Mirada al País: Presente y futuro del sindicalismo puertorriqueño

 

Por Luis Pedraza Leduc/Especial para CLARIDAD

Los pasados cuarenta años de políticas neoliberales han sido nefastos para la clase trabajadora en Puerto Rico. A partir de 2009 al presente se destacan leyes para congelar convenios colectivos, ilegalizar sindicatos, negar derechos hasta ayer reconocidos como constitucionales, prohibir la negociación colectiva, enmendar leyes protectoras del trabajo, derogar otras y eliminar derechos y beneficios negociados, entre otros ataques a la clase trabajadora.

Al sumar las políticas de desmantelar el gobierno de bienestar, favorecer la privatización sobre lo público y la desregulación del mercado, se desbordan los efectos negativos del taller de trabajo hacia el resto de la sociedad. Se contamina y se agrede el medio ambiente. Se restringen los derechos humanos. Las comunidades pierden acceso a servicios esenciales de educación, salud, vivienda y protección social.

Mientras tanto, aumenta la desigualdad social entre los sectores asalariados y las clases pudiente. La precariedad iguala a trabajadores, desempleados, pensionados, estudiantes, pequeños y medianos comerciantes. El movimiento sindical, constituido por las organizaciones sindicales del sector público y privado, no logra articular un proyecto de unidad y solidaridad que permita enfrentar de manera estratégica el proyecto del capital y la metrópolis imperial en Puerto Rico.

A partir del 2016, las fuerzas del capital aprobaron en el congreso imperial de la metrópolis la legislación conocida como PROMESA con el propósito de cobrar al pueblo de Puerto Rico la deuda que se gestó entre el capital de Wall Street, el gobierno de Estados Unidos, los gobernantes de la colonia y el capital internacional. Desde entonces, gobierna en el país una Junta de Control Fiscal nombrada por los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Impera en la mentalidad de la Junta las políticas de austeridad y medidas fiscales de corte neoliberal dirigidas a cobrar la deuda y rehabilitar el crédito de la colonia para volver a endeudarse, sin importar el costo social y humano que esto conlleve.

La naturaleza ha rechazado los planes de esta Junta mediante huracanes, terremotos y una pandemia. Estos eventos han obligado a cambiar planes y rutas de cobro. La incapacidad de los gobernantes y su afán de lucro no han permitido articular alternativas que enderecen o enfrente la ruta de la Junta. Por el contrario, estudiantes, el movimiento de mujeres, los defensores de los derechos humanos, los activistas del medio ambiente, entre otros actores sociales, son los que han dado voz de alerta y han propiciado una lucha, aunque desigual, no menos honrosa, frente a los planes imperiales del capital.

El movimiento sindical ha estado en la retaguardia de esta lucha política y social. Le ha faltado visión, conciencia ideológica, capacidad organizativa, poder de convocatoria y un análisis comprensivo de la realidad. No obstante la debilidad como sector social, es su responsabilidad levantar las banderas de lucha que como parte de un todo, el movimiento obrero, hay que articular.

De cara al proceso eleccionario de noviembre y al hecho de que a mediados de año 2021 se deben restaurar la vigencia de los convenios congelados, que a su vez deben ser negociados, el movimiento sindical del sector público debe definir una ofensiva dirigida a recuperar el terreno perdido. A esto se debe sumarse un esfuerzo organizativo en el sector privado, que requiere contestar para qué y por qué es necesario un sindicato.

La agenda particular de cada sindicato en su taller de trabajo la dictará su rol estratégico en la sociedad. Obviamente no luchan por las mismas reivindicaciones los trabajadores de la industria eléctrica, los maestros, los trabajadores de la cultura, los empleados de municipios, los oficinistas de las burocracias o aquellos encargados de la protección del ambiente. Sin embargo, se encuentran en la misma lucha y necesidad social que cualquier otro trabajador, desempleado, ama de casa, estudiante u obrero de la empresa privada.

Si algo debemos tener claro es que luego de la pandemia el capital incrementará sus intenciones de transformar el trabajo para lograr sus metas de lucro y ganancias. Trabajo a distancia, migración forzada, reducción de pensiones, mayores recortes a beneficios laborales se impulsarán por los patronos. ¿Cuál debe ser la propuesta de la clase trabajadora?

El movimiento sindical debe unir a la agenda particular un frente común que proponga la reducción de jornada de trabajo, sin reducir salario. Este reclamo se fundamenta en la capacidad de producción que unido al uso de la tecnología garantiza mayores ganancias en menor tiempo a las empresas. Es una realidad que según pase el tiempo menos empleos habrá. También los trabajadores serán de mayor edad y pasaran a las filas de jubilados. El reclamo de reducir la jornada, sin reducir salarios, es un reclamo por una vida digna.

Se complementa la lucha por una nueva jornada de trabajo con la exigencia de una Renta Básica Universal, RBU. Por este concepto debemos entender un ingreso monetario que cada ciudadano recibirá de manera permanente e incondicional. Este ingreso debe ser suficiente para vivir, independientemente de cualquier otro ingreso, salario o pensión. No estamos planteando una quimera. La RBU es una propuesta que se discute desde hace muchos años en todas las latitudes del planeta. En Europa se legislan modalidades y se practican proyectos de RBU. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, lo ha respaldado para promover el desarrollo económico y luchar contra la pobreza. Los economistas galardonados con el premio Nobel 2019 lo recomiendan. Esta es la alternativa a ayudas intermitentes o de emergencias como las vividas ante los fenómenos naturales.

Mejorar los salarios e ingresos de la fuerza laboral, junto a una reforma fiscal progresiva para que paguen impuestos quienes más tienen se impone. La deuda es impagable. No podemos aceptar las medidas de austeridad que promueve la Junta ni los planes que pretenden imponer. El gasto público tiene que ser asumido por el gobierno para establecer un sistema de salud universal y garantizar una educación excelente en todo el sistema público, desde escuela elemental hasta grados universitarios.

Es hora de análisis y reflexión. Es momento de actuar con visión y desprendimiento. La clase trabajadora es la mayoría del país. No estamos solos en el planeta. La clase obrera a nivel internacional se levanta contra la desigualdad que nos impone el capital. Hagamos lo propio en Puerto Rico. Luchemos por una agenda para el País, para el presente y el futuro.