Especial para CLARIDAD
En días recientes, la mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de auditoría de la deuda (Proyecto del Senado 457). El presidente de la comisión de hacienda, Jesús Santa, rápidamente tuiteó denunciando que la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana había votado contra la medida, después que tanto había exigido una auditoría. Es cierto, votamos en contra. Votamos en contra porque sabemos distinguir entre un producto legítimo y un fraude. Como aún estamos en la lucha contra el Plan de ajuste de la deuda que está bajo la consideración de la jueza Taylor Swain, conviene examinar este punto.
Nuestra propuesta de auditoría está contenida en el Proyecto del Senado 159 (y su versión en la Cámara, Proyecto de la Cámara 506). Nuestro proyecto plantea y propone una auditoría ciudadana de la deuda. Por eso plantea la creación de una Comisión de auditoría con amplia representación de la sociedad puertorriqueña, incluyendo los sectores que más se afectarán con cualquier intento de pagar esa deuda insostenible. Incluiría representantes de los sectores sindicales públicos y privados, de las pequeñas y medianas empresas, del sector cooperativista, de las organizaciones ambientales y ecológicas, del sector agrícola, de los estudiantes y docentes de la UPR, de los pensionados y pensionadas, de las organizaciones defensoras de los derechos y equidad para las mujeres y catedráticos en las áreas de economía, planificación, estadística, salud pública y derecho constitucional. Por supuesto, la investigación estaría a cargo de un equipo técnico, pero este será el cuerpo ciudadano que orientaría la investigación y evaluaría y certificaría los hallazgos y recomendaciones.
¿Cuál es el objetivo de la auditoría ciudadana? El objetivo es identificar las partes de la deuda que son ilegales, inconstitucionales, corruptas o ilegítimas para lograr su anulación, para lo cual hay que evaluar distintos aspectos de la deuda (desde los términos de emisión hasta cómo se usaron los fondos) que se detallan en el proyecto. La auditoría es un arma para luchar contra los bonistas y contra los planes favorables a los bonistas acordados por la Junta de Control. Ese es el modelo de las auditorías que se han realizado en Ecuador y Grecia, para tomar dos ejemplos.
¿Qué hizo la mayoría popular en la Cámara con nuestra propuesta? Nada. No hicieron nada. De hecho, hicieron menos que nada: en lugar de enfrentar la séptima versión del Plan de ajuste de la deuda, presentaron el Proyecto 1003 para autorizar la emisión de bonos necesaria para dar paso a ese plan. En lugar de usar el poder que tiene la legislatura de detener ese plan, le dieron paso. Entonces, luego de haber aprobado pagar deuda ilegal e inconstitucional (con el Proyecto 1003, ahora Ley 53) proponen auditar la deuda. Uno se pregunta ¿para qué auditarla ahora, si ya aprobaron el acuerdo? ¿De qué sirve la auditoría ahora, si acordaron los términos de pago? Había que auditar primero y luego renegociar. Estos señores aceptan la renegociación acordada por la Junta primero y ahora pretenden auditar. Como dice un dicho en inglés: eso es cerrar el portón después que se salió la vaca.
Pero la medida es peor que inútil. Según la exposición de motivos, su objetivo no es anular deuda ilegal ilegítima (eso no se menciona por ningún lado) sino descubrir como “llegamos hasta aquí”. Es decir, el objetivo sería descubrir por qué se llegó al impago.
Al impago se llegó por razones que es necesario discutir, por supuesto. Para nosotros, por ejemplo, la crisis de la deuda no puede separarse de la situación colonial de Puerto Rico y los límites que plantea a nuestro desarrollo económico; de las acciones irresponsables del Congreso de Estados Unidos, en el contexto de la relación colonial; de la incapacidad del gobierno de Puerto Rico de idear estrategias económicas más allá de la exención contributiva; del impacto y costo de medidas como la privatización de la salud, entre otros elementos. Determinar las raíces de la crisis es parte de un debate político y de análisis que tenemos que desarrollar.
¿Será esto lo que pretende determinar la auditoría propuesta por el PPD? Basta con ver la composición de la comisión de auditoría para contestar la pregunta. Desaparece todo atisbo de auditoría ciudadana de la deuda. La comisión la presidirá la contralora, es decir, una funcionaria de gobierno. Y los integrantes serán representantes de un puñado de organizaciones profesionales, entre los cuales se incluyen la de contables y de asesores financieros. Es la reducción de la crisis de la deuda a un problema contable. Lejos de ser la ciudadanía la que investigue las acciones del sector financiero, serían delegados vinculados al sector financiero los que auditarán las acciones del gobierno.
En el marco de esa auditoria esto de “descubrir cómo llegamos a esta situación” se limitará a la afirmación redundante de que llegamos a la crisis de la deuda porque se tomó demasiado dinero prestado y averiguar a quién se le fue la mano. Y este ejercicio, esta reducción del análisis de la crisis a la pregunta ¿cómo fue que nos embrollamos tanto? se usará entonces para justificar medidas de austeridad futura, para que evitemos un nuevo impago. Es decir, en lugar de auditar la deuda para anular la parte ilegal, se acuerda pagar parte de esa deuda ilegal, como parte de un plan que exigirá nuevas medidas de austeridad. Luego se pretende desarrollar una auditoría que en lugar de anular deuda ilegal ayudará a justificar las medidas de austeridad que serán necesarias para pagarla.
Llamar a esto auditoría de la deuda es un chiste de mal gusto. Por eso le votamos en contra. Nosotros tenemos dos votos en Cámara y Senado. Si el PPD no ha querido realizar una auditoría ciudadana de la deuda, que no la haga. Pero no va a contar con nuestro voto para tomarle el pelo al país con medidas que son peores que la inacción.
Hacia el futuro el rumbo está claro. Hemos luchado y seguimos luchando contra el Plan de ajuste. Si se logra que la jueza Taylor Swain no lo certifique será una victoria de la resistencia de tantos sectores de nuestro pueblo. Si la jueza certifica el plan, nos esperan nuevas luchas contra los nuevos recortes y medidas de austeridad. Como quiera que sea, la lucha sigue. Y la lucha que damos hoy es la mejor base para las del futuro.
