No hay garantía de seguridad en las escuelas del País

Por Giancarlo Vázquez López / CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

¿Qué es una emergencia internacional?

Esta semana abrirán 187 escuelas. Las clases comienzan poco a poco. Todo aparenta una vuelta a la normalidad, pero el Departamento de Educación (DE) no ha presentado un plan de seguridad alterno para las comunidades escolares alrededor de la Isla. 

Como mucho, se han efectuado casas abiertas en algunos planteles para discutir los informes completos, los hallazgos, recomendaciones y cuándo se van a implantar esas recomendaciones. Sin embargo, a un mes del temblor que nos estremeció a todos la madrugada del 7 de enero, los maestros no han recibido un solo taller para manejo de desastres. 

Por tal razón, hace unas semanas el Frente Amplio en Defensa de la Educación (FADEP) realizó una conferencia de prensa en la que presentó distintas propuestas para garantizar la seguridad de los estudiantes, maestros y demás personal.

Solamente han abierto cerca de un 32%, quizás un poco más, considerando las 187 “parcialmente aptas” que abren esta semana, del total de las escuelas. Mercedes Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) criticó que esto ha sido así por la falta de visión del secretario de Educación, Eligio Hernández.

Según expuso Padilla, el DE no ha provisto la lista de las 500 escuelas que fueron reparadas entre los años 2002-2003 por tener la deficiencia de columna corta. Se invirtieron billones. De haber sido identificadas e inspeccionadas inmediatamente después del terremoto, tal vez las clases habrían comenzado ya en toda la isla.

“Los estudiantes de las escuelas con la deficiencia de columna corta sin corregir pudieron haber sido reubicados en uno de esos 500 planteles en horarios interlocking entre las dos comunidades”, sugirió. Después de todo, mitigar la deficiencia de columna corta puede tomar de seis a ocho semanas, según ha dicho el Cuerpo de Ingenieros. 

Mas allá de los proyectos realizados por las organizaciones comunitarias y maestros en su carácter personal, el DE no ha hecho nada. Padilla enfatizó en la falta de voluntad para abrir las escuelas y atribuyó tanto desdén a la agenda neoliberal que se quiere imponer en la Isla.

Las propuestas alternativas que han surgido tras el atraso en el inicio de clases tienen el objetivo de devolver a “algún tipo de normalidad” a los niños después de un desastre. Tales iniciativas son escuelas no tradicionales que trabajan con la seguridad y la confianza de cada estudiante en sí mismo. Son proyectos a corto plazo, pero son una alternativa para aquellos niños que llevan en sus casas un mes y no han recibido una respuesta del Gobierno. 

Padilla considera que a corto plazo el Gobierno pudo haber empezado en las escuelas que tenían columna corta reforzada. Estas debieron ser las primeras inspeccionadas por los ingenieros que están cobrando miles de dólares.

Explicó que de esas 500 escuelas habría que identificar las que están fuera del área de los epicentros. Una vez identificadas, ver cuáles están abiertas y cuáles cerradas e iniciar las clases en las que están abiertas y volver a inspeccionar las cerradas para reabrirlas y acondicionarlas. Las que estén en el sur, inspeccionarlas para ver si no han sufrido daños por los movimientos telúricos. De no estar aptas, los niños pasarían a escuelas receptoras en los pueblos más cercanos, con el Departamento proveyendo la transportación para esos estudiantes en lo que mitigan las deficiencias en sus respectivos planteles.  

Otra alternativa a corto plazo es identificar espacios seguros en todos los municipios y establecer campamentos mediante carpas al aire libre o carpas con aire acondicionado y piso, para niños con diversidad funcional que necesitan estar en un espacio cómodo. 

La directora de la Escuela Áurea E. Quiles, en Guánica, consiguió carpas, un solar, equipo, meriendas e hizo un censo de todos los estudiantes de su escuela, lo que no ha hecho el Departamento de Educación. El censo fue realizado el 31 de enero. Llegaron cerca de 252 estudiantes y tiene esa alternativa para iniciar las clases como debe ser. Mientras tanto, el secretario no le ha dado el visto bueno esperando a que los alcaldes sean los que certifiquen cuándo.

“Debe haber una alianza entre alcaldes y el Departamento, pero las escuelas no son municipales. Si tienes una directora que tiene todo identificado, ¿por qué no le permites iniciar?”, cuestionó Padilla. 

En todo este tiempo el DE no ha convocado a todas las facultades del país. Personal docente, no docente y administrativo no han sido preparados. Los adiestramientos para el manejo de desastres requieren tiempo, pero ayudan a salvar vidas. A su vez les da la seguridad a padres y madres de que se está trabajando.

En un mes pudieron haber ofrecido talleres de manejo de desastre, de primero auxilios, elegir los comités de seguridad por plantel y verificar cuáles son los planes de emergencia ante eventos sismológicos y actualizarlos. La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) pudo haber ofrecido orientación de la ruta de desalojo de los municipios para que los maestros puedan identificar los puntos de encuentros; hacer un censo de estudiantes para saber las condiciones en que se encuentran, sus necesidades y para informarles cuando empezarían la escuela, preparar mociones de emergencia y organizar asambleas de padres. 

