Por Denis Márquez Lebrón/Especial para CLARIDAD
Durante los meses de abril y mayo, en medio de una de las crisis de salud más grandes que hayamos enfrentado, el país fue testigo del nivel de podredumbre existente en algunas esferas del Gobierno. La celebración de vistas públicas para investigar el proceso de compras de pruebas Covid-19, puso de manifiesto, una vez más, al clientelismo político como el germen de la corrupción gubernamental que hemos atestiguado y denunciado tanto en gobiernos rojos, como azules.
En estas vistas se develó un esquema fraudulento mediante el cual, en los momentos de mayor necesidad en el país, un grupo de personas cuyo único vínculo es su afiliación al partido de gobierno, intentaron timar al Pueblo de Puerto Rico por 38 millones de dólares.
El principal artífice del esquema millonario lo fue el Lcdo. Juan Maldonado. Activista y candidato a legislador municipal PNP en Caguas, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y emparentado con la Comisionada Residente Jennifer González, que se da a la tarea de identificar personas y compañías de productos de salud, como ventiladores y pruebas para detectar el virus. Maldonado, contacta a su amigo Robert Rodríguez, donante del PNP y dueño compañía APEX, la cual brindaba servicios de construcción y restauración de hospitales al Departamento de Salud (DS).
Junto al Sr. Rodríguez, Maldonado hace contactos para importar pruebas rápidas del Covid-19. Necesitando un contacto para revender las pruebas que alegadamente consiguió, el Lcdo. Maldonado contacta al Sr. Tito Laureano, ex asesor legislativo, donante y activista del PNP, contratista del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el área de Rectoría del recinto, con acceso directo al Dr. Segundo Rodríguez, Rector de Ciencias Médicas y encargado del “Task Force” Médico, nombrado por la gobernadora para “asesorar” al gobierno sobre todo lo relativo a la pandemia.
Una vez se conectan el Lcdo. Maldonado y el Dr. Rodríguez, entran a la ecuación los funcionarios de Salud que facilitarían los procesos de compras. En primer lugar, la Sra. Adil Rosa, Secretaria Auxiliar de Administración del DS, al igual que los personajes anteriores, activista del PNP. La Sra. Rosa, le encargó todos los trámites relacionados a la compra de las pruebas que ofrecía el Lcdo. Maldonado a la Sra. Mariel Rivera, activista PNP y ex empleada de la Comisión Estatal de Elecciones bajo Norma Burgos.
La Sra. Rivera, encargada de tramitar la orden de 38 millones de dólares reconoció en las vistas públicas que contaba con tres meses de experiencia en Salud, nunca había trabajado una orden de compras y no conocía en su totalidad los procedimientos de compra del Departamento. La falta de conocimiento de la Sra. Rivera en todo lo concerniente a compras, no fue disuasivo para la Sra. Rosa, quien reconoció que había referido y promovido a Mariel Rivera para que fuera contratada en Salud porque era su amiga y correligionaria PNP.
Como si todo lo anterior no fuer suficiente, la Sra. Rosa llegó al DS de la mano de la Sra. Mabel Cabeza, activista PNP, vinculada a Elías Sánchez y la campaña de Ricardo Rosselló, “chief of staff” del ex Secretario de Salud, Rafael Rodríguez y posteriormente nombrada por La Fortaleza como el enlace entre el DS y el “Task Force” Médico.
El factor común de todos y cada uno de los protagonistas de este esquema es obvio, activistas del partido de gobierno, cuyas acciones convirtieron en una burda caricatura, a lo que debe ser la agencia de gobierno constitucional responsable de la Salud del País.
Durante las vistas, los testimonios de estas personas se convirtieron en una verdadera enredadera, echándose la culpa los unos a otros. Nadie sabía quien era encargado de tomar que decisión, todos aprobaron la transacción confiando que el eslabón anterior de la cadena había pasado juicio sobre la efectividad y validez de las pruebas a ser adquiridas. Algunos llegaron al extremo de alegar que su “liderato” y su forma de trabajar, había sido confundido con la facultad real de aprobar dicha transacción.
Es alarmante y ofensivo, cómo en medio de una emergencia los criterios para seleccionar el personal que estaría a cargo de las decisiones más importantes y que tendrían un efecto sobre toda la ciudadanía durante un suceso que no vivíamos hace más de un siglo, una pandemia, eran criterios que solo contemplaron su cercanía o lealtad al partido de gobierno.
Cuando recorremos ese corto camino entre el partido de gobierno y el proceso de compras, pasamos por varias etapas. La primera, de cómo fue que las personas con capacidad para tomar decisiones fueron escogidas por su nivel de cercanía con la maquinaria partidista, expresado por sus propios testimonios y lo que es más alarmante, que en La Fortaleza se tenía conocimiento de todos estos movimientos y decisiones. Luego del escogido de las personas, vimos cómo operaban, a espaldas de las personas con la capacidad legal de tomar decisiones y las que judicialmente pudieran cargar con la responsabilidad de una decisión mal tomada.
Todo lo anterior se complementa con la irresponsabilidad y desidia de otros funcionarios públicos; como la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quien no sabía -hasta que la confronté en las vistas- que era la responsable de velar por el ejercicio responsable de las compras o contrataciones por parte de las agencias durante la declaración de emergencia y el ex Director de la Autoridad de Servicios Generales quien incumplió con la Ley habilitadora de su agencia al no aprobar el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas y sustituirlo por una Carta Circular, a más de seis meses de vencido el término para aprobar el mismo.
Al final, más allá de la negligencia crasa e incumplimiento -con los que algunos han querido describir el proceso de compra de las pruebas Covid-19- para nosotros quedó meridianamente claro que se trató de todo un esquema fraudulento, una conspiración que dejó en evidencia, además, el colapso del sistema de salud privado y la necesidad de transformarlo.
Por ello es importante, convertir nuestro sistema a un Plan de Salud Universal, que elimine el intermediario que solo busca el beneficio y lucro propio; reconocer que la Salud del Pueblo de Puerto Rico es un derecho humano de todas las personas que habitan nuestra isla; y eliminar el clientelismo político que corrompe los cimientos de nuestro gobierno en todos los niveles, para comenzar a construir una Nueva Patria.
El autor es representante por el Partido Independentista Puertorriqueño ante la legislatura.
