Mirada al País: Urge Una Nueva Política Pública de Producción Agrícola

 

Especial para CLARIDAD

A propósito del desarrollo de la actual temporada de huracanes, con registro de incidencia récord, repasaba en estos días una interesante columna con el título “What can you eat if you are living a 1.5 degree lifestyle” de Lloyd Alter (Home & Garden, 9 de enero de 2020). El artículo hace una reflexión sobre el ajuste necesario que cada uno de nosotros tiene que hacer para modificar los estilos de vida cotidianos de manera de poder reducir la llamada “huella del carbono” y en consecuencia colaborar en el control del calentamiento global. Las Naciones Unidas (ONU) han propuesto que para prevenir que la temperatura global exceda el umbral de dos grados centígrados en relación con la temperatura promedio del período preindustrial, es imprescindible controlar las emisiones de gases de invernadero y la deforestación masiva en el Planeta. Esa meta es extremadamente retante y requiere que durante los próximos 10 años hagamos, colectivamente, cambios profundos en las maneras de producir bienes y servicios. A partir del año 2030 si no se hacen ajustes drásticos, el impacto global del calentamiento se tornará irreversible con consecuencias potencialmente desastrosas. Se estima que cada uno de nosotros producimos en promedio, cerca de 2.5 toneladas métricas de gases de invernadero este año. Una porción importante de esa producción de gases está asociada directamente a la producción y consumo de alimentos. Las implicaciones de esta realidad relativa requieren ajustes sistemáticos, coordinados y agresivos de diferentes políticas públicas, incluyendo la agrícola.

Como todos sabemos, Puerto Rico importa más del 80% de los bienes de consumo que proveen para nuestra nutrición. Estos productos provienen de todas partes del Mundo, incluyendo de los EE.UU., y en su inmensa mayoría, la estructura de este mercado está controlado por conglomerados corporativos que conforman un oligopolio. Las oligarquías corporativas que controlan y subordinan los poderes políticos y sus representantes en los EE.UU. y Puerto Rico, incluye, además de la agroindustria, a los bancos y estructuras financieras, a las farmacéuticas, al complejo militar industrial, a los conglomerados de energía y a los de la industria de medios de comunicación. Todas estas corporaciones oligárquicas operan el mercado global de forma coordinada para asegurar su continuo y desproporcionado enriquecimiento, independientemente del impacto social que esas estructuras generan con pobreza e inequidad para billones de seres humanos, sino también del impacto sobre el ambiente y la naturaleza a escala global. En el tema concreto de la alimentación, las corporaciones agroindustriales auspician una agricultura sostenida en el uso de agentes y sustancias químicas, como fertilizantes, plaguicidas y preservativos cuya ingesta resulta tóxica a la salud humana, a la salud de los ecosistemas y a la calidad de las fuentes de agua. En la producción de carnes y productos derivados de animales la agroindustria depende grandemente de la utilización de antibióticos y hormonas cuyo efecto residual incide en la ingesta de los seres humanos que consumen estos productos. Esta producción agroindustrial está sostenida, además, por la producción de plantas y animales genéticamente modificados cuyo impacto sobre todas las formas de vida del Plante todavía son inciertos, pero altamente preocupantes.

Redefinir nuestros estilos de vida para conformarlos a un nuevo paradigma alternativo a la realidad climática en la que estamos viviendo, requiere de procesos políticos apoyados en una profunda discusión y análisis de los fundamentos científicos sobre los cuales debe descansar nuestra nutrición. En la literatura científica se hace una distinción entre lo que es nutrición y lo que es alimentación. Este último concepto se interpreta como el proceso de ingesta de alimentos, pero lo que constituye “alimento” ordinariamente se comunica como productos que contienen proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, y que relacionan en una pirámide alimentaria. La nutrición, en un sentido más estricto, se refiere a los procesos que ocurren en el cuerpo humano después de la ingesta de esos alimentos. La literatura sobre nutrición nos educa sobre los procesos bioquímicos y fisiológicos que se llevan a cabo en el metabolismo de los compuestos y sustancias que ingerimos. Sin embargo, lo que pocas veces no se nos comunica es que en los alimentos que produce la agroindustria vienen acompañados de concentraciones altas y peligrosas de los compuestos tóxicos que arriba mencionamos. No tengo duda que la alta incidencia de patologías de cáncer, de diabetes, de disfunción de órganos como el hígado, el páncreas, la próstata, el colon y el cerebro, para mencionar algunos, están estrechamente asociados a la ingesta de estos tóxicos que acompañan a los alimentos que consumimos. La frase lapidaria que “uno es lo que come” describe lo antes dicho.

Se supone que los objetivos de una sana alimentación produzcan una nutrición que (1) promueva la salud; (2) reduzca el riesgo de desarrollar alguna patología que comprometan el funcionamiento del organismo; y, (3) que ayude a controlar enfermedades o condiciones congénitas o degenerativas. La discusión pública que se ha generado recientemente para prohibir el uso de la familia de plaguicidas de los glifosatos (Round Up, entre otras marcas), ejemplifica la pertinencia y urgencia de esta preocupación. Sin embargo, la política pública vigente en Puerto Rico sobre importación, consumo y producción local de alimentos está sostenida en esa visión neoliberal obtusa en la que se promueve la agroindustria. En más de una ocasión he escuchado al actual secretario de agricultura favorecer la utilización del glifosato y, de paso, el apoyo institucional de su agencia a las actividades de las corporaciones industriales que realizan experimentación y producción de semillas genéticamente modificadas en, al menos, 5 municipios en Puerto Rico. Desde hace más de 30 años, estas empresas semilleras han estado establecidas en Puerto Rico a las que se le han concedido muchos beneficios e incentivos para su desarrollo. Cerca de 9 de estas corporaciones multinacionales se han beneficiado por exenciones contributiva y otros subsidios que se incrementaron con la vigente Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico (Ley 62 del 10 de agosto de 2009).

