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No culpables Carlos Severino y Urayoán Walker

Foto cortesia: Pedro Adorno

 

En la tarde 21 de septiembre, con la absolución de todos los cargos y la declaración de no culpables por el juez del Tribunal Superior de San Juan Aldo González, llegó a su fin el juicio contra el exrector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el  doctor Carlos Severino Valdés y el expresidente de la Universidad, el doctor Urayoán Walker.

Ambos enfrentaban acusaciones por supuestas violaciones de ley en el proceso de  otorgación de Becas Presidenciales de la UPR. En el caso de Walker, este estaba acusado de tres cargos por violación al artículo 264 del Código Penal, por alegada malversación de fondos, violación al artículo 262 de incumplimiento con el deber y violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), que prohíbe a los servidores públicos utilizar las facultades de su cargo para beneficiar a terceros. Contra  Severino Valdés pesaban dos cargos por violación a la Ley de Ética , tres violaciones a la sección 254 del Código Penal, que prohíbe la intervención indebida en operaciones gubernamentales, y un cargo por  violación al artículo 262 del Código Penal, sobre  incumplimiento del deber.

Horas antes de haberse producido el fallo del juez, la organización ciudadana Vamos lanzó una declaración en la que  urgió a las y a los puertorriqueños a reflexionar sobre el futuro de la Universidad de Puerto Rico,  el futuro de nuestro país, sobre  la manera en que se administra la “justicia” en Puerto Rico y a un compromiso con la verdad frente a los medios de comunicación ante el  uso de estos por personas inescrupulosas.

La declaración de Vamos ofreció  un breve  recuento del modo y las motivaciones político-partidistas que llevaron a las acusaciones por los que describieron como un “puñado de rufianes”.

De entrada, Vamos dejó establecido que el llamado “escándalo” de las becas presidenciales fue una mentira construida y difundida con el fin de privar a la Universidad de un liderato comprometido con defender a la institución frente a la agenda neoliberal para su desmantelamiento. Durante el proceso judicial quedó demostrado que los únicos dos aspirantes a becas presidenciales que la Rectoría de Río Piedras certificó como elegibles para solicitarlas, en efecto, cualificaban para optar por becas. También quedó demostrado que, como Rector, la potestad de Severino se limitaba a canalizar esas solicitudes a la Presidencia y que toda determinación adicional sobre la concesión de las mismas se trataba de un asunto discrecional exclusivo del Comité de Becas de Presidencia.

Vamos  resaltó  que el evento que dio  paso a la cadena de mentiras y verdades torcidas por los responsables de crear falsamente el llamado escándalo tuvo que ver con las lamentables dinámicas de luchas de poder y personalismos que con demasiada frecuencia se tejen al interior de las unidades académicas universitarias. En particular, personas dentro de la Escuela de Derecho de la UPR con hachas que amolar contra el pasado Presidente de la UPR, Lcdo. Antonio García Padilla, se opusieron al nombramiento que hizo el doctor Severino de uno de los dos becarios para ocupar la plaza vacante de bibliotecario de la Escuela de Derecho. Ese nombramiento respondió a que uno de los propósitos de las becas es que los beneficiados se hagan disponibles para trabajar con la Universidad.

Como ese grupo entendía que esa persona, (no obstante estar totalmente cualificada para el puesto pues tenía una maestría en Bibliotecología y otra en Derecho) se convertiría en un aliado del expresidente en las mezquinas luchas internas de poder en esa facultad, promovieron que esta rechazara el nombramiento. Al conocer de la referida objeción al nombramiento, y a pesar de ser su prerrogativa como autoridad nominadora, el rector retiró el nombramiento. El resultado fue que pasaron mas de tres años sin que la Escuela de Derecho pudiera llenar la plaza con otra persona idónea para la posición, lo cual nos dice mucho de las verdaderas prioridades que encierran tales absurdas luchas de poder.

Tanto Vamos  como la defensa del rector denunciaron como un chisme interno en la Escuela de Derecho el asunto de la plaza de bibliotecario, que nada tenía que ver con el programa de becas presidenciales ni con principios de sana administración pública. Ello fue entonces utilizado por el pseudoanalista y profesor universitario, también excandidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Díaz Olivo, para redoblar su campaña de mentiras difamatorias sobre el proceso de otorgación de becas universitarias, fabricando un alegado escándalo, donde nada había. Fue tanta la presión mediática, que la Junta de Gobierno de la UPR terminó destituyendo al presidente de la UPR, Urayoán Walker, y al rector Severino, de manera sumaria.

Durante el proceso judicial, reclamó Vamos, quedó demostrado que nunca hubo una investigación institucional del Programa de Becas Presidenciales, pues solo se investigó de forma selectiva y discriminatoria las becas otorgadas a estudiantes del Recinto de Río Piedras, sin considerar ninguno de los procesos habidos en los otros 10 recintos universitarios. De tal modo, a pesar de que la Universidad otorgó 16 becas, solo esas 2 becas de Río Piedras fueron objeto de investigación. Al respecto, se nombró un comité de tres investigadores que carecían absolutamente de conocimiento alguno de la normativa universitaria (uno de ellos ni siquiera contaba con una licencia de abogado activa) y que hicieron recomendaciones basadas en normas inexistentes y en opiniones de personas sin ningún conocimiento personal de los hechos. Estos cobraron por su informe sobre $165,000, muchísimo más dinero que el recibido por los becarios para su educación.

