Por Francisco A. Catalá Oliveras/Especial para CLARIDAD
Casi todo el mundo conoce el cuento, basado en una leyenda irlandesa, de que al final del arcoíris hay una olla repleta de monedas de oro. Huelga decir que encontrarla y enriquecerse son una y la misma cosa. Bueno, no es tan fácil como parece. Para hacerse del tesoro hay que vencer la vigilancia de unos traviesos duendes vestidos de verde – “leprechauns” les llaman en Irlanda — que se distinguen por su astucia. Si el lector no cree en esto se debe a que es, como en mi caso, más escéptico que codicioso. Pero para muchos, con y sin crisis, la codicia es eje rector de sus vidas.
La olla al final del fenómeno multicolor que cobija a Puerto Rico contiene diversos objetos atractivos para aquéllos que les mueve el oro. Por ejemplo, la ley 22 – Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico – ha motivado a varios multimillonarios del exterior a establecer “residencia oficial” en Puerto Rico debido a las ventajas tributarias que ofrece. La ironía es que a la misma vez muchos boricuas, ante la situación socio-económica y deterioro generalizado que vive el país, se ven obligados a emigrar.
Entre los multimillonarios que se han aprovechado de la olla del arcoíris puertorriqueño se ha destacado el gerente de fondos de cobertura John Paulson. La reducción de los precios en el mercado de bienes raíces le vino como anillo al dedo para comprar varias propiedades. Otro que recientemente ha ganado cierta notoriedad – aunque por otras razones – es Michael Williams, manejador de fondos de inversión.
A Williams, según informara el Centro de Periodismo Investigativo, se le han radicado varias acusaciones de fraude luego de ser investigado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Se alega que desviaba fondos corporativos y de sus clientes para su beneficio. Se destacan como clientes la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). También se informa que Noel Zamot fue presidente de la junta de directores de una de las corporaciones vinculadas a Williams – Kinetic International – a la misma vez que ocupó el cargo de Coordinador de Revitalización en la Junta de Supervisión (Control) Fiscal.
Por cierto, siempre me he preguntado por qué Natalie Jaresko fue nombrada Secretaria Ejecutiva de la Junta de Supervisión (Control) Fiscal. ¿Quién la recomendó? Lo ignoro. Pero sospecho que de alguna manera logró ver el arcoíris – tal vez desde Ucrania — y se deslizó hábilmente por el mismo hasta llegar a la olla para encontrar un sueldo de más de $600,000 que, con los beneficios marginales, se aproxima a un millón anual. Si por algo se ha distinguido esta junta es por la generosidad en las contrataciones. ¡Qué lo diga su ejército de asesores y abogados! Después de todo, se trata de dinero del pueblo de Puerto Rico.
La administración gubernamental no se queda atrás en su generosidad contractual excepto, claro está, cuando se trata de empleados públicos regulares. A éstos les predican austeridad. El acceso a la olla solo lo tienen los escogidos. Algunos, como la que fuera secretaria de educación, Julia Keleher, no se conforman con lo que dispone el contrato y se empeñan en vaciar la olla, lo que les trae problemas. Otros, como Walter Higgins y Rafael Díaz Granados — ambos ocuparon la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica — son aves de paso y tienen la buena fortuna de ser rápidamente olvidados. No obstante, los de buena memoria quizás recuerden que el sueldo de Higgins era de $450,000 y el de Díaz Granados de $750,000. Pero no tuvieron el tiempo de cobrarlos plenamente. Su labor fue una especie de conjunto nulo y su estadía fugaz. El primero ocupó el puesto por cuatro meses y el segundo por veinticuatro horas. Sin embargo, a la luz de sus reclamos de salarios y bonificaciones, no me cabe duda que tenían a la olla en su mirilla.
Hay instancias en las que llaman más la atención las organizaciones de nueva creación que las personas contratadas para dirigirlas. Este es el caso de “Invest Puerto Rico” y de “Discover Puerto Rico”, encabezadas por Rodrick Miller y Brad Dean respectivamente, ambos con sueldos de $250,000 más las compensaciones o misas sueltas de rigor. En estos casos no se trata de contrataciones estrictamente gubernamentales ya que las dos organizaciones son formalmente entidades privadas sin fines de lucro, aunque solventadas con fondos públicos. Una se ocupa del fomento de inversiones y la otra de la promoción del turismo. ¿Cuáles son sus logros? Realmente, nadie sabe… No son otra cosa que reflejos de la política neoliberal de claudicación de la responsabilidad pública y de búsqueda afanosa al final del arcoíris. Mientras tanto, bajo la pesada lápida del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, languidecen organizaciones públicas como la Compañía de Fomento Industrial, la Compañía de Turismo, la Compañía de Comercio y Exportación, la Corporación para el Redesarrollo de Roosevelt Roads y la Junta de Planificación. De esta manera no puede desarrollarse ningún país.
Abundan los buitres tanto de allá como de acá. Les atrae el olor del mejunje de desastre y oportunidad que se fragua en las crisis económicas y financieras, en los huracanes, en los sismos, en las epidemias… ¿Recuerdan a Whitefish? Pero esto no es lo peor. Lo verdaderamente grave es que las monedas públicas en la olla al final del arcoíris no están custodiadas por los hábiles duendes del cuento, sino por cómplices de las golosas y desagradables aves de rapiña. Y ahora, que hay que enfrentar la pandemia del coronavirus y establecer las medidas de protección de rigor, se viene obligado a partir de las distorsiones financieras, políticas, educativas y sanitarias — ¿recuerdan la privatización del sistema de salud y la venta de hospitales? — provocadas por años de sumisión, neoliberalismo y codicia.
