Mirada al País: La ofensiva anexionista

 

Especial para CLARIDAD

Como resultado de la aprobación de la Ley 51 del 16 de mayo del 2020, promovida por el ex presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el pasado 3 de noviembre de 2020, se celebró el referéndum Estadidad Si o No. Dicha ley contiene diversas premisas tanto inexactas como falsas, comenzando por su titulo “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico”. Sabido es que los resultados de dicho referéndum, en forma alguna, contribuyen a la definición final del estatus de Puerto Rico, siendo este un asunto que concierne determinar al Congreso de los Estados Unidos que, tras casi 123 años de ocupación de nuestro país, le ha dado al tema muy poca o ninguna importancia. En su Exposición de Motivos, dicha legislación hace un recuento tergiversado de los resultados electorales de anteriores consultas, para representar una expresión alegadamente mayoritaria, en favor de la estadidad. Aun cuando los anexionistas insisten en representar un 61% en el resultado a favor del anexionismo en el plebiscito del año 2012, lo cierto es que, al considerarse las más de 400,000 papeletas depositadas en blanco, dicho resultado se reduce a un 45%. En el plebiscito celebrado en el año 2017, habiéndose conformado exitosamente un boicot electoral por los propulsores de la alternativa soberanista, la estadidad obtuvo un 97% de solo un 23% de participación electoral. Este análisis es conocido por la clase política de los EE. UU., razón por la cual dichos resultados han sido ignorados por la potencia colonizadora.

Tanto el plebiscito de 2017 como el referéndum de 2020 fueron rechazados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. En 2017, el entonces Secretario de Justicia, Jeff Sessions, dispuso que, como parte de las alternativas, debía incluirse el territorio, lo que provocó que los defensores de la alternativa de independencia/libre asociación, se retiraran del proceso y llamaran al boicot que fue apoyado por 77% de los electores. El referéndum de 2020 fue, igualmente, desautorizado por el gobierno estadounidense. Mediante carta enviada por el entonces subsecretario de Justicia, Jeffrey Rosen, al entonces presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera, se denegó el financiamiento del plebiscito con los fondos designados en la ley 113 del 2014, aprobada por el gobierno de Barack Obama, para una consulta de estatus en Puerto Rico. Además, se indicó que la participación del electorado fue demasiado baja como para interpretar los resultados como “un voto decisivo para la estadidad”.

A pesar de lo anterior, el PNP impuso la celebración del mal llamado plebiscito, obteniendo un resultado que favorece a la estadidad con un 52%. Tristemente, nunca se cuajó una coalición del sector antiestadista del país, para llevar a cabo una campaña vigorosa y unida por el No, que contrarrestara, de manera efectiva, la campaña engañosa del PNP que, con la estadidad, le ofrece al pueblo la solución mágica y casi automática a todos sus infortunios. Las organizaciones de la sociedad civil, Sobran las Razones y Boricuas Unidos en la Diáspora lideraron, con muy pocos recursos, la campaña por el No, que obtuvo poco más del 48%. Por su parte, el PPD, encabezado por Carlos Delgado Altieri, hizo mutis y, públicamente, solo se escucharon las voces del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y el exrepresentante, Luis Vega Ramos. El afán por allegarse votos del sector anexionista desafecto al PNP, rindió el deber moral de combatir todo intento por destruir nuestra identidad como pueblo y disolver la nación puertorriqueña dentro de la que, por más de un siglo, nos ha explotado para su propio beneficio.

La legislación habilitadora contempla que “no más tarde de los treinta (30) días a partir de la certificación de los resultados del plebiscito, la Gobernadora y la Comisionada Residente, con el consejo de la Comisión de la Igualdad, redactarán el Plan de Transición, debidamente calendarizado para hacer valer la expresión democrática y mayoritaria de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico.  El Plan de Transición será entregado a los líderes del Congreso de ambos partidos políticos nacionales y al Presidente de Estados Unidos con el propósito de establecer los procesos de transición con la urgencia que reclaman los ciudadanos de Puerto Rico”. Ello nunca se hizo. No obstante, el movimiento anexionista, envalentonado con el resultado y usando como pretexto el alegado mandato obtenido, se dispone a someter el 2 de marzo de 2021, día en que, como súbditos felices, conmemoran la imposición de la ciudadanía estadounidense, otro proyecto de ley para la admisión de Puerto Rico como estado.

Ante esta ofensiva, ¿qué vamos a hacer los antianexionistas? En primer lugar, considero que hay que abandonar el discurso de que los EE. UU. nunca nos va a dar la estadidad. Ya se escuchan voces en el partido demócrata de ese país, que ven en la admisión de Puerto Rico como estado, la forma de allegarse senadores y representantes para ese partido y lograr una mayoría en el Congreso. No olvidemos que los políticos estadounidenses ven en Puerto Rico la rentabilidad del producto. En segundo lugar, dejando atrás el afán de protagonismo y la exclusión, debemos conformar un frente unido puertorrriqueñista, que establezca estrategias para combatir la ofensiva de los anexionistas, llenando los espacios que, por décadas, se les ha permitido ocupar. Es necesario tocar puertas claves de congresistas que entienden que nuestra lucha no es de derechos civiles, sino del derecho de una nación latinoamericana y caribeña a su autodeterminación. El Junte de Mujeres M-18, del que formé parte por espacio de dos años y que fue, decisivamente, apoyado por Boricuas Unidos en la Diáspora, hizo un trabajo arduo y productivo en esa dirección. Muchos se sorprenderían de la cantidad de “staffers” de congresistas que nos indicaron la importancia que revestía para ellos conocer el otro lado de la moneda y saber de la existencia de movimientos de resistencia contra el anexionismo en Puerto Rico. Del mismo modo, hay que coordinar los esfuerzos con las organizaciones de la diáspora, que hacen una labor titánica y patriótica en contra de la anexión y por crear conciencia en la clase política y el pueblo estadounidense de que EE. UU. tiene que asumir la responsabilidad de nuestra descolonización garantizando un proceso participativo y serio. Tenemos que difundir, por todos los medios posibles, incluyendo los medios de comunicación estadounidenses, nuestra oposición a la anexión, denunciando la condición colonial humillante a la que se nos ha sometido por los EE. UU., nación que se ufana de luchar por la libertad y la democracia en el mundo. Es fundamental, además, internacionalizar la situación colonial de Puerto Rico lo que, indudablemente, es una pieza clave para el éxito de nuestra lucha.

Finalmente, nuestro pueblo no puede abandonar la calle, ese instrumento de lucha tan eficaz que nos permitió deponer a un gobernador corrupto, mediocre y abusador. Con ello demostramos la fuerza de la que es capaz la unidad de propósito de todo un pueblo, cuando se pisotea nuestra dignidad y cuando se pretende arrebatarnos aquello que somos y que queremos y que estamos dispuestos a defender hasta el último aliento. ¡Venceremos!

La autora es Presidenta del Movimiento Unión Soberanista

 

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