Especial para CLARIDAD
La energía, esa cosa que nos permite alumbrar en la oscuridad, cocinar nuestros alimentos, controlar la temperatura, movernos por aire, tierra y mar, que nos mueve el cuerpo, es un derecho al cual todos debemos tener acceso. La energía es vida.
Lamentablemente, las fuerzas que dominan la sociedad han hecho de la energía un negocio. Nos han privado de las fuentes naturales de la energía y le han puesto precio hasta al Sol. No hay duda que producir la energía que se trasmite mediante líneas eléctricas para energizar todo un país tiene que tener un costo. Pero una cosa es que el estado garantice el servicio de energía para todos a un costo razonable y otro caso es que se privatice el servicio y tengamos que pagar además del servicio, las ganancias de la empresa privada y los privilegios de los inversionistas y ejecutivos de estas empresas.
Nuestro país logró niveles mayores de desarrollo y calidad de vida en la medida que democratizó los servicios de energía, agua y comunicaciones. Ello fue posible mediante el esfuerzo de hombres y mujeres que crearon corporaciones públicas a favor del pueblo. Se superaron los feudos que familias ricas y hacendados poseían a principios del siglo XX. Estos servicios fueron la base para la construcción de un sistema educativo y un sistema de salud gratuito al cual todos podemos llegar.
Otros factores políticos y de carácter internacional fueron determinantes en el desarrollo del Puerto Rico que hoy conocemos. La utilización del país como un enclave económico a favor de los intereses de Estados Unidos ha definido nuestro destino político. Represión y persecución, concesiones políticas y armar toda una estructura jurídica que justifica la realidad colonial se combinó con ese desarrollo económico para culminar en ganancias calculadas en cifras millonarias para las empresas del gran capital.
Desde hace décadas los intereses económicos y políticos están cambiando. A Puerto Rico le han asignado nuevos roles en esta economía de enclave. Importantes sectores aprovechan los procesos de cambio para enriquecerse ante la oportunidad o peor aún, dar un tumbe mediante contratos leoninos o prácticas ilegales a riesgo de ir presos. El que estafa lo hace en grande. Su preocupación, si alguna, es que no lo delaten, para seguir robando. Empresarios, funcionarios gubernamentales, abogados, consultores y otros participan de estos esquemas con el fin de enriquecerse. Importa poco el país, importa poco la gente. Importa más el precio del servicio que ahora es privado.
Hoy tenemos una Junta de Control Fiscal como gobierno nombrado por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Tenemos empresarios y bonistas discutiendo el futuro de la economía del país de acuerdo a como le paguen sus inversiones (bonos). Los derechos de la clase trabajadora, el contrato social con los jubilados y pensionistas no cuentan a la hora de discutir el futuro del país. La Junta prevé un gobierno reducido mediante la privatización de sus recursos, la venta del patrimonio y de las tierras, la desreglamentación de los permisos de construcción y protección del ambiente y una nueva deuda a perpetuidad que podamos pagar, nosotros y las futuras generaciones.
El contrato de ese embeleco llamado LUMA representa la gran estafa para el Pueblo. Representa la privatización total del derecho a la Vida. Implica que nos encarecerán el servicio de energía y a Dios que reparta suerte. Nos obligarán a buscar fuentes alternas de energía mediante empresas privadas, evitando que el interés público y colectivo pueda prevalecer. Después de LUMA vendrán por el resto.
¿Cómo puede ocurrir eso? Puede ocurrir porque el orden jurídico que justifica la ausencia de poderes en la colonia lo permite. Puede ocurrir porque la mentalidad y el interés de lucro que promueven las empresas así lo justifican. Puede ocurrir porque líderes políticos creen y promueven estos intereses económicos a cambio de los privilegios que reciben.
La descolonización del país solo tiene un resultado, el reconocimiento de la Independencia de Puerto Rico. Los proyectos hasta hoy radicados tiene el efecto de distraer a unos, satisfacer a otros, confundir a muchos y dividirnos a todos. La colonia es un mal que solo se corrige con el bien.
La lucha contra LUMA no puede estar separada de la lucha de liberación y reclamos de justicia social de nuestro Pueblo. Una cosa y otra esta unida. Las corporaciones públicas que garantizan un servicio al pueblo se necesitan. Estas pueden existir en la medida que tengamos poderes para definir nuestro destino. Si queremos una pensión garantizada, si queremos un convenio colectivo, si queremos una escuela y una universidad pública, si queremos un sistema de salud público y de calidad, si queremos energía para todos, tenemos que tener poder político.
Una cosa no debe ir delante de otra. Todo está relacionado. Todas las luchas deben ser enlazadas. Tenemos que luchar juntos y a la vez por definir nuestro futuro sin perder los derechos humanos que por naturaleza nos pertenecen. La calle nos espera.