Ese “informe” original fue objetado por el rector Severino, con lo que la Universidad eventualmente ordenó una investigación a fondo por parte de la exjueza Mercedes Bahuermister, quien gozaba de intachable reputación y había incluso dirigido la Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto Rico. El resultado fue que la Lcda. Bahuermeister exoneró totalmente a Severino de responsabilidad delictiva y de cualesquier falta administrativa. Ese segundo informe fue  acogido por la Junta de Gobierno de la UPR y adoptado como la determinación oficial de la institución.

A pesar de ello, la campaña mediática difamatoria sobre el llamado “escándalo de las becas presidenciales” continuó y el Lcdo. Díaz Olivo incluso tuvo la desfachatez de cuestionar la integridad de la Lcda. Bahuermeister. Ello fue utilizado entonces por carreristas políticos dentro del PNP para prometer que con su llegada al Gobierno habrían de iniciar procedimientos criminales al respecto.

Carlos Severino en entrevista con CLARIDAD 2016. Foto Alina Luciano

Esa promesa de campaña sobre el inicio de una persecución política contra Walker y Severino se cumplió. Al entrar la administración del gobernador Ricardo Rosselló,  la nueva secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, procedió a referir el asunto a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI),  a base del informe original y ocultando el informe exculpatorio adoptado formalmente por la UPR. El caso fue entonces asignado a un grupo de fiscales “independientes”, que incluyó como figura central a la Lcda. Zulma Fuster, esposa del Lcdo. Leo Díaz Urbina (expresidente del PNP) y quien a pesar de sus funciones como fiscal especial nunca ha tenido empacho en continuar participando abiertamente de actividades proselitistas y en campañas políticas del PNP. Así se juntaron el hambre y la glotonería. Por una lado, se incoó un proceso acusatorio con claras motivaciones político-partidistas y, por otro, se instaló una pluma abierta para la generación de ingresos al matrimonio Díaz-Fuster.

La organización Vamos instó a la prensa investigar cuánto se ha gastado el erario público en toda esta persecución política, la cual no dudan que  excede a  la del informe inicial que fuera descartado por la UPR ante su total carencia de méritos. “Ciertamente, la Universidad pudo haber puesto todo ese dinero a buen uso, para beneficio del país y no de personas que han hecho fortuna mamando de la teta gubernamental”.

Expresó, además, esperar que el calvario al que fueron sometidos estos buenos puertorriqueños al menos nos sirva para reflexionar sobre varios asuntos vitales para nuestro pueblo.

Primero, hay que reflexionar sobre el futuro de nuestra Universidad y su importancia para nuestro país. “Reiteramos que un objetivo principal de todo este asunto fue privar a la Universidad de un liderato institucional que ya se había expresado abiertamente en contra de las medidas de austeridad que se contemplaban imponerle a la UPR asumiendo posturas anti neoliberales y en defensa de una Universidad al servicio del país y de sus sectores menos privilegiados”.

Repara en que no era lo mismo para los promotores de esa agenda de desmantelamiento universitario destituir a Walker y Severino por defender a la UPR de las medidas de austeridad y desnaturalización que se avecinaban que el destituirlos por alegadas prácticas ilícitas, destruyendo de paso sus reputaciones y lo construido hasta entonces. Vamos  lamentó que demasiada gente se dejó engañar con tales manipulaciones mediáticas a pesar del demostrado compromiso universitario de los afectados.

Segundo, debemos meditar sobre la forma y manera en que se administra la justicia en Puerto Rico y sobre cómo se han corrompido nuestras instituciones. “¿Podemos darnos el lujo de permitir la utilización del sistema de justicia para promover agendas políticas, sin que ello tenga repercusiones contra quienes corrompen el sistema de ese modo? ¿Continúa el FEI cumpliendo con su misión original? ¿Cómo se escogen los y las fiscales que se contratan para llevar los casos? ¿Qué tipo de comportamiento ético se les debe de exigir para aceptar fungir como fiscales especiales? ¿Podemos darnos el lujo de mantener un país donde este tipo de cosas continúen ocurriendo?

Tercero, pensemos sobre cuánto compromiso con la verdad queda en un país donde, a cambio de aumentar las audiencias, los principales medios de comunicación les entregan sus micrófonos a personas inescrupulosas que se sienten en libertad de mentir y difamar de manera irresponsable  a otras, tales como Díaz Olivo y La Comay? ¿Hasta cuándo continuar vendiendo falsedades seguirá siendo más importante que informar verdades?

Cuarto, ¿cuál es el ejemplo que les dan a sus estudiantes cierto profesorado de la excelsa Escuela de Derecho, cuando anteponen sus peleas de poder e intereses personales  sobre el bienestar institucional, los principios del debido proceso de ley y del trato justo y no discriminación? ¿Cuán comprometidos se encuentran, en general, los miembros de la comunidad universitaria con promover el bien común por encima de sus pequeños intereses inmediatos?

La organización reiteró lanecesidad de reflexionar con honestidad sobre todos estos asuntos antes de que se nos haga demasiado tarde.

 

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