Por Fermín L. Arraiza Navas
Columnista invitado
Más allá del COVID-19, el abismo en que se encuentra Puerto Rico comenzó mucho antes que el coronavirus. Problemas que arrastramos a partir del endeudamiento de nuestro gobierno por décadas y de la intervención de la desacreditada Junta Fiscal bajo PROMESA desde 2016. Si añadimos la debacle producida por oportunistas allegados al gobierno tras el Huracán María, los terremotos de principios de 2020, y ahora el coronavirus, tenemos un “pandemonio”.
Esperar acusaciones contra ese poder es ilusorio. Ni estatales ni federales hacen cumplir la ley cuando de ellos se trata. Conflictos de intereses, favoritismos (como el recién escándalo del Depto. De Salud), influencias, cabilderos, empleados fantasmas, nepotismo, donaciones simuladas, negligencia criminal en el suministro de ayuda a damnificados, hijos (as) talentosos (as), interferencias ilegales con oficiales federales; y no pasa absolutamente nada.
Por otro lado, resulta bochornoso seguir evaluando alternativas económicas para pagar billones a compañías multimillonarias, sueldos y honorarios de abogado obscenos, cuando la deuda pertenece al Congreso de EE.UU. El Congreso eliminó la protección de quiebra federal (1984) a las instrumentalidades del ELA, invitando así a especuladores de Wallstreet, para hacer fiesta del estado de indefensión de nuestro sistema fiscal. Ese mismo Congreso, eliminó los créditos contributivos (936) en 1996, privando al territorio de una herramienta de desarrollo económico limitada, dentro del esquema económico impuesto desde la metrópoli. Simultánemente, en virtud de la Cláusula Territorial, Puerto Rico ha sido discriminado, marginado y privado de su capacidad de desarrollo económico, debido a que la soberanía la ostenta el Congreso. Sánchez Valle(2016).
PROMESA, no es otra cosa que una excusa del Congreso para eludir sus responsabilidades fiscales con nuestro Pueblo. PROMESA no solamente viola la Cláusula de Nombramientos federal, sino además, le confiere atributos gubernamentales a un ente no electo (la Junta) menoscabando el Derecho al Voto del Pueblo. PROMESA también viola la Cláusula de Uniformidad al permitir un embargo del presupuesto de Puerto Rico, para pagar una deuda no auditada a especuladores, con el aval de la Corte de Quiebras y de la Junta. Todo ello, perjudicando la educación (400 escuelas cerradas), recortes a la UPR, derechos laborales, la seguridad, derechos civiles lacerados, recorte de pensiones y el desmantelamiento del Sistema de Salud. Ningún Estado lo permitiría. Un embargo similar a un Estado federado provocaría una insurrección civil en EE.UU. Tener colonias conlleva unas responsabilidades. Si EE.UU. considera a Puerto Rico su colonia, dónde están los informes sobre su desarrollo económico que EE.UU. venía obligado a enviar durante los últimos 66 años ante la ONU. EE.UU. engañó a la ONU en 1953 para evitar rendir estos informes. De haber cumplido con su obligación (deber de fiducia) la deuda no existiría.
En medio de esta pandemia no necesitamos testaferros de la Junta, sino líderes verticales. Aquellos que defiendan los derechos del Pueblo, exijan rendición de cuentas, combatan la corrupción y señalen a los responsables de la deuda. El dinero lo necesitamos para reconstruir un sistema de salud adecuado, a la altura de lo que exigen las circunstancias; exijamos transparencia gubernamental; rechacemos medidas autoritarias como la Ley Marcial y los ataques a nuestra constitución; seamos conscientes de la necesidad del distanciamiento individual, pero a través de la solidaridad; unirnos para salvar vidas, exigir reparación de agravios al Congreso y utilizar nuestros recursos para enfrentar este nuevo reto. Enfrentemos el estado de emergencia protegiendo nuestros derechoshumanos.
El autor es abogado y Director Legal, ACLU Puerto Rico
