Mirada al País Corporaciones Públicas: Lo que va de ayer a hoy

Por Francisco A. Catalá Oliveras/Especial para CLARIDAD

Algunos, para borrar el pasado o eludir cualquier vestigio de responsabilidad, se refugian en el viejo refrán que dice “agua pasada no mueve molino”. Otros, más conscientes del peso de las decisiones del pasado en la formación del presente, se remiten constantemente a la historia para intentar no repetir los mismos errores.

Decía un viejo profesor que uno de los muchos beneficios del estudio de la historia es “el ahorro de un montón de originalidad”. La validez de esta observación se ha estado haciendo patente en la discusión en torno a la precariedad financiera y operacional de las corporaciones públicas y de todo el aparato gubernamental. 

Las corporaciones públicas “comerciales”—las que obtienen sus ingresos de la venta de servicios— que se crean durante el primer quinquenio de la década de 1940 contaban con cierta autonomía operacional montada en cuatro principios básicos que, con mayor o menor suerte, se intentaron poner en práctica en sus inicios: 1) no adscribirlas a departamentos o agencias, 2) nombramiento de sus juntas por grupos sectoriales y no por el gobernador, 3) nombramiento de los administradores por dichas juntas, 4) tarifas“ efectivas” o suficientes para generar excedentes y contribuir al fisco.

Así se inició la “universalización” de los servicios públicos del aparato corporativo del gobierno —en el que sobresalieron la Autoridad de Fuentes Fluviales, ahora Autoridad de Energía Eléctrica, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados— que proveyó la infraestructura necesaria para sostener los procesos de industrialización y urbanización en el país. Pero el andamiaje institucional que se comenzó a montar en los primeros años de la década de 1940 nunca logró emplearse a fondo. Ya para el año 1950, con la reforma gubernamental que entonces se realizara, se articuló una línea directa de mando del gobernador sobre las corporaciones públicas.

La autonomía operacional fue desplazada por la politización. Con el bipartidismo que se instaura a partir de 1968 los talleres públicos se convierten en campos de batalla de rojos y azules. El sistema de mérito cede ante el criterio partidista, con el consecuente deterioro del servicio público.

Por otro lado, en 1947 comienza la promoción de inversión directa externa a base de exenciones tributarias. Desde el principio se advirtieron sus puntos flacos:  debilitamiento de la capacidad de forjar una clase empresarial nacional y una base productiva diversa y estable, formación de un enclave manufacturero orientado a repatriar ganancias e incapaz de generar suficientes empleos y aumento del gasto público sin el correspondiente fortalecimiento de los ingresos tributarios, entre otros. Se acompañó del desmantelamiento agrícola. Los planes para transitar de la agricultura tradicional a la producción de alimentos se abandonaron.

El gobierno central, ante su debilidad tributaria, recurrió, aparte del endeudamiento, a las corporaciones públicas tanto para otorgar subsidios como para acceder a fondos, con el consecuente menoscabo de las mismas. Esta, valga subrayarlo, es una vieja práctica.

En fin, el largo historial de la perniciosa politización y de la torcida política fiscal ha empujado al gobierno y a sus corporaciones públicas a la presente crisis financiera y operacional. Quizás la institucionalidad que una vez cobijó a las corporaciones públicas sea un buen punto de referencia para su necesaria reorganización. Pero, desafortunadamente, ya es otro el camino que se anticipa en todas las políticas gubernamentales. Solo se piensa en la privatización y en las viejas salidas de la dependencia y la emigración, ahora en el marco provisto por los enrevesados procesos de reestructuración de las deudas. Y, no faltaba más, todo bien condimentado con una generosa ración de politiquería.

El desbarajuste económico y fiscal ha precedido a los huracanes Irma y María y a los sismos del suroeste. Ahora, ante el impacto de estos fenómenos naturales, se requieren acciones de corto plazo para el inicio inmediato de la recuperación. No se debe olvidar que la naturaleza se ha ocupado de sacar a flote lo que por muchos años se intentara ocultar o disimular, particularmente la pobreza, la obsolescencia infraestructural y los desatinos políticos de acá y de allá.

Además, las viejas salidas o válvulas de escape – dependencia, emigración y endeudamiento – se han estado revelando como fraguas de problemas que, a manera de cruel dialéctica, acentúan la crisis. Un gobierno incapaz, un empresariado débil y una clase obrera diezmada no son una buena combinación para la acción de corto plazo que requiere la emergencia ni para la gestión con perspectiva de largo plazo que garantiza la continuidad de una sociedad.

 En realidad, cada día que pasa se hace más patente el imperativo de alterar todo el andamiaje institucional del país para que pueda superar la subordinación, la indefensión, la ineptitud, la corrupción e irresponsabilidad a las que parece haberse acostumbrado. También es evidente la falta de voluntad política para hacerlo.