Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) capítulo de Puerto Rico también radicó en el Tribunal Superior Sala de San Juan, un mandamos planteando que ni la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ni los Comisionados Electorales del PPD y el PNP tienen potestad legal para posponer ni suspender las elecciones primaristas de este 9 de agosto. La organización considera que esa ha sido una actuación ultra vires que lacera los derechos constitucionales de los electores.
La acción fue radicada, antes de que acabara la noche del domingo, a nombre de la ciudadana Carmen Damaris Quiñones, residente del municipio de Trujillo Alto, quien no pudo ejercer su derecho al voto. El colegio al que fue a votar, Escuela Francisco Prisco Fuentes, estaba cerrado y un funcionario le dijo que podría votar el domingo 16 de agosto.
De acuerdo con los argumentos legales de ACLU, la ley que regula todos los asuntos electorales en Puerto Rico es el Código Electoral de 2020, aprobado el 20 de junio de 2020, Ley 58-2020. En el Artículo 7.10 sobre las Determinaciones y Realización de las Primarias y en el Artículo 7.12, dice que “las primarias que deban realizarse bajo las disposiciones de esta Ley tendrán lugar el primer domingo del mes de junio del año de Elección General”.
Como consecuencia de que el comienzo del año 2020 se vio interrumpido por la pandemia del COVID-19, la Asamblea Legislativa radicó la Resolución Conjunta del Senado 556 que, entre otras cosas, dispuso que las Elecciones Primarias de Ley se celebraran el domingo 9 de agosto de 2020. Esa resolución conjunta, convertida en la Resolución Conjunta 37 del 2020, fue firmada días antes de la fecha pautada por ley para la celebración de las primarias, el 4 de junio de 2020.
Una vez se cambia la fecha de las primarias, el 23 de julio de 2020, la Comisión Estatal de Elecciones revisa el reglamento citado y en su Título II, Sección 2.1 indica que “Las primarias que tengan que ser celebradas bajo las disposiciones de este Reglamento tendrán lugar el domingo, 9 de agosto 2020”.
A juicio de ACLU: “Ninguna de las disposiciones legales que ordenan, ni la Constitución de Puerto Rico, ni el Código Electoral de 2020 ni la Resolución Conjunta 37-2020 le ofrece la prerrogativa a la Comisión Estatal de Elecciones de posponer, suspender, extender o calendarizar las elecciones primarias para otra fecha”.
Más allá de solicitar que se declare inconstitucional el cierre de los colegios y se le ordene a la CEE reanudar las votaciones, la ACLU plantea varios reclamos que van dirigidos a conocer la preparación y los verdaderas razones que llevaron al fracasado proceso. La ACLU solicitó al Tribunal que la Comisión entregue información certificada respecto a los protocolos, reglamentos o cualquier documento interno de Manejo de primarias de Ley; los protocolos, reglamentos o cualquier documento por medio del cual se trabajó el tema de las papeletas desde su proceso de contratación, creación, impresión, empaque, colocación en los camiones hasta los colegios de votación y cualquier información pertinente a este tema que se haya o no mencionado en ese recurso extraordinario;bitácora de manejo, impresión, producción y traslado de papeletas o cualquier otro documento o mecanismo de manejo de información referente a ello.
Sobre los votos ya emitidos, solicita al Tribunal que se custodien las máquinas de escrutinio electrónico, así como las papeletas, para asegurarse de que la democracia quede libre de manchas y sea un proceso más confiable para un electorado ya en desconfianza. Además, que la Comisión explique de manera específica y contundente las formas en que garantizará la pureza y confiabilidad de los procesos de Primarias de Ley a llevarse a cabo el domingo, 16 de agosto de 2020.
Se espera que este martes, 11 de agosto, en la mañana, se celebre una vista mediante videoconferencia ante la juez Rebeca de León Ríos.
