Mirada al País: Sobre temblores naturales y sociales

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En su primer año, el gobierno actual de Puerto Rico tuvo que enfrentar los efectos del poderoso huracán María. Al comenzar su cuarto año se enfrenta al impacto de un fuerte terremoto y sus réplicas con una amplia destrucción de edificios y viviendas en el suroeste de Puerto Rico. Ambos desastres naturales, al comienzo y al final del cuatrienio, han ocurrido en el contexto de una crisis social de gran alcance, con múltiples ramificaciones. Sin embargo, tanto el huracán como los temblores de tierra han agudizado nuestra mirada. En ambas ocasiones hemos obtenido una nueva visibilidad del proceso social. Dos cosas se han puesto de manifiesto: la aguda vulnerabilidad de nuestra sociedad y incapacidad del gobierno de atender las necesidades más elementales.

Podríamos decir que el huracán María permitió el estreno de una nueva visibilidad de las crisis. Nos permitió ver una severa desconexión entre el gobierno y la gran mayoría de la población hundida en la precariedad y la desesperación. La falta de energía eléctrica y otras urgencias abrieron el camino de la muerte para miles de personas. No fue posible negar lo que el huracán puso al descubierto: la pobreza y la fragilidad social. No se trataba de un pobreza creada por María. No. María permitió ver el resultado de un largo proceso histórico de subordinación colonial, acentuado con fuerza en las últimas tres décadas de política neoliberal. El desastre natural destrozó los velos sociales que escondían o amortiguaban la visibilidad de la pobreza. Mientras el país quedó al desnudo, se pudo ver también el escándalo de un gobierno que se había alejado de la población. 

En el Centro de Convenciones Pedro Rosselló se reunían los representantes del gobierno, bien alimentados, con amplios recursos y comodidades, más preocupados en sacar beneficios privados de la destrucción generalizada.

Estalló el escándalo de Whitefish, mientras muchos morían por la falta de energía eléctrica.
Foto: Alina Luciano

Casi dos años más tarde se supo de otro escándalo más grandes relacionado con la AEE: el esquema de fraude de la dirección de Kobra Energy, con un contrato de $1500 millones, que incluyó altos funcionarios de FEMA de la región de Nueva York. También se llegaron a conocer otros esquemas de fraude con compañías de energía estadounidenses contratadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. La bochornosa fiesta de contratos y el esplendoroso baile de la corrupción no solo tenía una nutrida participación de músicos y bailarines locales, como ha dicho Donald Trump. También hubo y hay todavía una buena participación federal.

Luego vino el escándalo de los arrestos en el Capitolio, relacionado con contratistas fantasmas. Más tarde se dio el estallido del Departamento de Hacienda, que también se había convertido en un nido de contratistas. El país oyó algo verdaderamente novedoso cuando Raúl Maldonado se refirió a la existencia de una mafia institucional en Hacienda. Desde entonces un escándalo le pisa los talones a otro: vinieron los arrestos de la ex–secretaria de Educación, Julia Keleher, de la directora de Ases, Ángela Ávila Marrero, y de destacadas figuras de BDO: su presidente Fernando Scherer y el contratista Alberto Velázquez Piñol. Era difícil pensar que la desvergüenza pudiese escalar todavía más, hasta que se dio a conocer el infame Chat con la participación del gobernador y su gabinete, incluyendo varias figuras de la empresa privada. En el Chat hubo de todo: insensibilidad, falta de respeto, lenguaje soez, hasta la burla de aquellos que ya no pueden defenderse de la injuria humana: los muertos. La podredumbre se destapó cuando los cadáveres se encontraban hacinados en el Negociado de Ciencias Forenses y decenas de familiares esperaban con angustia poder enterrar a sus seres queridos.

El país estaba ya preparado para el estallido y el estallido llegó. La movilización social arrancó al gobernador de su silla y lo echó a la basura. Entonces vino el turno fallido de Pedro Pierluisi. El cabildero de la Junta de Control Fiscal pretendió ser el gobernador. Desde entonces, a partir del gobierno de Wanda Vázquez los escándalos siguen eslabonándose. Vimos cómo el superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle estuvo enlazado en una madeja de contratos con el Departamento de Recursos Naturales, provocando una investigación federal y el despido de Tania Véazquez. 

El comportamiento del gobierno a partir del Huracán María, así como los arrestos, la publicidad que obtuvo el famoso chat del gobernador, y las movilizaciones sociales que lo destituyeron, han tenido un efecto muy profundo en la sociedad puertorriqueña. Puede resumirse de la siguiente forma: una desconfianza radical de la ciudadanía con respecto al gobierno. Se trata de algo nuevo en la historia moderna de Puerto Rico. Nunca antes se había propagado por todo el tejido social una desconfianza con una dimensión tan abarcadora. Esta desconfianza es el resultado de tres factores principales: la desvinculación del gobierno con relación a las necesidades de la población, la política de austeridad y la expansión de la corrupción por todas actividades del estado. Además, treinta años de política neoliberal bipartidista han debilitado las instituciones gubernamentales haciéndolas inefectivas e inoperantes ante los desastres naturales. Si a la política neoliberal se le añaden los efectos de la JCF, lejos de resolver los problemas, lo que se ha visto es una intensificación de todos ellos.

Por consiguiente, en la respuesta social ante los temblores del suroeste se ha expresado inevitablemente una tensión entre dos tendencias difíciles de armonizar: la ineficacia de un gobierno institucionalmente debilitado y la implacable desconfianza de la población con relación a ese gobierno. Las profundas contradicciones entre ambas tendencias se manifiesta en los múltiples campamentos que han surgido en el área afectada y en la formas en que se maneja la ayuda a las familias necesitadas. Los esfuerzos de organizaciones comunitarias y sociales en la recolección de ayuda no confían en ninguna institución gubernamental para canalizar las provisiones y materiales de auxilio. 

Para empeorar esta compleja situación que entraña un caos inevitable, se ha dado a conocer este pasado fin de semana la existencia de un almacén repleto de provisiones cuya existencia se remonta al huracán María. Después de más de dos semanas de sufrimiento en el suroeste se descubre un enorme depósito de suministros, algunos ya inservibles y otros que pudieron aliviar necesidades en el desastre actual. Todos inutilizados desde el huracán María, cuando hubo muertes debido a la falta de energía y de abastos necesarios. Se repite la insensibilidad. La indignación ha obligado a la gobernadora a destituir a Carlos Acevedo, comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, a Glorimar Andújar, secretaria del Departamento de la Familia, y a Fernando Gil Ensegnat, secretario del Departamento de la Vivienda. Si la desconfianza ya había alcanzado niveles inmanejables, ahora solo falta que en la imaginación del pueblo quede atada esta desvergüenza con la política que ha movilizado la insensibilidad: el neoliberalismo. Los desastres naturales, por el contrario, exigen respuestas colectivas y formas públicas de solidaridad. ¿Se acercará la hora de ajustar cuentas con la política de las privatizaciones y de la corrupción? 

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