¿Acaso no es posible indignarse, o al menos asombrarse, ante noticias como éstas que llegan desde Cataluña?: La Guardia Civil interviene 1,300.000 carteles y material de propaganda sobre el referéndum del 1ro de octubre; la Guardia Civil allana una imprenta y luego un periódico buscando las papeletas del referéndum; en Madrid un juez prohíbe el uso de un auditorio para un acto de apoyo al derecho a decidir de los catalanes; el Gobierno avisa que celebrar un mitin de inicio de campaña puede ser delito; el sistema de Correos ordena a sus empleados no procesar correspondencia del gobierno catalán; la Fiscalía cita a cientos de alcaldes tras éstos apoyar la consulta y amenaza con ordenar el arresto de los que no acudan a la citación.
Todas estas noticias y muchas más muy parecidas se leen en los periódicos españoles pero, aunque parezca, no son de la era franquista, son de ahora, de los tiempos de internet y wasap. La Guardia Civil (que de lo último tiene muy poco) no es aquella de la que escribió Federico García Lorca antes de que lo fusilaran, sino un cuerpo policial de un país integrado a la Unión Europea. En el país de donde provienen estas noticias se supone que esté en vigor una constitución democrática aprobada en 1978, tres años después de la muerte del generalísimo.
Además de estas informaciones sobre la movilización policial, en los periódicos y en la televisión se leen y se escuchan proclamas que también nos hacen recordar la era franquista, como “la indisoluble unidad de España”. Sólo falta el “viva España” que se gritaba con el brazo extendido a cada momento.
Todo ese escarceo, que huele a estado de excepción, lo provoca un llamado a ejercer un derecho que se supone sea el más elemental de todos los que existen en una sociedad democrática: el derecho al voto. La intención de consultar el parecer de los ciudadanos mediante un referéndum, ha sido tachada como “ilegal” por el gobierno de España que, de inmediato, movió a los tribunales que controla para que emitan decretos invalidando leyes aprobadas en Cataluña. A pesar de esos decretos, las autoridades catalanas han seguido hacia adelante en su empeño por celebrar una consulta donde sus ciudadanos voten a favor o en contra de la independencia. La consulta se mantiene convocada para el próximo 1ro de octubre. Si en el referéndum participa la mayoría de la población y el Sí resulta favorecido, se procederá a proclamar la independencia de Cataluña del reino de España.
Antes de aprobar la ley del referéndum, el liderato catalán hizo múltiples esfuerzos por negociar la celebración consensuada de la consulta, como ocurrió recientemente en el Reino Unido en cuanto a la posible independencia de Escocia. Pero frente a esos esfuerzos de la Generalitat catalana se levantó la “indisoluble unidad” del reino proclamada por el gobierno central de Madrid, regentado por el derechista Partido Popular. Las otras fuerzas políticas, con la sola excepción de Podemos, han cerrado filas con el PP, dejando atrás llamados previos al diálogo lanzados por el actual líder del PSOE, Pedro Sánchez.
A diferencia de los demás partidos españoles, que apuestan a la “indisoluble unidad”, Podemos apoyó el “derecho a decidir” de los catalanes desde un principio y más tarde ha condenado las medidas coercitivas desatadas por el Gobierno. De hecho, el acto en el auditorio de Madrid bloqueado por la orden de un juez fue promovido por dirigentes de Podemos, quienes terminaron celebrándolo en el popular barrio de Lavapiés.
Pero, aparte de Podemos, los catalanes están solos. Tanto en España como en Europa se escuchan muy pocas voces condenando la andanada represiva lanzada por el estado español. Tal parece que no les asusta esta burda imitación del franquismo que se pone en práctica cuatro décadas después de la muerte del generalísimo.
La buena noticia es que, en cuanto al pueblo catalán se refiere, el evidente intento de intimidar hasta ahora no ha dado el resultado que busca el gobierno, que no es otro que limitar la participación en la consulta. Según una encuesta divulgada por el diario La Vanguardia el pasado domingo 17 de septiembre, el 70% de los electores se propone votar y, de éstos, el 60% votaría por la independencia. Si ese porcentaje se mantiene y el referéndum no es impedido por la fuerza, la proclamación unilateral de la independencia que se propone hacer el liderato catalán podría ser realidad.
¿Hasta dónde llegará el gobierno español? Mariano Rajoy ha dicho más de una vez de forma tajante que en Cataluña “no habrá referéndum”. Para poner en práctica su dictamen el primer paso fue acudir a los tribunales que controla su partido, como el Constitucional, para que declare inválida la legislación aprobada por el parlamento autonómico catalán. Como esto no le ha sido suficiente, porque que el liderato catalán se plantea la desobediencia civil, procedió a las acciones policiales ya mencionadas con un evidente propósito intimidatorio. También están amenazando con la inhabilitación – que supondría perder el empleo – a los funcionarios públicos catalanes responsables de organizar la consulta.
Si la intimidación y las amenazas no funcionan, ¿cuál será el próximo paso? Otra noticia que circuló fue que los colegios de abogados de Cataluña se están preparando para “atender detenciones masivas”. Esperan que el gobierno central ordene el arresto de cientos o miles de personas buscando impedir que el referéndum se pueda celebrar. Si eso ocurre, España sería el primer estado supuestamente democrático que encarcela a gentes por el “delito” de querer ir a votar o por permitir que otros voten.
¡Vaya democracia!
