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Mirada al País:“Herederos Forzosos”… de Deudas y Desasosiegos

 

Especial para CLARIDAD

El drama de incertidumbre y temor para los vecinos del suroeste de Puerto Rico comenzó el sábado 28 de diciembre de 2019. Temprano en horas de la noche se produjo un terremoto de magnitud 4.7 que puso en alerta a toda a región entre Ponce y Cabo Rojo. Pocas horas después se produjo un sismo más fuerte, de magnitud 5.0, que activó la alarma de preocupación pues este estremeció todos los municipios del litoral de forma dramática. Este segundo sismo fue seguido de varios otros de menor magnitud, pero sentidos hasta el que ocurrió en la madrugada del Día de Reyes del 2020 con una magnitud de 5.8 el cual fue sentido en todo el País. Este terremoto cambió a todo el País el tono de la festividad de la Fiesta de Reyes. Sin habernos repuesto de esta experiencia, en la madrugada del día del 7 de enero se produjo el sismo de magnitud 6.4 que fue seguido 10minutos más tarde por otro de 5.6, y otro más de 5.0. Unos 15 minutos más tarde. Durante casi media hora de esa madrugada del 7 de enero, la tierra del suroeste se estremeció con violencia causando gran destrucción física en edificios e infraestructura y marcó a cientos de miles de compatriotas con una experiencia de terror y desasosiego de la cual muchos aún no se sobreponen. Catorce meses después la tierra del suroeste sigue muy activa sísmicamente.

De la experiencia de la reciente actividad sísmica, guardo con profunda preocupación dos circunstancias particulares: 1) el escenario del colapso estructural de la escuela intermedia de Guánica, Agripina Seda; y 2) el daño estructural a la planta termoeléctrica Costa Sur en Guayanilla. En relación con el plantel escolar, el mismo estaba supuesto a estar ocupado en la mañana del 8 de enero de 2020 por la facultad y el personal no docente que estaría preparando las aulas para recibir los cientos de niños y jóvenes escolares el viernes 10 de enero. Tal como ocurría en esta escuela en Guánica, una preparación similar estaba ocurriendo en otras docenas de escuelas para recibir a miles de niños y jóvenes escolares de esa región. La diferencia entre el terrible desastre sufrido y una catástrofe mayor por pérdidas humanas, la marcó una diferencia temporal de menos de 24 a 72 horas de la ocurrencia de los sismos mayores. Ciertamente fuimos afortunados en esa ocasión de no ser testigos de tan terrible calamidad. Al momento que escribimos estas líneas, nos encontramos a pocos días de que comience en más de un centenar de escuelas en Puerto Rico, la enseñanza escolar presencial después de una pausa de casi un año como resultado de los efectos de la pandemia del COVID-19. Eventualmente estos niños y jóvenes que paulatinamente comenzarán sus clases presenciales lo harán en cientos de escuelas que no son sísmicamente resistentes, que están comprometidas estructuralmente resultado de diseños arquitectónicos incorrectos, de pobre o ningún mantenimiento estructural, de obsolescencia por la longevidad de las estructuras o por su ubicación en o cercano a fallas geológicas activas o colocadas sobre terrenos poco competentes para asimilar y resistir movimientos fuertes de tierra.

A más de un año del fuerte terremoto del 7 de enero de 2020 el gobierno de Puerto Rico no parece haber llevado a cabo gestión proactiva para comenzar a corregir y superar la vulnerabilidad que plantean las instalaciones escolares que albergan a cientos de miles de niños, jóvenes, maestros y personal de apoyo a la decencia. Es decir, el acerbo de capital humano más importante de la nación puertorriqueña se desenvuelve cotidianamente en la gestión de formación intelectual y académica en un ambiente altamente vulnerable y susceptible a desastres y catástrofes. Esta indolencia no resulta de falta de conocimiento científico o técnico, ni siquiera de insuficiencia de capacidad financiera pues se conoce el problema hace décadas, se cuenta con la capacidad técnica para auditarlo y resolverlo, y se cuenta con la capacidad financiera para comenzar los procesos de ingeniería y realizar la reconstrucción de la infraestructura de planteles escolares para la educación de nuestros niños.

Al igual que las escuelas averiadas, los sismos de enero de 2020 causaron un gran daño estructural a la termoeléctrica de Costa Sur. Esta instalación de generación de electricidad tiene la capacidad de producir, casi el 25% de toda la energía eléctrica que se consumen en Puerto Rico. Esta termoeléctrica se comenzó a construir en 1955 como un componente para dar apoyo al complejo petroquímico que, para esa fecha, se comenzaba a desarrollar en los llanos del litoral costero entre Peñuelas y Guayanilla. En el 1958, la termoeléctrica comenzó a producir electricidad con una planta de 44 megavatios (MWh). La refinería de petróleo Commonwealth Oil Refining Co. (CORCO), suplía el combustible mediante tuberías a Costa Sur. Bajo el título “CORCO y AFF SON LOS MEJORES CLIENTES; Combustible Para Energía, Energía Para Combustible”, la petroquímica resaltaba la relación corporativa de “simbiosis” entre el ente público y privado (CORCO Habla-invierno 1969, Núm. 3; pág. 4). Esta relación entre petroquímicas y generación de electricidad se reprodujo también en las instalaciones de la petroquímica en Guayama y el complejo termoeléctrico de Aguirre en Salinas, así como la petroquímica de CAPECO en Guaynabo-Cataño y las termoeléctricas de Palo Seco en Toa Baja y Planta de San Juan en Puerto Nuevo.

