Muchas personas pensábamos que difícilmente el 2017 podría ser superado en términos de golpes y malas noticias para Puerto Rico y nuestras vidas particulares. Nos equivocamos. Tres meses completos han transcurrido desde que botamos el mal recordado viejo año y rara vez pasa un día sin que una nueva carga sea añadida a nuestras espaldas, se vacíen más los bolsillos y carteras, nos arranquen de un zarpazo derechos que con luchas hemos alcanzado, sea más descarnado el coloniaje en Puerto Rico y aumente el riesgo para el bienestar de las futuras generaciones boricuas. Para comenzar, no tenemos ni pizca de confianza en la información que ofrece el gobierno sobre las negociaciones que lleva a cabo con la Junta de Control Fiscal (JCF), con Estados Unidos o con entidades privadas. El gobernador cambia de discurso, de compromisos, de decisiones, de acuerdo a lo que mejor le convenga, ya sea para salir de una metida de pata suya o de los funcionarios que ha nombrado o porque quiere tener la mejor proyección posible para las elecciones del 2020.
Tres puñaladas nos han sido clavadas recientemente, una tras otra. En primer lugar, la nueva legislación sobre la Educación en Puerto Rico, cuyo objetivo principal es introducir la privatización en el sistema, a pesar del carácter constitucional que ésta tiene y por el cual siempre hemos tenido tanto orgullo. Para manejar la aplanadora que allanará el camino llegó a Puerto Rico la Sra. Julia Keleher, con un salario repulsivo por su cuantía si se compara con el que recibe el magisterio y la precariedad material en el sistema de enseñanza. Llegó el cuco de las escuelas “Charter”, eufemísticamente llamadas ahora “aliadas”, para mitigar su carga negativa y se revivió el fantasma de los vales educativos. Sin embargo, esa misma Secretaria de Educación litiga sin tregua la ubicación de un estudiante con diversidad funcional en una institución privada cuando ha estado fuera de la escuela por meses debido a que el Departamento no tiene el servicio disponible.
La clase trabajadora también ha sido apuñalada nuevamente con legislación laboral anunciada para el sector privado. Sumado a los muchos empleos que se han perdido, se propone eliminarles el bono de Navidad y limitar a siete días las licencias por enfermedad y vacaciones. ¿Qué va a pasar cuando ese tiempo tan corto termine, pero la trabajadora no haya terminado sus quimioterapias; o cuando la madre trabajadora tenga que hacer gestiones de su hija o hijo en la escuela o cuidar al padre enfermo que está hospitalizado? Pero, lo más despreciable es la eliminación de la Ley 80 sobre Despido Injustificado porque le da al patrono una licencia para botar gente, especialmente los de más antigüedad y por lo tanto, con salarios más altos. Las enmiendas deberían ser para viabilizar la reposición en el empleo cuando el despido es injusto, pero la revocación de esta medida de justicia social despojará a la persona perjudicada de tener acceso a representación legal que con la ley pagaba el empleador. Tan nefastos cambios fueron justificados con un aumento en el salario mínimo que añade sal a la herida pues se trata de un peseteo bochornoso. Sobre todo, cuando se anunció coetáneamente con lo que se le pagará a Walter Higgins en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el nuevo gringo que trae la antorcha en la mano para iluminar a Puerto Rico por una compensación que casi alcanza el medio millón de dólares.
El supuesto enfrentamiento entre la JCF y el gobernador por el “extraordinario” propuesto incremento en el mínimo salarial, provocó la virazón del ejecutivo, quien dejó sin efecto los cambios anunciados para el sector privado. Sin embargo, no creo que debamos poner ni un huevo en esa canasta. La intención está sembrada. El trío de puñaladas se completa con la anunciada privatización de la AEE, la presa que tantos están buscando. Las heridas de la más importante industria nacional que tiene Puerto Rico son muchas. Una de las más profundas, al igual que ocurre en el Departamento de Educación, se la ha inferido la ambición de las dos partidos que han gobernado al país, pero hablan y critican como si nunca hubiesen metido la mano y tomado decisiones. Tienen sembradas allí sus claques. Ciertamente se necesitan cambios, pero la solución no es poner la AEE en manos de especuladores. No recuerdo ninguna privatización que nos haya beneficiado. La empresa privada tiene como norte las ganancias. Para muestra cuatro botones: la Telefónica, el aeropuerto, las autopistas, incluyendo el puente Teodoro Moscoso y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuyos malos frutos hicieron necesario revertirla al estado.
Las listas más recientes plantean colocar en manos privadas corporaciones públicas que no tienen dificultades económicas, como el Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Autos, el edificio del Conservatorio de Música de Puerto Rico, el Centro de Bellas Artes, entre otras. Es decir, que también quieren quitarnos de las manos lo que ha sido exitoso o lo que nos identifica como Pueblo. La Universidad de Puerto Rico está en alto riesgo y la Junta Universitaria, cuya composición actual responde a los nombramientos del actual gobierno ya ha tomado decisiones preocupantes sobre el destino que espera a nuestro primer centro docente.
Por otro lado y a pesar de toda la retórica del gobierno con el estribillo de que “Puerto Rico se levanta”, sus agencias no son capaces de hacer bien el trabajo que les corresponde y que pondría a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) sin fines de lucro, que sí han demostrado su capacidad para atender a las poblaciones vulnerables, empobrecidas, golpeadas por la violencia y las secuelas de los huracanes, en condiciones de fortalecer sus servicios. Por ejemplo, el Departamento de la Familia, no ha firmado los contratos con los albergues y otras entidades para sobrevivientes de violencia de género de forma que puedan continuar operaciones sin interrupciones. Esperan por ello desde hace meses. Por otro lado, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de Justicia y otras, han cambiado criterios para asignar algunos fondos provenientes de propuestas, por el mecanismo de reembolso y no de pago adelantado. La mayoría de las ONGs no cuenta con dinero para funcionar de esa manera y esperar largo tiempo y la compleja burocracia que tienen las agencias para devolvérselo. El gobierno se las arregla para vender lo mejor que tenemos, pero no es capaz de mostrar sensibilidad y atender con eficacia asuntos más simples.
Porque no estamos para poner la otra mejilla, nos toca decidir desde nuestras organizaciones pequeñas o grandes, de servicios o activistas, como comunidad o barrio, como familia o persona individual qué vamos a hacer para resistir los golpes, las puñaladas, la falta de transparencia, las mentiras y contradicciones. Creo que debemos unirnos a todos los esfuerzos que surjan; de los sindicatos del sector público o privado, de las diferentes alianzas que se han ido formando; de estudiantes, de las organizaciones de mujeres. Por supuesto que siempre va a haber diferencias y estrategias en las cuales por razones múltiples no podremos involucrarnos, pero más serán aquellas a las que contribuiremos con nuestra presencia. No puede ser sólo a través de las redes sociales que tan importantes son. La presencia física es indispensable. Que nos cuenten y sepan que no somos indiferentes. A falta de un frente lo suficientemente amplio que con gran poder de convocatoria nos junte, dependerá de nuestra buena voluntad, amor por Puerto Rico, apego a los valores de justicia y solidaridad, participar en todo aquello que nos represente como Nación y que nos ayude a salvar esta Patria para el futuro. Es hora de que líderes y lideresas depongan diferencias por el bien común.
