversas educativas y de promoción en las cuales destacan las virtudes y fortalezas del modelo. Este octubre tiene un matiz distinto. Además de educar y promover el modelo cooperativo los cooperativistas están inmersos en procesos dirigidos a protegerlo y defenderlo. Por eso no fue sorpresa para muchos verlos en la más reciente protesta contra la Junta de Supervisión Fiscal. Días antes se había aprobado, por unanimidad, una resolución a esos efectos en un concurrido Congreso Ordinario de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.

Fue en octubre de 2016 que el Movimiento Cooperativo advino en conocimiento de que la Junta de Supervisión Fiscal había incluido a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) en el Plan Fiscal del gobierno. Es importante destacar que esa es una corporación pública en la cual el gobierno no pone un centavo. Toda su estructura financiera es sostenida por las cooperativas de ahorro y crédito que pagan anualmente cantidades sustanciales por concepto del seguro de acciones y depósitos de los socios. En el primer Plan Fiscal impuesto por la JSF esta alegó que se incluía a las cooperativas por el riesgo financiero que corría COSSEC a causa de las inversiones del sistema en bonos del gobierno de Puerto Rico. Lo que no dicen es que, en el 2009, bajo la administración de Luis Fortuño Burset, se estimuló a las cooperativas a adquirir estos instrumentos financieros. Fue el mismísimo entonces Director Ejecutivo de COSSEC, el CPA José González Torres, quien emitió una comunicación a esos efectos (Carta Circular 09-03 del 22 de junio del 2009).

Es importante destacar que tan pronto hubo visos de incumplimiento del pago de dichos bonos ante la degradación y la incapacidad gubernamental, el sistema cooperativo hizo su trabajo de tomar medidas preventivas para salvaguardar el patrimonio de más de un millón de socios. No era para menos, pues el cooperativismo es un ecosistema cuya fortaleza radica en unos valores y principios que siempre han prevalecido sobre cualquier otro interés.

En las asambleas de socios donde se dilucidó este asunto se divulgó toda la información pertinente y se hizo hincapié en la persistencia de prácticas de sana administración para confrontar con eficacia y valentía este desafío. Fueron muchas las acciones tomadas. Entre ellas, la reducción de gastos operacionales, la adopción de nuevas reservas voluntarias, la no distribución de dividendos a socios, la renegociación de instrumentos tóxicos, todo esto en procesos de información y rendición de cuentas a sus socios- dueños. En un acto extraordinario de defensa el movimiento trabajó y propició que la legislatura le autorizara un mecanismo contable especial que les permite amortizar las pérdidas generadas por estas inversiones especiales. La ley que fue aprobada autoriza un proceso a través de un sistema de contabilidad estatutario especial con vigencia a 15 años. Es así como se tiene al momento hasta el 2030 para ese proceso.

Lo curioso del primer Plan Fiscal (agosto 2017) y del plan vigente (2021) es que, aunque reconocen las fortalezas del sistema financiero cooperativo y los retos que enfrenta las medidas propuestas lejos de fortalecerlo pudieran tener efectos contraproducentes. Proponen entre otros remedios:

  • Cambiar la gobernanza de COSSEC y colocar en su Junta de Directores representantes del gobierno dejando fuera la representación del sector cooperativo.
  • Sancionar a las cooperativas por las pérdidas de los bonos del gobierno, pero hacen silencio sobre la responsabilidad gubernamental en el proceso.
  • Alterar o enmendar la contabilidad estatutaria especial, un logro extraordinario que está vigente y que ha resuelto en muchas cooperativas la amortización de las pérdidas por concepto de los bonos.
  • Intensificar los procesos de intervención, resolución y consolidación de cooperativas
  • Abrir la puerta para la venta de activos a entes no cooperativos.
  • Establecer un requisito de capital de 6% del total de activos de nuevo sin asumir responsabilidad alguna sobre la insuficiencia causada por los bonos).

En agosto de 2017, para que se cumpliera esta agenda, se presentaron ante la legislatura los proyectos de administración P de S 639 y P de la C 1209. Estos no fueron considerados en especial por petición y trabajo del liderato cooperativista. Luego en el 2020 volvieron a certificar otro plan muy similar. El cambio principal fue cambiar el calendario de acción legislativa. En el primero plantearon la necesidad de actuar para enero del 2021. En el vigente cambian las fechas de cumplimiento a enero del 2022.

Lo cierto es que el sistema financiero cooperativo ha sido responsable y ha trabajado consecuentemente en el manejo del impacto del impago de los bonos del gobierno. Han demostrado su capacidad de resiliencia sin dejar jamás de ser instrumento de inclusión financiera para los nuestros y estar al lado de ellos en momentos de incertidumbre causada por huracanes, terremotos y pandemia. No se puede pasar por alto la situación económica difícil del país. En medio de esta las cooperativas valoran la confianza del pueblo y todos los días están presente en la búsqueda de soluciones a sus necesidades apremiantes de los nuestros. En el Plan Fiscal vigente la JSF contiene premisas que justifican que es hora ya de excluir a este sector de esos procesos. Reconocen cuanto han avanzado en recuperación económica y crecimiento. El sistema ha crecido en activos, depósitos, prestamos, socios y presenta índices adecuados de morosidad. Ha minimizado riesgos al reducir las inversiones cruzadas dentro del sistema y han mejorado sustancialmente la situación creada por el impago del gobierno de los bonos.

Por otro lado, el Plan Fiscal reconoce y destaca la necesidad de capitalización de COSSEC para manejar los retos del sistema. También plantea una exigencia al gobierno presentar un plan que muestre cómo garantizaría una financiación que proporcione los recursos necesarios a COSSEC para atender a las cooperativas. En estos aspectos fundamentamos la necesidad de que el gobierno asuma responsabilidad y autorice instrumentos de capitalización al sistema financiero. En estos días fuimos testigos de cómo la JSF autorizó facilitar $750 millones de los dineros de los contribuyentes de Puerto Rico a la privatizadora extranjera LUMA. Llegaron el otro día y ya abrieron la cartera para cederles fondos públicos. Las cooperativas de ahorro y crédito, según datos recientes, sobrepasan 9 décadas de servicios consecuentes a nuestro pueblo. Durante ese periodo el sistema ha asumido las altas y las bajas sin necesidad de ningún tipo de recate gubernamental. Pero esto ya se cae de la mata y es momento de exigir responsabilidad. El gobierno tiene que asumir su parte en este proceso contribuyendo a subsanar la crisis creada por ellos por el impago. La JSF tiene que entenderlo así.

No es con la imposición de unas medidas que lejos de fortalecernos amenazan al sistema. Es una intervención innecesaria que propone cambios que trastocan significativamente el marco legal de las cooperativas, la política pública y las garantías de protección al sistema. Debe quedar claro que la presencia de los cooperativistas en estos procesos se va a dar y crecerá porque los han colocado bajo un plan que es contradictorio en sus procesos, no aporta propuestas de capitalización y ni al desarrollo del sector financiero cooperativo.

La autora es líder cooperativista

Comentarios a: mildredkairo@gmail.com

 

Artículo anteriorPuerto Rico vive una crisis energética
Artículo siguienteCon cerca del 50% de la población vacunada, Cuba inicia su reapertura gradual