Las semilleras, aunque están codificadas e inscritas en el Departamento de Estado como corporaciones industriales, reciben beneficios, como entes agrícolas, aprovechándose, gratuitamente, de las particularidades climáticas e hidrológicas del País. Syngenta, por ejemplo, reclama que su programa de investigación y desarrollo de semillas transgénicas o genéticamente modificadas, lo siguiente: “Thanks to a climate that can accommodate 52 weeks of planting and harvesting each year, Puerto Rico is an ideal environment for seeds R&D protocols. In fact, more than 85 percent of the commercial biotech seeds throughout the world pass through Puerto Rico, says Beatriz Carrión, executive director of the Puerto Rico Agricultural Biotechnology Industry Association (PRABIA)”(Syngenta Thrive Summer 2018, Syngenta Seed Program Weathers Storm in Puerto Rico). Esta corporación multinacional suiza, Syngenta, es la que produce el herbicida conocido como atrazina, cuyo uso está prohibido en la Comunidad Europea pero que se utiliza intensamente en los EE.UU. y otros países, incluyendo a Puerto Rico. Según el Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS), al 2001 la atrazina, considerado un “endocrine disruptor”, es el compuesto más comúnmente detectado como contaminante del agua potable de los EE.UU..

Me resulta preocupante el que la visión neoliberal que persiguen las corporaciones agroindustriales esté insertada en la filosofía educativa de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Durante las últimas décadas, la Facultad de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez ha incorporado, en la formación de los científicos de la agricultura, nuestros agrónomos, la formación y capacitación para hacer operacional la biotecnología agrícola como medio de producción de alimentos en Puerto Rico. Históricamente la Facultad de Ciencias Agrícolas ha estado matizada por el pensamiento y la visión de la agroindustria siguiendo, primordialmente el modelo de producción corporativo de los EE.UU.. Allí se ha enseñado las prácticas y métodos de producción agrícola norteamericano y las ciencias y el arte de esa producción se ha trabajado para los productos tropicales que se cultivan en nuestro País. Y esta experiencia se ha acumulado desde 1911, cuando se fundó el Colegio de Agricultura como una Facultad de la UPR de Río Piedras y que, con el paso del siglo 20, se constituyó en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez. Por décadas la actividad pedagógica del Colegio se centralizó en la producción de caña de azúcar y, paralelamente, para el desarrollo de productos tropicales y agropecuarios. Alrededor de esa actividad se construyó una infraestructura educativa que incluye, entre otros, 7 Estaciones Experimentales que operan con miles de cuerdas de terreno en llanos costeros y en la montaña, y que cuenta, además, con un Servicio de Extensión Agrícola que lleva el conocimiento y técnica a todos los centros de producción agrícola del País.

Toda esta estructura, que opera en la UPR, constituye uno de los activos de capital intelectual, científico y técnico, con el que cuenta Puerto Rico para su pleno desarrollo. Resulta clave el que la filosofía educativa, la visión y enfoque que, como País demos a esa Facultad de Ciencias Agrícolas, se oriente a la presente y futura realidad ambiental, social y económica que reclaman estos tiempos. Necesitamos alimentación sana y nutrición segura. Necesitamos un clima y un ecosistema terrestre sano y que propicie la salud de todos los organismos vivos. Y esta aspiración tiene que articularse como proyecto de País y como proyecto de formación de los profesionales de las Ciencias Agrícolas.

He escuchado decir, a agrónomos recién graduados, que no visualizan otro mercado laboral para ejercer su profesión que no sea en alguna de las empresas que producen semillas genéticamente modificadas en Puerto Rico. La posibilidad de promover la agricultura alternativa, la agricultura orgánica, la que no depende de productos sintéticos para controlar las plagas y fertilizar la tierra, la que produce alimentos sanos, nutritivos y saludables, la que es indispensable para asegurar el control del calentamiento del Planeta, la que posibilita una relación armónica con los ecosistemas, esa alternativa no es parte de la política pública para la producción de alimentos en Puerto Rico y tampoco lo es para la UPR.

Estas circunstancias tienen que transformarse. Siento que los nuevos funcionarios electos que van a participar del proceso legislativo tienen una oportunidad histórica para articular, desde la Asamblea Legislativa, una nueva política agrícola para el País. Si la gestión legislativa se acompaña con un activismo y respaldo popular, estimulado por el liderato de los llamados Millenials, de los extraordinarios líderes comunitarios que se han gestado en la superación de las recientes calamidades que ha abrumado al País, de aquellos que tomaron las calles para exigir un profundo cambio político en el verano 2019, con toda esa gente, como columna, empujando y reclamando ese cambio de paradigma, el futuro inmediato se nos tornará más esperanzador, más luminoso. Esa nueva ‘semilla’ para una agricultura agroecológica, para una semilla sana y productiva, la debemos desarrollar en conjunto de lo intereses del Pueblo y no de las corporaciones oligárquicas. Movilicémonos para que no nos aborten nuestro futuro. Para que no nos ocurra lo que le preocupaba a Bob Marley, como decía en su canción: “Every time I plant a seed, He say kill it before it grow, he say kill it before they grow”.

 

 

 

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