CLARIDAD
El movimiento estudiantil universitario está en pie en defensa del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y en contra del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Junta de Control Fiscal. Luego de aprobado el PC 1003, ahora Ley 53 del 2021, la mayoría de los 11 recintos mantiene algún tipo de manifestación, ya sea huelga o paro.
El representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Rivera Velázquez, confirmó a CLARIDAD que el 28 de octubre, en reunión ordinaria se les “compartió” información de que la ley 53 y el PAD no tendrían ningún impacto en la Universidad.
“Según la Junta, no hay ningún impacto, todo es bien positivo para la UPR. Se va a mantener con los $500 millones de aportación del Gobierno central por los próximos cinco años. Quiere decir que se eliminó la fórmula”, denunció Rivera Velázquez. Agregó que en la reunión se dijo que además habrá una asignación de fondos en dos resoluciones conjuntas, por lo que el presupuesto será 6 % mayor de lo que tenían el año pasado. “Claro, el presupuesto será más grande por los fondos federales, los cuales no son fondos recurrentes”.
La presidenta de la JG, doctora Mayda Velasco Bonilla, mencionó que ella estaba muy contenta porque les dieron $500 millones. “Yo tengo que diferir totalmente de eso. En efecto, $500 millones no dan. Sabemos que para la UPR, el presupuesto, la aportación del Gobierno para este año, es de $501 millones, y estamos operando con un déficit presupuestario. Quiere decir que en los próximos cinco años se va a operar con déficit”, reiteró.
El recorte al presupuesto de la UPR es de un 51 % del presupuesto que tenía en el 2017. La postura que defiende el movimiento estudiantil es que la Asamblea Legislativa debe reafirmar su apoyo para a la UPR, hacerle frente a la JCF y exigirle que le asigne un presupuesto no menor de 800 millones y/o respetar la fórmula de 9.6 %.
El estudiante del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), uno de los más costosos, afirmó que en su recinto han visto la falta de presupuesto, ya que este año recibieron un recorte aproximado de $15 a $16 millones. Las escuelas más afectadas han sido la de Salud Pública y los de los Profesionales de la Salud. “Así que, en efecto, sí estamos viendo los efectos directos de los recortes a nivel de las escuelas, en donde se pueden poner en tela de juicio las acreditaciones de los programas profesionales”.
Aunque el RCM no se ha ido en paro, sus estudiantes sí se han sumado a las manifestaciones frente al Capitolio durante los días en que se debatió el proyecto PC 1003, Ley Habilitadora del PAD.
La presidenta interina de la UPR, doctora Mayra Olavarría Cruz, dio a conocer que está dispuesta a conversar con el liderato estudiantil y a constituir comités de diálogo en cada uno de los recintos, independientemente de si hay paralización o no.
En la última semana de octubre, la mayoría de los recintos se encontraban en paro o en huelga indefinida: Carolina, Río Piedras, Utuado, Cayey, Arecibo, Humacao, Bayamón, Aguadilla y Ponce. Mayagüez se mantenía en huelga indefinida.
Rivera Velázquez indicó que entre los consejos generales de los recintos se han estado dando diálogos dirigidos a adoptar nuevas estrategias, como dirigirse al Congreso de Estados Unidos y a la Casa Blanca para que el presidente Biden cumpla los compromisos que hizo durante la campaña electoral, de enmiendas a la ley PROMESA, de que se declaren los servicios esenciales, de que se incluya a la UPR para asignar un presupuesto que asegure su estabilidad, y “hay mucho movimiento en muchas áreas a beneficio de la Universidad”, reclamó.
Mientras, en el recinto de Río Piedras, a inicios de esta semana continuaban en paro las facultades de Ciencias Naturales, Sociales, Derecho y la Escuela Graduada de Planificación. Se espera que el miércoles se lleve a cabo una asamblea general de estudiantes.
La presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE), Fabiana Marini Martínez, nos indicó que entre las expectativas sobre la asamblea, se esperaba recoger los reclamos de la comunidad universitaria, como el sentir sobre los cursos presenciales, que se reitere la necesidad de la reforma universitaria y la exigencia de un presupuesto robusto y hasta la falta de hospedajes accesibles por el cierre de la llamada Torre Norte.
