Especial para CLARIDAD
Durante los pasados días le dediqué muchas horas a la lectura y análisis del más reciente Plan Fiscal que adoptó el 23 de abril de 2021 la Junta de Control Fiscal (JCF). Admito que este ejercicio de análisis es casi un acto de masoquismo intelectual y emocional. Comenzando con el título, “2021 Fiscal Plan for Puerto Rico-Restoring Growth and Prosperity”, este documento proyecta la insensibilidad y, hasta cierto punto, la perversidad que implica la Ley PROMESA para el bienestar de todo nuestro Pueblo. Mirado de forma agregada, el Plan Fiscal, PROMESA y la Junta de Control Fiscal representan la voracidad de la ideología neoliberal que se ha entronizado en nuestro País durante los últimos 30 años. Estas entidades acosan a Puerto Rico como carroñeros, como entes que se ceban de las desgracias del País. Acometen, de forma agresiva contra toda la estructura y funcionamiento del aparato gubernamental con implicaciones profundas sobre el bienestar de la sociedad puertorriqueña. Nos visualizan y se refieren a nosotros, los nacionales, como “residentes en Puerto Rico”, es decir, como si fuéramos un grupo humano que pernocta en un espacio geográfico con el que no tiene nexos emocionales, culturales, sociológicos y patrióticos. En este Plan Fiscal la JCF estrangula a la UPR, reduce las pensiones de decenas de miles de jubilados, formalizan la privatización del servicio eléctrico sentenciando, de paso, la eventual desaparición de la Autoridad de Energía Eléctrica, desmontan la estructura institucional del ejercicio de la planificación a nivel central y a nivel municipal alterando, unilateralmente, las normativas de planificación, los reglamentos, el Plan de Usos de Terreno, entre otras instancias. La JCF mantiene secuestrado el presupuesto del gobierno del País y así mismo mantiene secuestrado las funciones ejecutivas y legislativas del mismo. Han asumido, literalmente, toda la función normativa del Gobierno de Puerto Rico de forma unilateral, gestión que sólo será beneficiosa para a los bonistas acreedores de Wall Street.
La justificación o razón de ser de la ley PROMESA está centrada en la incapacidad fiscal del gobierno de Puerto Rico para atender la inmensa deuda contraída con inversionistas extranjeros que se han lucrado de la actividad económica del País durante muchas décadas. La bancarrota fiscal del gobierno de Puerto Rico, en la práctica, es la bancarrota de la estructura y el funcionamiento del sistema económico instalado y operado por el poder imperial de los EE.UU. y de las compañías multinacionales que han operado en Puerto Rico. Una parte sustancial de la deuda a los bonistas se relaciona con la emisión de bonos que fueron invertidos en las corporaciones públicas responsables de la instalación y operación de la infraestructura vital eléctrica, de agua potable y alcantarillado sanitario, de carreteras y medios de transportación, de puertos y aeropuertos y de telecomunicaciones, para mencionar las más relevantes. Toda esa infraestructura construida durante los pasados 70 años, especialmente la eléctrica, resultaba indispensable para viabilizar la explotación de las actividades industriales, como las petroquímicas, las químicas, las farmacéuticas, las electrónicas, las atuneras, entre otras. De esa infraestructura las de mayor importancia estratégica era la producción de energía eléctrica, la de agua potable y la red vial de autopistas, expresos y carreteras. Sin esa infraestructura esa actividad económica, relacionada a la actividad industrial de las empresas multinacionales no hubiera sido posible. Estoy seguro de que la ganancia acumulada durante décadas de esas multinacionales representaría, a dólares corrientes, cerca de $1 trillón.