Según fue ampliándose la CORCO y el complejo petroquímico asociado, Costa Sur se fue ampliando en su capacidad de producción de electricidad (Historia de la Autoridad de Energía Eléctrica- Implantación de los Sistemas de Luz y Fuerza en Puerto Rico, 1893-1993; Eugenio Latimer; 1997). La primera gran ampliación de Costa Sur a 270 MWh, se llevó a cabo para viabilizar el establecimiento del complejo petroquímico de la Union Carbide Caribe (UCC) en la Bahía de Peñuelas. Según se fueron instalando nuevas petroquímicas en esa región, se fueron añadiendo unidades a Costa Sur hasta que se instalaron la número 5 en septiembre de 1972 y la número 6 en septiembre de 1973, a un costo de $116 millones por ambas unidades, dólares de entonces. Las unidades 5 y 6 tenían capacidad de 410 MWh cada una, lo que elevó la capacidad de esa instalación a 1,083 MWh.

Es interesante, desde el punto de vista histórico, la propaganda mediática para la promoción de los complejos petroquímicos para la década del 1950 y 1960. En el 1956 el periódico The New York Times destacaba en un titular, en un tono paradójico, lo siguiente: “PUERTO RICO WINS CHEMICAL PROJECT; Union Carbide to Build Big Plant to Make Antifrezze Agent on Tropical Isle To Use Refinery Gases (New York Times; 22 de junio, 1956, pág. 30). Sin embargo, lo que no era paradójico para UCC es que, para esta empresa, su planta en Peñuelas (que ellos identificaban como en Ponce) tomaba como ventaja competitiva tres factores primarios; 1) bajo costo de la materia prima extranjera (nafta); 2) un bajo costo de energía eléctrica asegurado de “medio centavo por kilovatio hora (kwh)”; y, 3) diecisiete años de exención contributiva sobre la ganancia (“17 years tax holiday”) [A History of Union Carbide Corporation; 1890-1990; 1998, pág. 99]. Según la UCC, esa instalación en Peñuelas constituía el proyecto más grande de la industria petroquímica en el mundo, capaz de producir, hasta 4 billones de libras de productos por año. Póngale el lector cualquier valor monetario por libra a esa producción multibillonaria y podrá tener una idea de la magnitud de la ganancia de esa instalación industrial, que no pagaba contribuciones sobre la guanacia, que compraba la energía subsidiada a medio centavo kwh y que producía una inmensa contaminación atmosféricas a los suelos, a las aguas del litoral, contaminación que aún prevalece en el subsuelo y en los acuíferos donde la empresa operó. Durante muchos años la UCC fue el cliente industrial de la AEE de mayor consumo, seguido de cerca por otras instalaciones petroquímica, incluyendo la CORCO. Todas industrias pesadas cerraron operaciones, pero aún seguimos con la misma infraestructura de producción de electricidad a base de quema de combustibles fósiles.

La secuencia sísmica en el suroeste durante diciembre de 2019 y enero de 2020 está relacionada a varias fallas geológicas que se activaron recientemente. Los geólogos sospechaban de la presencia de estas fallas estructurales en la roca bajo tierra entre Guánica y Cabo Rojo, discurriendo por el sur del valle de Lajas y otras que discurren al sur de Guánica, de Guayanilla y Ponce proyectándose desde el lecho marino en diferentes direcciones tierra adentro. El sismo de 6.4 del 7 de enero ocurrió a una profundidad de seis millas bajo el fondo marino con un foco a pocas millas al sur de Guayanilla. Dado su relativa poca profundidad, la naturaleza y tipo de suelo y subsuelo de depósitos de aluvión y terrenos de pantanos rellenados, y la cercanía del epicentro a las áreas pobladas, la energía liberada tuvo poca oportunidad de atenuación y se recibió con gran fuerza en la superficie de los municipios afectados. Esto explica la magnitud y extensión geográfica de los daños estructurales que se observaron. En el caso del área urbana de Guánica, por ejemplo, esta se ubica sobre depósitos de materiales de deposición por descargas de inundación que se denominan técnicamente aluviones, los cuales, por su composición física y su relativo alto nivel de saturación de agua, tienden a amplificar varias veces las ondas sísmicas. Esto ayudo provocar los graves daños a los cientos de estructuras de residencias y comercios en ese sector.

