Especial para CLARIDAD
Ahora que la despedida de Natalie Jaresko tiene fecha, es buen momento para pasar revista sobre su desempeño en esta maltratada tierra. Hay que decir que, juzgada a partir de sus objetivos, su gestión ha sido un éxito. Recordemos que, a diferencia de las ilusiones de algunos, la Junta de Control Fiscal no vino a “enderezar” o “limpiar” el gobierno ni a eliminar la corrupción ni a poner a Puerto Rico en el camino de la recuperación social y económica. Vino a reestructurar la deuda de Puerto Rico en términos tan favorables a los bonistas como se pudiera. Y Jaresko puede decir con orgullo que ha servido bien a los bonistas, aunque algunos de ellos (su voracidad no tiene límite) todavía se quejen.
Recordemos que el único estudio de sostenibilidad de la deuda, realizado por tres economistas encabezados por Joseph E. Stiglitz, determinó que para que el gobierno Puerto Rico pudiera cumplir con el deber de proveer servicios esenciales y recuperar el crecimiento económico, su deuda de $72 mil millones debía reducirse en 80% a cerca de $14.4 mil millones. Los pagos anuales no debían ser más de $600 millones. Este estimado se realizó antes del impacto del huracán María, de los terremotos del sur y de la pandemia del COVID-19. ¿Qué se debió hacer entonces? Se debió auditar la deuda y anulado la parte ilegal, inconstitucional o corrupta. Lo que quedara se hubiese tenido que renegociar hasta que se redujera a un nivel sostenible. Pero esto no fue lo que se hizo: la Junta y su directora ejecutiva vinieron precisamente a evitar que eso o algo de eso se hiciera.
Primero vino la renegociación de la deuda de COFINA. En ese caso, la Junta y Jaresko negociaron una reducción de la deuda de $17.6 mil millones a $12 mil millones, es decir, una reducción de 32%. Incluso algunos de los diseñadores de PROMESA, como Antonio Weiss criticaron el acuerdo como inadecuado. Los $12 mil millones ya casi cubrían los $14 mil millones que Stiglitz y sus colaboradores consideraban como el máximo que Puerto Rico podía pagar.
Al acuerdo de COFINA en 2019 se sumó, en 2021, el acuerdo de ajuste de los $35 mil millones de deuda de obligaciones generales. En este caso, la deuda se reduce a $17.9 mil millones ($7 mil millones de pago inmediato, $7 mil millones de nuevos bonos y $3 mil millones de valor contingente), o una reducción de 49%, que de nuevo no se acerca ni de lejos al 80% sugerido por el estudio de Stiglitz. La suma de la deuda de COFINA y obligaciones generales se reduce en menos de 45%.
Pero hay más tesoros en el legado de Jaresko. La Junta también ha renegociado un acuerdo de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (el llamado Restructuring Support Agreement o RSA). En este caso se pretende pagar más del 70% de la deuda de $9 mil millones. Es bueno recordar que esta es deuda no garantizada, que no tiene una fuente designada de repago y que legalmente la AEE puede no pagar, hasta tanto haya cumplido con sus gastos operacionales y otras obligaciones (como las aportaciones a los planes de pensiones). Ahora, además de pagarse más de 70 % de la deuda, se comprometería parte del cobro de la electricidad al pago de la deuda (una cantidad que aumentaría escalonadamente desde 2.5 a 4.5 centavos por kilovatio/hora). Es decir, deuda no garantizada se convertiría en deuda garantizada. Para pagarla la AEE tendría o que aumentar la cuenta de la luz o que ver reducidos sus ingresos y su capacidad de proveer los servicios que el país necesita. Para colmo también se incluye un pago que harán quienes generan su propia energía renovable, el llamado impuesto al sol. Es decir, la deuda se reduce de manera insuficiente, se convierte deuda no garantizada en deuda garantizada, se paga a costa de aumentos en el costo de la electricidad y de más obstáculos a la transición a la energía renovable. Es un atraco por dondequiera que se le mire. Los cerca de $61 mil millones de deuda de COFINA, obligaciones generales y AEE se reducirían en cerca de 40% o alrededor de $36 mil millones, más del doble de lo que el estudio de Stiglitz y sus colegas consideraba sostenible.
No es raro que las proyecciones de la misma Junta estimen que el gobierno puede caer en un nuevo impago para el 2036. Los defensores del acuerdo han dicho que Puerto Rico tiene el deber y la oportunidad de hacer los ajustes necesarios para evitarlo. Con esto ya anuncian las nuevas medidas de austeridad que se tratarán de imponer. Y ya vemos el chantaje a que nos van a someter: tenemos que aceptar más recortes de presupuesto, si no queremos caer en un nuevo impago, tenemos que aceptar más sacrificios, si no queremos que Jaresko o la Junta vuelvan. El cuco de un nuevo impago será la amenaza que se usará para tratar de doblegarnos. La misma prensa y caravana de analistas que defendieron el plan de ajuste de la deuda serán los ideólogos de ese chantaje. No podemos permitirlo. Nuestra consigna en esta nueva etapa sigue siendo la misma: el pueblo antes que la deuda y si el precio de defender al pueblo es un nuevo impago ¡que venga el impago! Ya hemos indicado que ese acuerdo es insostenible y no será el pueblo quien pague por la irresponsabilidad de la Junta.
En lo inmediato debemos movilizarnos contra el acuerdo de ajuste de la deuda de la AEE. Debemos exigir que la legislatura lo rechace. De igual forma, debemos hacer lo posible por evitar la aprobación del pago acelerado a los bonistas (Proyecto de la Cámara 208), batalla que probablemente estaremos dando en la legislatura en las horas previas a la publicación de este artículo. Por otro lado, debemos apoyar el proyecto de la Cámara 1136 que enmienda la ley 53. que dio paso al plan de ajuste de la deuda de obligaciones generales. El proyecto 1136 prohíbe la emisión de nuevos bonos para el pago de $6 mil millones de deuda que la misma Junta de Control impugnó en los tribunales. También garantiza la protección no solo de las pensiones de las personas retiradas, sino también de las personas activas, y, en particular, de los maestros y maestras. Jaresko se va, pero su legado destructivo se queda. Solo la organización, la movilización y la persistencia nos permitirán ir desmontando ese legado pieza por pieza. Las movilizaciones recientes del magisterio en defensa de sus salarios, sus pensiones y la educación pública y de cientos de personas en defensa de las playas como bienes públicos y comunes ante los intentos de privatización demuestran que hay disposición de lucha en amplios sectores del país. Coordinemos esa resistencia unitariamente, acordemos un programa mínimo de exigencias compartidas y construyamos la alternativa política a los dos partidos cuyas mayorías han sido y siguen siendo cómplices de la Junta.
