Por Josefina Pantoja Oquendo/Especial para CLARIDAD
El 16 de mayo se cumplirán dos meses desde que la mayoría del pueblo boricua permanece en los hogares con obligadas y escasas salidas para rellenar el gabinete de la compra y la nevera, las personas que tenemos la posibilidad material de hacerlo. Si algo ha quedado demostrado durante esta pandemia a quienes viven en el espacio sideral y no se habían percatado o le fue más cómodo mirar hacia otro lado, es la gran cantidad de gente que pasa hambre en el país, sin importar que sean participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Aunque el gobierno quiso hacerse el chivo loco, la insistencia de organizaciones como los Comedores Sociales y otras entidades que trabajan con la población afectada, los sindicatos magisteriales, los diversos grupos que promueven los derechos humanos, la ciudadanía consciente, la prensa investigativa seria, así como la demanda presentada en el Tribunal de Primera Instancia, mantuvieron la presión pública y el patético Secretario de Educación tuvo que tragarse sus palabras. Aunque todavía con deficiencias, se inició el proceso de abrir las cocinas de los comedores escolares para distribuir comida.
Con información incierta y contradictoria en ocasiones sobre las pruebas para detectar la enfermedad y el sistema de rastreo para identificar puntos de contagio y tomar medidas que contribuyan a limitar los brotes, el gobierno abrió la puerta para que inicien algunas actividades económicas. Es de todo punto imposible predecir los resultados por las múltiples contradicciones y falta de coincidencia entre las acciones del estado y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este escalón en la lucha contra el Corona Virus nos ha generado otra gran preocupación a algunas organizaciones de mujeres. Al igual que la bandera levantada con relación a la necesidad de dar atención inmediata al mayor riesgo de violencia por haber quedado las sobrevivientes encerradas con el agresor, el planteamiento que ahora traemos se ancla en la falta de perspectiva de género con que la gobernadora Wanda Vázquez y sus grupos asesores de salud y desarrollo económico, han manejado las crisis que ha enfrentado nuestra nación en lo que va del año, sin olvidar a Irma y María en el 2017. Nada que nos sorprenda tratándose de la Lic. Vázquez.
Se trata de las mujeres que han estado en sus casas haciendo lo que la ideología patriarcal no considera trabajo pues no se recibe paga material por ello, pero sin el cual la sociedad colapsaría: cuidando a las niñas y niños, a las personas viejas, con diversidad funcional o enfermas. Son esas fosforitos las que cocinan, alimentan, limpian y en la mayoría de los casos, especialmente cuando son familias monoparentales, retan el miedo al contagio en las filas para hacer compras. Como si fuera poco, les ha tocado hacer de maestras y cuando se trata de estudiantes con diversidad funcional de proveedoras de terapias. La enseñanza de forma remota les ha sumado esta responsabilidad en condiciones muy adversas por la falta de la tecnología necesaria, la complejidad del material y otras condiciones objetivas que escapan al entendimiento de los burócratas. El llamado a laborar plantea un reto para una gran cantidad de esas trabajadoras que no tendrán con quien dejar a las hijas e hijos porque las escuelas y los centros de cuido están cerrados desde el 16 de marzo. Todavía es incierta su apertura en agosto. En el mismo bote están las trabajadoras por cuenta propia; las estilistas, vendedoras, las que se dedican a la limpieza de casas, a la venta y reventa en las calles. También las que rendían labores en pequeñas tiendas y restaurantes, que tendrán grandes dificultades para abrir nuevamente sus puertas. Pero, parecería que ellas no forman parte de “Mi pueblo de Puerto Rico”, como repite de forma hueca la gobernadora cuando se defiende de los desaciertos y acciones inescrupulosas en el manejo de la crisis.
Provenientes de legislación aprobada en Estados Unidos hay algunas licencias y protecciones que se podrían invocar por las trabajadoras y trabajadores cuyos patronos privados emplean menos de 500 personas, de agencias públicas independientemente del número del tamaño e, inclusive, aplica a organizaciones sin fines de lucro. En el caso de patronos con menos de 50 empleados podría haber excepciones si la solidez o viabilidad de la empresa se afecta por la concesión de las licencias. Estas pueden invocarse cuando se está en cuarentena o aislamiento por determinación del gobierno, por recomendación de personal de salud; cuando se tienen los síntomas del COVID-19 y se está en búsqueda de un diagnóstico; para cuidar personas que tienen esas recomendaciones o para cuidar hijas e hijos cuyos escuelas o centros de cuido están cerrados o no disponibles. Las cantidades de salario que se recibirían varían desde la totalidad, si el impacto es causado directamente por la enfermedad, la cuarentena o el asilamiento. También si se trata de una persona empleada a tiempo completo o de forma parcial
Organizaciones como Ayuda Legalde Puerto Ricotienen información disponible. Sin embargo los patronos no se han dado mucha prisa en divulgarla, aun cuando la misma legislacióles obliga a ello. Ni hablar del Departamento del Trabajo que hasta el 2 de mayo tenía más de 239,000 reclamaciones por desempleo para procesar las cuales ha demostrado un fatal desempeño. Las personas reclamantes pueden recibir hasta $600 semanales y los patronos recuperarlos mediante préstamos que podrían eximirse de pago por tratarse de dinero invertido en nómina.
Los llamados incentivos del gobierno de Estados Unidos para la economía de $1,200 y los aprobados en Puerto Rico para las personas que ejercen funciones de primera respuesta ante la epidemia no les vienen mal, aunque son muchas las que todavía no los han visto. Sin embargo se trata de heridas muy grandes para ser cubiertas por una curita. Es necesaria la adopción de medidas para proteger los empleos de las mujeres que no puedan reintegrarse a sus labores mientras no tengan donde dejar a sus hijas e hijos, sean escuelas o centros de cuido. El Departamento de Educación, el Departamento de Salud y otras agencias deben ir elaborando planes para el retorno escolar presencial con las medidas de cuidado necesarias. Los cuentos de horror sobre las clases a distancia, especialmente para estudiantes de Educación Especial, hacen urgente la planificación. Los grupos de tamaño reducido que peritos en Educación siempre han recomendado como apropiados para una mejor enseñanza al posibilitar una mayor individualización, puede ser una buena estrategia. Es el momento de mirar a otras partes del mundo donde lo han hecho bien para que de allí aprendamos y adoptemos a nuestra realidad e idiosincrasia. El manejo del Corona Virus como el de otras cosas ha demostrado que el gobierno de Estados Unidos no es, porque allí lo digan, el que mejor lo hace.
Volviendo al retorno laboral presencial, las trabajadoras y trabajadores debemos estar conscientes de que somos quienes mejor podemos velar por nuestra salud y que los patronos cumplan con su obligación de mantener un ambiente protegido. Denunciarlo si así no fuere es lo que corresponde. Se supone que el Departamento del Trabajo a través de OSHA (Oficina de seguridad en el Trabajo, por sus siglas en inglés), sea la agencia que nos proteja), pero sabemos que hace tiempo el Departamento se alineó con las empresas y compañías. Por otro lado, hago un llamado a las abogadas y abogados, particularmente a especialistas en el área laboral, para que apoyen a las trabajadoras que reclamen las licencias establecidas en la legislación federal para el Corona Virus y que de la forma creativa que les caracteriza recurran también al derecho criollo para defenderlas. Hay que continuar pensando, proponiendo, exigiendo transparencia, denunciando arbitrariedades, entre las que se encuentra obviar el dramático impacto que la pandemia tiene sobre las mujeres.