La presidenta del CGE de Río Piedras coincidió con que la resistencia a que se regrese del todo a las clases presenciales en el recinto responde a la falta de presupuesto. Precisó que el recinto tiene un déficit de $16.9 millones que se está cubriendo con los fondos del American Rescue Plan (ARP). “Eso es lo que ha hecho la administración con esos fondos: los ha utilizado para profesores por contratos para cubrir los cursos. Del déficit de $16 millones, el 6.9 % se ha estado cubriendo con fondos ARP y se ha estado usando particularmente para impartir cursos en línea”. Solo el 7 % de los cursos se están impartiendo de manera presencial.
“Esto significa que reiteramos una vez más que nuestra Universidad no tiene un presupuesto estable y que, por ende, tiene que estar dependiendo de fondos no recurrentes, en este caso, esos fondos federales por el Covid, y a su vez implica que los estudiantes no vamos a tener una oferta presencial mayor porque esos profesores de oferta virtual solo pueden ser contratados para clases virtuales”.
En esa dirección, desmintió las alegaciones de la administración del recinto de que no están utilizando esos fondos como excusa para tapar el déficit, pero que ‘ayudan para poder manejarlos, como anillo al dedo’, reveló le dijeron en una reunión. “Estamos hablando de que si el recinto más grande está en crisis, no me quiero imaginar cómo estarán los pequeños”.
Aclaró que el reclamo del regreso a las clases presenciales no es solo para los estudiantes del recinto, sino que lo es también para la escuela maternal y las escuelas elemental y superior de la UPR. También defendió que las tasas de vacunación (92 %), las medidas de seguridad y protocolos de COVID permiten el regreso a las clases presenciales.
Marini Martínez denunció que el rector Luis A. Ferrao extendió la exigencia de las clases virtuales a las escuelas de la UPR con la excusa del paro estudiantil aun cuando los paros nunca se han extendido a dichas escuelas. Los presidentes de los consejos de estudiantes de las facultades y otros representantes del movimiento estudiantil de Río Piedras esperaban reunirse con el rector antes de la asamblea general de estudiantes pautada para este miércoles, 3 de noviembre.
Las 11 presidencias de los 11 recintos y otros representantes del movimiento estudiantil también interesan reunirse con la presidenta interina y vicepresidencia de la UPR para presentarles sus reclamos. “Queremos saber con mucha urgencia esa proyección fiscal del próximo año con los $500 millones, en la medida que se otorguen (sabemos que no son suficientes), y cómo van a operar los 11 recintos. Nos niegan que vaya a haber un cierre de recintos, pero no saben cómo van a dividir los recursos fiscales para el año próximo”.
Otro de los reclamos que dijo esperaban abordar con la presidencia son los problemas de infraestructura y el que la administración respalde el PS 499 de becas del fondo dotal. Según denunció, la administración entiende que no hay que darles mucho dinero a los estudiantes graduados, sino que las ayudas deben ir a los subgraduados. Describió que los estudiantes graduados están por completo desamparados, no tienen ayuda ni garantía de un salario justo e incluso, ahora mismo, “con un bachillerato tú no haces mucho ni en este país ni en Estados Unidos. Ya te exigen maestría y hasta doctorados. La misma Universidad no quiere profesores sin doctorado, así que mantener todo ese radio científico y base de conocimientos es importante, y sin los estudiantes graduados, los campos se quedan vacíos. Si la oferta no se hace atractiva, nos quedamos sin Universidad”.
La presidenta del CGE del recinto de Río Piedras hizo la observación de que la Administración Central continúa asignándose un presupuesto increíblemente alto mientras que para recintos pequeños como Utuado tienen un presupuesto menor. Señaló que uno de los temas que esperaban abordar en la reunión con la presidencia es discutir qué es lo que se pretende lograr con un proyecto de conciliación administrativa para los recintos de Utuado, Aguadilla y Arecibo. “Queremos ver cuáles van a ser los objetivos de ahorro. En la medida en que no estén claros, no podemos proceder con ningún proyecto piloto. Estaríamos dando peores servicios y arriesgando la retención de estudiantes, porque nadie se quiere quedarse en un lugar donde los servicios no sean eficientes y accesibles”.
Por último, censuró que “en la medida en que la Junta de Gobierno de la UPR celebra los $500 millones porque frenan unos recortes, como si eso fuera suficiente cuando los $500 millones no dan, nos damos cuenta que esos administradores no responden a nadie, nada más que a ellos mismos y al gobierno de turno”.
