Por Manuel de J. González/CLARIDAD
La virtual parálisis del gobierno de Ricardo Rosselló no es producto de acciones del FBI, ni siquiera de las posibles investigaciones que tanto anuncia ese ente federal. Las únicas personas acusadas por ellos –apenas tres– están relacionados con la Legislatura y su conducta delictiva no fue descubierta por los federales, sino por la prensa puertorriqueña. Fue la periodista Valeria Collazo quien señaló a los empleados fantasmas que luego arrestó el FBI. El gobierno se tambalea, no por las investigaciones, sino por los actos del gran ejército de vividores que, como los gusanos, carcomen sus cimientos.
Desde principios de 2019 el País mira con asombro cómo se desmorona lo que quedaba del gobierno de Ricardo Rosselló. El derrumbe se fue dando mes a mes hasta llegar a velocidades de vértigo a lo largo del mes de junio. El primer gran escándalo del nuevo año fue protagonizado por la estadounidense Julia Keleher, quien había venido a “salvar” nuestro sistema educativo. Aun cuando ésta renunció en medio de múltiples sospechas, Rosselló pretendió dejarla disfrutando de su contrato de $250 mil, el que después canceló una vez la prensa divulgó la investigación que el Departamento de Educación de la metrópolis tenía en curso.
Pero fueron las actuaciones y declaraciones del Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, el último golpe que provocó la implosión de un aparato gubernamental. Maldonado era hasta ese momento la figura principal del actual gobierno. En una administración caracterizada por el amateurismo y la improvisación, proyectaba experiencia y control, por lo que poco a poco se convirtió en su cara más visible. Además de ocupar tres posiciones de las de mayor relevancia –Secretario de Hacienda, Director de Presupuesto y Principal Oficial Financiero– parecía ser el enlace más efectivo en las relaciones del Gobierno con la todopoderosa Junta de Control Fiscal y con la siempre problemática Legislatura. Cuando surgieron los primeros indicios de actos impropios, por contratos cuestionados o por las subcontrataciones a su hijo, Rosselló corrió a reiterarle “su confianza”, como quien se agarra al último clavo que sostenía la estructura.
En medio de especulaciones sobre posibles investigaciones del FBI, Maldonado sorprendió a sus compañeros de gobierno con una visita a la agencia investigativa, que él mismo se encargó de promocionar. Aquello fue un viernes y el lunes la sorpresa se agrandó cuando seleccionó una emisora radial para denunciar que en el departamento que dirige –el más sensible en cuanto a confianza pública se refiere– opera una “mafia institucional” y que él mismo había sido víctima de extorsión por parte de un “alto funcionario de Fortaleza”, es decir, de la Oficina del Gobernador. Hacienda recauda los impuestos, procesa a los evasores y guarda expedientes sensitivos de millones de personas y empresas. Si allí opera una “mafia” todos estamos amenazados. Y si quien denuncia esa operación criminal es la persona que mejor debe conocer el Departamento y es, a la vez, la figura con mayor proyección del gobierno, resulta fácil entender la enorme convulsión pública creada por las declaraciones de Maldonado.
La reacción del gobernador Rosselló avivó el fuego en lugar de aplacarlo. En vez de disponerse a atender el problema que significa una operación criminal en su gobierno –denunciada por alguien que, si no la dirige, al menos la conoce– como en las grandes familias mafiosas apeló a la “lealtad” y sin hacer ningún intento por atender lo denunciado, procedió a destituir de forma sumaria y pública a quien había sido hasta ahora el sostén público de su administración. Lógicamente, sobrevino el derrumbe. Maldonado, por su parte, de viernes a lunes pasó de investigado a “víctima” porque perdió su empleo tras denunciar la corrupción. Así lo proyectó la prensa estadounidense que recogió la noticia y el mismo presidente Trump. Ahora todos lo ven como el principal testigo de cargo o como el cómplice colaborador.
Las especulaciones y filtraciones que se han desatado a partir de aquel lunes llenan varios volúmenes y han ayudado a exponer el actual gobierno como una gran ciénaga de inmundicias. En el centro del lodazal no están los empleados públicos, sino esa plaga que azota desde hace décadas y que de forma genérica conocemos como “contratistas”. Porque un aparato público que desde 2009 hasta el presente ha despedido decenas de miles de trabajadores, y que por alegadas “restricciones presupuestarias” recorta casi hasta la raíz los servicios que debe darle a los ciudadanos, parece tener recursos ilimitados a la hora de dispensar contratos a personas “amigas”.
Es en los contratos donde está la fuente y el estímulo de la corrupción. Durante la administración del primer Rosselló, padre del actual, la corrupción creció a niveles antes insospechados en las contrataciones para sus “grandes obras” financiadas mediante la emisión de deuda, como el Súper Acueducto y el Tren Urbano. Más adelante apareció Luis Fortuño quien repitiendo ad nausean la frase favorita de la derecha estadounidense de que “el gobierno es el problema, no la solución”, hizo de la administración pública un gran festín para políticos y empresarios amigos.
Durante los cuatro años que duró el festín del gobierno de Fortuño, en la fiscalía federal flameaba el manto protector de Rosa Emilia Rodríguez, quien antes se había encargado de asegurarle el triunfo electoral mediante una acusación criminal sin pruebas contra Aníbal Acevedo Vilá. Con el mismo manto protector de la fiscalía federal comenzó el gobierno del segundo Rosselló quien, también igual que Fortuño, tenía controlados los otros posibles foros investigativos como la Oficina de Ética y el Panel del FEI. Quienes dirigen esas oficinas forman, junto a Wanda Vázquez en el Departamento de Justicia y la fiscal federal Rodríguez, un “póker de damas” inexpugnable.
En estos momentos resulta obvio que todo el aparato investigativo federal, desde las oficinas de inspección de cada dependencia hasta el FBI, se está moviendo hacia Puerto Rico instigados por interés del presidenteTrump en particularizar la corrupción aquí. Pero hasta ahora ha sido la prensa puertorriqueña la que ha producido las investigaciones más efectivas y ha señalado a los pocos arrestados. Las actuaciones del FBI hasta ahora se quedan a nivel de “media tour”.