Por otro lado, los terrenos donde ubican Costa Sur, la termoeléctrica que opera con gas natural, EcoEléctrica y el sector del litoral costero del complejo de tanques de almacenamiento de combustible de lo que fuera el complejo petroquímico en Peñuelas, están constituido por relleno que se depositaron sobre antiguos manglares que ubicaban en esa costa, todo lo cual lo hace altamente vulnerable a amplificación de ondas sísmicas. Aunque, afortunadamente no ocurrió, todo el litoral costero que fue afectado por los terremotos está también altamente susceptibles al impacto de tsunamis o maremotos que puedan ser inducidos por el movimiento de la estructura geológica producto del sismo o por colapso estructural de la inclinada pendiente rocosa que existe entre la línea de costa de esos municipios y la relativamente cercana de Fosa de Muertos al sur.

La experiencia de los sismos en la región suroeste nos ha hecho evidente la vulnerabilidad a la propiedad pública y privada que facilitan el disfrute de la vida a los municipios del área y al resto del País. Es preocupante no saber aún cuándo y cómo se tornará geológicamente estable esa sección noroeste de la placa del Caribe, pero si he entendido lo que comunican los expertos, las fallas que se han activado en ese sector mantendrán su actividad por muchos años y, probablemente, permanentemente en el tiempo. Hay expertos que indican que, aunque tiene relativa baja probabilidad, no se descarta que en esa región se pueda producir un sismo de magnitud 7, un sismo muchas veces más fuerte que el que nos impacto el 7 de enero de 2020 Visto en este contexto, me produce gran preocupación la inseguridad que plantea todas las estructuras sobre o cercanas a la región suroeste y, en particular, aquellas que van a ofrecer servicios institucionales como son las escuelas, represas y las instalaciones de generación de energía eléctrica. La situación de Guayanilla-Peñuelas me inquieta de forma particular puesto que las instalaciones de Costa Sur y EcoEléctrica están básicamente colocadas sobre o adyacentes a estas nuevas fallas geológicas que discurren a poca profundidad de la superficie del suelo. En las instalaciones de estas termoeléctricas existen tanques de combustibles que suplen la energía fósil para la generación; en esos se incluyen el inmenso tanque de almacenamiento de gas natural que sostiene aún la operación de EcoEléctrica. Cuan do se construyó Costa Sur a partir de 1955 y EcoEléctrica a mediados de los 1990, no se conocía de la existencia de las fallas y su capacidad de actividad sísmica. Siento que, hasta donde conozco, no se le ha prestado atención a este asunto.

En la literatura se le llama herencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja una persona cuando fallece. El Código Civil de Puerto Rico establece la categoría de “herederos forzosos” para proveer la forma en que se disponen los bienes y deudas heredables estableciendo dos categorías primarias generales de estos herederos: 1) los descendientes, refiriéndose a hijos o hijas, o si no hay, a nietos o nietas, y 2) los ascendientes, refiriéndose a los padres, madres, abuelos o abuelas cuando no hay hijos o hijas. Si entendemos este concepto del código a los bienes comunes de la sociedad en su conjunto, todos los puertorriqueños somos herederos forzosos de los bienes y recursos naturales, de la riqueza patrimonial construida, incluyendo la infraestructura, pero también de las deudas públicas contraídas por entes gubernamentales ineficientes, irresponsables y, a veces, corruptos. Y esa deuda pública contraída con bonistas, en su mayoría extranjeros, la negocia a nombre de todos los “herederos forzosos”, las Junta de Control Fiscal cuya negociación validará una jueza también extranjera. Pero no sólo somos y habrá herederos forzosos de bienes y deudas materiales pues también somos herederos de inseguridad, vulnerabilidad, riesgo a desastres por causas naturales y potenciales catástrofes por las mismas circunstancias. Quienes deciden qué hacer y cómo para reducir estas vulnerabilidades heredadas y heredables son los mismos actores que administran los bienes comunes y que gestionan el pago de la deuda también colectiva. En ese proceso y en esas circunstancias se encuentra el bienestar y la calidad de vida de la presente y futuras generaciones de los puertorriqueños. EL estándar y la calidad de vida ejercen una gran influencia en el sentido de felicidad personal y de la felicidad colectiva, de ese estado de grata satisfacción espiritual y física, de esa ausencia de inconvenientes y tropiezos. Depende de todos, pero en particular de los que han asumido función y responsabilidad pública, en especial aquellos que a nombre de todos negocian la deuda y los que redefinen las prioridades de la reconstrucción de la infraestructura, para que procuren el que seamos todos herederos forzosos de bienestar y felicidad. Para que podamos parafrasear como la escritora poeta cuando dijo; “La felicidad es resultado de una serie de concesiones entre los que se quieren”, frase en la novela La Insolación de Carmen Laforet. Que nunca seamos “herederos forzosos” de deudas o desasosiegos…

 

 

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