Inicio Nación Mirada al País Mirada al País: ¿Por qué investigar los albergues?

Mirada al País: ¿Por qué investigar los albergues?

 

Especial para CLARIDAD

La historia de los albergues o casas de acogida para las sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico comenzó en el 1979, con el establecimiento de la Casa Protegida Julia de Burgos. Nombrándola como nuestra poeta nacional, las personas que la crearon dieron paso a una iniciativa comunitaria para proteger a mujeres que golpeadas física y emocionalmente por sus parejas, querían escapar del oprobio del maltrato y buscar seguridad para ellas, sus hijas e hijos, pero no tenían un lugar seguro al cual dirigirse. Hacerlo con familiares conocidos por el agresor no era una opción pues hasta allí llegaría. Compañeras como Mercedes Rodríguez y Mary Anne Maldonado que trabajaban con sobrevivientes de agresión sexual desde el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación creado en el 1976, identificaron la necesidad al buscar y no encontrar opciones para un caso real decidieron actuar. No se trataba solamente de techo y comida, sino también de apoyo emocional, de garantizar la seguridad, desarrollar métodos de intervención no asistencialistas para fortalecer la autoestima lastimada por la violencia y de que las mujeres se pusieran de pie para buscar la paz. Esfuerzos similares surgieron posteriormente, fruto también de iniciativas comunitarias, entre ellos, Hogar Ruth, Casa de la Bondad, Hogar Nueva Mujer. La mayoría forma parte de la Red de Albergues.

Los esfuerzos de estas organizaciones para ofrecer servicios a las sobrevivientes de violencia se han expandido para desarrollar programas de vivienda que les permitan tener un hogar cuando están fortalecidas. También servicios para la niñas y niños que afectados también por la violencia que sobreviven sus madres requieren de ayuda especializada, tutorías después de la escuela y atención cuando ella salen a citas en los Tribunales y agencias de gobierno o participan de estudios o adiestramientos como parte de los esfuerzos para que sean independientes. Todos estos esfuerzos requieren de mucho dinero para la contratación de personal especializado en las disciplinas de la conducta, el pago de rentas o hipotecas, alimentación, servicios esenciales, entre muchas otras cosas. Son múltiples las propuestas económicas que las instituciones tienen que someter a entidades gubernamentales que administran fondos federales y de Puerto Rico, como el Departamento de la Familia, Vivienda, la Procuraduría de las Mujeres, el Departamento de Justicia, la Administración de Tribunales, algunos municipios y, por supuesto, las asignaciones de Fondos Legislativos. También se solicitan fondos mediante propuestas a fundaciones privadas.

Tomando en cuenta la misión de salvar vidas que tienen los albergues a la luz del estado de emergencia por violencia de género que existe en Puerto Rico, el cual finalmente y luego de casi dos años de estarlo exigiendo ha sido reconocido por el gobierno, el proceso de asignación de fondos debería ser ágil, eficiente, con un enfoque sensible por tratarse de sobrevivientes de violencia de género, riguroso por ser fondos públicos, pero no obstaculizador y burocrático. Pero, es todo lo contrario. La demora en la aprobación de propuestas, que los pagos sean por reembolso en lugar de por asignación adelantada y hechos además de forma desconsideradamente tardía, coloca a las organizaciones en precario constante. Así ha sido denunciado en repetidas ocasiones. Es el apoyo comunitario a las múltiples actividades de recaudación que llevan a cabo, como el Bazar Navideño de Casa Julia y los donativos de algunas compañías privadas, el salvavidas que les permite continuar ofreciendo servicios, aunque no son pocas las veces que han estado con el agua al cuello.

Ante este panorama me llama la atención el interés de la recién electa senadora del Proyecto Dignidad, Rodríguez Veve para investigar los albergues. Con ese propósito presentó el 10 de febrero la Resolución 91 “…para investigar el funcionamiento y efectividad de los servicios ofrecidos por los albergues de mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia en Puerto Rico; y para otros fines relacionados”. Por supuesto, asigna la investigación a la “Comisión de Asuntos de Vida y Familia” que creó a la medida de ella y de la ideología que representa, el presidente del Senado José Luis Dalmau, en un claro intercambio de apoyo para sus aspiraciones, aunque de la boca para afuera lo haya negado. Como es sabido, la representación del Proyecto Dignidad en ambos cuerpos legislativos se opuso a la declaración del estado de emergencia por Violencia de Género y no se cansan de vituperar en contra de la educación con perspectiva de género, herramienta reconocida por los organismos internacionales de derechos humanos, como instrumental para erradicar la violencia machista y propulsar la equidad.

La Senadora justifica su propuesta aludiendo a investigaciones previas inconclusas. Al mismo tiempo que utiliza en la Exposición de Motivos del Proyecto un lenguaje que parecería congraciarse con los albergues indica que los servicios que ofrecen son un eslabón importante para la protección, no revictimización. También se refiere a que los resultados permitirán ampliar y establecer parámetros necesarios para el funcionamiento óptimo de los albergues y la necesidad de legislar. Conociendo la posición del Proyecto Dignidad y de su representación legislativa sobre la violencia de género es preocupante que el interés por investigar los albergues, no esté guiado por el propósito de apoyar y mejorar las políticas públicas respecto a estos sino de intervenir con instituciones sin fines de lucro que ofrecen servicios que el estado no está en la capacidad de proveerle a las sobrevivientes de violencia, sus hijas e hijos. Están debidamente incorporadas, rinden formes al Departamento de Hacienda y al de Estado Por los fondos federales y de Puerto Rico que reciben son auditadas por las entidades que los proveen o canalizan y hay monitorías periódicas. ¿ Qué está realmente detrás de la investigación? Nada deben tener que esconder las organizaciones, pero ¿“A Santo de Qué”, como diría Mamá Mercedes, este súbito interés? Me preocupa el posible sesgo y el prejuicio. El tono de la Resolución es de fiscalización no de reconocimiento y búsqueda de alternativas para que mejore la situación de los albergues y puedan operar con más holgura financiera, sin el estrangulamiento de las entidades gubernamentales.

Se supone que en la Legislatura esté soplando una brisa fresca con los cambios producidos por las tormentosas pasadas elecciones. Sin embargo, el disfrute de esa brisa puede ser afectado por intervenciones oportunistas que nada bueno van a reportar para el bienestar de las mujeres, sobre todo cuando de violencia de género se trata. Confío en que la Resolución mentada no sea aprobada, al menos que no lo sea con el tono que tiene y que de aprobarse no sea asignada a la Comisión creada a la hechura de su autora. Mientras tanto, hay que mantenerse alerta ante los esfuerzos de quienes tienen una agenda retrógrada para echar hacia atrás lo que con tanto esfuerzo hemos recuperado o adelantado.

 

 

 

Traducir»
Exit mobile version