Por Denis Márquez Lebrón/Especial para CLARIDAD
La Junta de Control Fiscal continúa destruyendo la calidad de vida de los pensionados y la clase trabajadora, atentando contra la estabilidad y existencia de la Universidad de Puerto Rico e imponiendo sus mandatos a mansalva, otras barbaridades como la transgresión de derechos constitucionales y el medio ambiente ocurren simultáneamente.
Recientemente, en vista pública sobre la resolución 538 de mi autoría, la Junta de Planificación (JP) le mintió al País. Con la referida medida busco detener la adopción del nuevo mapa de calificación de suelos de Puerto Rico. Frente a decenas de personas y, sin pudor alguno, la JP defendió la supuesta transparencia de los procesos llevados a cabo para la adopción del nuevo mapa y minimizaron la magnitud de los cambios incluidos en el mapa de calificación propuesto, tal y como fue denunciado por grupos ambientales y expertos en la materia.
Con posterioridad a la vista pública obtuve copia de los comentarios que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) había sometido a la JP el 26 de septiembre y que validaron los argumentos de los grupos pro ambiente que habían sido despachados por la JP alegando en la vista que los mismos eran “desinformados”. Claramente, las actuaciones de la JP son contrarias a la política pública de la defensa de nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Como demuestra contundentemente el documento sometido por el DRNA -que contiene 459 comentarios- las expresiones de la Presidenta de la JP a los efectos de que los grupos opositores estaban basándose en desinformación fueron a todas luces incorrectas e irresponsables.
Tras la situación, cursé una carta a la Gobernadora en la que solicité que ordene a la JP a detener la adopción del nuevo mapa y acompañé con la misiva el documento sometido por el DRNA. Solicité además, que en la alternativa, el Comité Asesor Multisectorial -creado mediante Orden Ejecutiva para brindar apoyo técnico y recomendaciones con relación a este asunto- tome conocimiento de los argumentos sometidos por el DRNA, y se le otorgue la deferencia debida a la agencia encargada de velar por la protección del patrimonio natural del Pueblo de Puerto Rico.
De igual forma el Gobierno continua con el carpeteo electrónico y la violación de derechos constitucionales que he denunciado durante todo este cuatrienio son la evolución de uno de los capítulos más despreciables y siniestros de nuestra historia.
Las nuevas generaciones no vivieron las décadas en que la División de Inteligencia de la Policía se dedicó –con perversidad deliberada– a identificar, fichar, encarpetar y perseguir a miles de puertorriqueños por cuestionar lo establecido, repudiar el colonialismo y luchar por la independencia de Puerto Rico.
El sistema del carpeteo en Puerto Rico fue un calco de las agencias represivas del gobierno de EE. UU., en particular del FBI, quienes, además, fueron los “maestros” de la Policía en el diseño y puesta en marcha de este siniestro esquema. Estos mecanismos de persecución fueron utilizados por la metrópolis —y sus colaboradores en la colonia— para, entre otras cosas, reprimir a organizaciones políticas, e incluso afectar su participación electoral, como fue el caso del Partido Independentista Puertorriqueño perseguido desde 1948 hasta 1987. La Carpeta del PIP constó de más de 15,000 páginas que incluían una diversidad de documentos, programas y actividades que denotaban el monitoreo constante durante esos años.
Toda persecución fue, y sigue siendo, un mecanismo para poner en función la “criminalización del independentismo”, e incluso, de la disidencia. El Gobierno criminaliza el cuestionamiento, la protesta, la acción y la oposición; en el pasado, por los Gobiernos del PPD y PNP, mediante las carpetas, y ahora utilizando los medios electrónicos modernos.
La nueva versión de este carpeteo electrónico es mediante la intervención en las páginas de internet y redes sociales de los protestantes, así como la toma de grabaciones en video de las marchas y protestas utilizando tecnología moderna, incluidos los llamados “drones”. El ejemplo reciente es la intervención en violación de sus derechos a medios de comunicación universitarios.
Los métodos han cambiado, pero los objetivos son los mismos: criminalizar, controlar y reprimir la disidencia. Lo he denunciado en distintos foros, radicado legislación para combatirlo y continuaré dando la batalla, porque no podemos continuar repitiendo el capítulo más siniestro de nuestra historia mediante la modernización del carpeteo y la evolución de la persecución política.
Por último, en múltiples ocasiones hemos denunciado que el ente impuesto desde Washington es la expresión más burda del colonialismo. Fue creada por el Congreso de los EE. UU., avalada por su presidente y validada por sus tribunales, bajo un principio sencillo y contundente, el Gobierno de los EE. UU. legisla y nos trata de manera imperial en virtud del poder que su constitución les brinda mediante la cláusula territorial. Los eventos los eventos recientes en una vista del Tribunal Supremo reafirman una vez más ese poder colonial sobre Puerto Rico.
Luego de 121 años de colonialismo, todos los signos y planteamientos indican que la Ley Promesa y su abominable Junta seguirán despreciando al Gobierno de Puerto Rico, revocarán leyes aprobadas por la Legislatura local, seguirán llegando a acuerdos con bonistas que seguirán hipotecando al país, pero, sobre todo, continuarán en su agenda despreciable de destruir derechos adquiridos de los trabajadores, los salarios, las pensiones y mutilando nuestra universidad. Todo en favor de proteger a los grandes intereses en perjuicio de los intereses apremiantes que debe tener cualquier entidad gubernamental, que es apoyar y proteger a su ciudadanía.
A la Junta y al colonialismo tenemos que combatirlos políticamente. Hemos propuesto legislación para no aprobarle ni un solo centavo del presupuesto a la Junta, no reconocer sus mandatos y proteger a toda costa a los más vulnerables, como los adultos mayores y pensionados.
Pero sobre todo, tenemos que insistir en un verdadero proceso de descolonización, retar y provocar al Congreso de EE. UU. a que se exprese, y empujar a que los inmovilistas de siempre se definan. Desde hace 73 años, el Partido Independentista Puertorriqueño ha tenido como su agenda principal la independencia de Puerto Rico. Somos un movimiento de liberación nacional y un partido electoral que, mediante el voto, reafirmamos nuestro derecho a la autodeterminación e independencia como la única solución a los problemas y necesidades apremiantes del país.
Por ello, el pasado domingo, 20 de octubre, en el marco de la celebración de esos 73 años de lucha por la libertad de la patria, nos reunimos en Peñuelas para conmemorar la memoria de nuestros fundadores como el Dr. Gilberto Concepción de Gracia y renovar nuestro espíritu de lucha. Allí compartí con compañeros y compañeras que representan el portaestandarte de este instrumento de libertad a través de todo el país. Familias, jóvenes, niños, adultos mayores y una gran cantidad de patriotas mujeres y hombres que formarán parte de las más de 1,000 candidaturas que presentaremos en las próximas elecciones enarbolando la bandera de la independencia.
El autor es Representante a la Cámara por el Partido Independentista Puertorriqueño.