La infraestructura vital, también resultaba crítica para la operación y funcionamiento de las instalaciones militares norteamericanas en Puerto Rico. Por ejemplo, la producción de la Autoridad de Energía Eléctrica era crítica para viabilizar la operación y el funcionamiento de la basa naval de Roosevelt Roads en Ceiba-Vieques, de la base aérea Ramey en Aguadilla, de las instalaciones del ejército en Buchannan, Campamento Santiago en Salinas y Fort Allen en Juana Díaz. También para las decenas de instalaciones de antenas y radares en Isabela, Sabana Seca, Aguada, Cerro Las Mesas en Mayagüez, el Radar Relocalizable Sobre el Horizonte en Vieques, el Aerostato en Lajas y muchas otras dispersas en el territorio nacional. Hay que recordar que la justificación primaria para la imposición colonial de Puerto Rico era (y quizá aún lo es) su importancia estratégica militar para asegurar la operación del movimiento mercantil del Canal de Panamá y la posibilidad de una respuesta ofensiva del poder nuclear en tiempos de la Guerra Fría. El Departamento de Defensa de los EE.UU. constituía el octavo “cliente” de mayor consumo de energía producida por la AEE el año fiscal 1977-78. El aparato militar, como cliente, sólo era superado por las grandes instalaciones petroquímicas como Union Carbide, PPG, Air Products, CORCO, Phillip P.R. Core y Hercor Chemicals. Nótese que todas estas instalaciones industriales estaban relacionadas con los complejos petroquímicos para los cuales el Pueblo de Puerto Rico se comprometió construyendo los complejos termoeléctricos de Costa Sur y de Aguirre, así como ampliaciones de la capacidad de producción termoeléctrica en Palo Seco y San Juan.
El balance de todo este sistema de explotación económica y la secuela de contaminación y de degradación ambiental relacionados gravitan, junto a la deuda pública, en forma de un ‘lastre’ para la recuperación y desarrollo de Puerto Rico. PROMESA y la JCF nos penalizan, a los “residentes” en Puerto Rico por una deuda significativa asumida para hacer viable la explotación económica y la ventaja geo-militar norteamericana que ha prevalecido por tantos años en este Puerto Rico colonial. El Plan Fiscal ignora también todo este contexto. De hecho, pretende ignorar la realidad colonial que valida su presencia en Puerto Rico. El Plan Fiscal ignora u olvida la crisis ambiental que supone el calentamiento del Planeta y el cambio en el clima. Ignora la inequidad e injusticia social que implica el sistema capitalista neoliberal que representan en Puerto Rico. Somos una Nación explotada, materialmente pobre y empobrecida endémicamente por un sistema que favorece la acumulación de riqueza en manos de unos pocos mientras socializa las carencias de todo tipo en una masa creciente de gente desposeída. Pierde de vista, además, la realidad demográfica del componente de “viejos” que constituimos más de una cuarta parte de toda la población del País. Pretenden que la mayoría de Pueblo compuesta por gente pobre, ‘vieja’, con una alta incidencia de enfermedades mentales y emocionales, y enfermedades orgánicas y orgánicas catastróficas (cáncer, Alzheimer, condiciones cardiovasculares, renales), asuma la deuda fiscal comprometiendo el acceso a los servicios esenciales que propicien para una convivencia digna. Pretenden que este País, económicamente explotado, vulnerable y vulnerado, no tenga futuro. Se comportan y nos tratan como aves rapaces.
No hay duda de que tenemos grandes problemas y grandes retos en el Puerto Rico del presente. Enfrentar estos retos requiere el desarrollo de una conciencia de nosotros mismos distinta a la que visualiza y articula la JCF como un grupo de “residentes en Puerto Rico”. Esta conciencia de nosotros mismos como individuos y como Pueblo es indispensable para exigir un cambio radical en la forma y la manera que nos constituimos como Nación civilizada. Si no nos sensibilizamos y ampliamos nuestra conciencia colectiva sobre lo que somos y lo que queremos ser, terminaremos como víctimas de un capitalismo neoliberal depredador, que sostiene nuestra estructura colonial. Tenemos todos que asumir la responsabilidad moral y política con las generaciones futuras para asegurarles la posibilidad de una vida plena. Esta visión no se logrará si no nos sacudimos del yugo colonial y de la imposición de la JCF. Sólo así tendremos futuro como Pueblo.