Padilla explicó que lo anterior el Departamento pudo haberlo hecho estableciendo un calendario de talleres y reuniendo al personal en una universidad, por ejemplo. 

Sobre el atraso en el comienzo de clases en otras regiones mencionó que no se trata meramente de abrir las escuelas menos afectadas, sino que lo que exigen los maestros es que se abran las escuelas, pero de manera segura. Una escuela de Caguas se debilitó completa a raíz del sismo que ocurrió martes por la mañana. 

“Se repite la situación luego de María cuando Julia Keleher se negaba a abrir las escuelas, incluso estando listas. Ahora, el secretario sabe que hay unas escuelas sismorresistentes y no dice cuáles son. Son lo mismo, el mismo gobierno, la misma política”. 

Transcripciones y  estudiantes de cuarto año

Se supone que los estudiantes de cuarto año hayan solicitado admisión a las universidades a finales de diciembre, si no, ahora en enero. El DE tiene acceso al Sistema de Identificación Estudiantil (SIE) donde están todas las notas de los estudiantes hasta el momento y que se utilizan para las transcripciones de crédito. 

“Es cuestión de que el DE llame y convoque a todos los directores para que impriman las notas de los estudiantes, provean las transcripciones de crédito y puedan enviarlas oficialmente a las universidades, pero ni eso han hecho”, reclamó. 

El secretario ha dicho que los estudiantes no se van a afectar y que estarán “cumpliendo con unos módulos”. El promedio que se contempla es el de la ejecución hasta enero, por lo que se supone que no se vean afectados para poder solicitar admisión en las universidades.

“Habría entonces que reforzar esas destrezas, que en este tiempo se les daba y que eran importantes para el College Board, a los que no lo han cogido”, dijo por su parte Elba Aponte, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR). 

Casas abiertas, una falta de respeto 

El Departamento ha celebrado unas casas abiertas que Padilla calificó como un proceso ni formal, ni serio. En voz de la FMPR, su presidenta exigió que sean asambleas a las que madres padres o encargados sean convocados a una hora determinada para discutir el informe con los hallazgos, recomendaciones y planes de mitigación; que se presente el comité de seguridad, un plan de desalojo, que se discuta cuáles son las mochilas de emergencia, que se evalúen las organizaciones escolares con más de 25 niños por salón para reducirlas, que se verifique si todos los salones tienen dos puertas, que si la escuela tiene la deficiencia de columna corta se exija que no inicien las clases en ese plantel y se busque uno sismorresistente. 

Algunos directores han hecho asambleas por su cuenta para garantizar serenidad en la comunidad escolar. Pero han sido los menos. Padilla ofreció como ejemplo la Escuela Pablo Casals, en Bayamón, y la Escuela Ecológica de Dorado. 

Concluyó que esta situación ha demostrado la verdadera cara del Gobierno de Puerto Rico y la poca importancia que le tienen al sistema público de enseñanza y a la niñez del país. 

“El FADEP ha enviado cartas a la gobernadora, a los presidentes de las comisiones de educación, a Carlos pesquera, a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas y Edificio Públicos (OMEP) y al secretario de Educación. A todos les hemos solicitado una reunión para presentar nuestras preocupaciones y propuestas y resolver toda esta situación. Hasta ahora no se ha obtenido respuesta”. 

Asociación de Maestros de Puerto Rico

Aponte expresó que, en general, el DE no tenía un plan en vivo porque no había precedentes de estas circunstancias. No obstante, reconoció que el Gobierno debía estar preparado con Plan A y Plan B para cualquier evento como este y otros.

Sostuvo que ahora mismo las inspecciones en el sur no son válidas ya que han ocurrido eventos mayores de 5.0. Afirmó que las inspecciones debieron haber comenzado en el este. De esta manera se habrían identificado escuelas aptas para los estudiantes de escuelas gravemente afectadas en la región educativa del sur. También, señaló la falta de un plan de acción para rehabilitar las escuelas que salgan parcialmente aptas y, a largo plazo, escuelas seguras con unas consideraciones más amplias para evitar cualquier tipo de desastre. 

Preocupa que el atraso promueva una fuga masiva de padres y estudiantes, así como el impacto económico que esto vaya a tener en los pueblos. Aponte destacó que en sus visitas al sur la AMPR pudo ver que muchos estudiantes y padres se estaban yendo a EE. UU. preocupados porque sus hijos no estaban recibiendo enseñanza. 

El Gobierno está “ejecutando un plan en vivo”. Tras el paso del huracán María tampoco hubo un plan o estrategia a nivel gubernamental. Por su naturaleza los temblores serán parte de nuestra cotidianidad y tanto, padres, maestros, estudiantes, como el personal que constituye la comunidad escolar de toda la isla deben tener las herramientas y toda la preparación necesaria para saber qué hacer en caso de una emergencia.  Aponte hizo hincapié en la falta de planificación del DE y, aunque reconoció los retos económicos  en el gobierno, “eso (los planes) tenían que estar. Y creo que en ese aspecto han fallado todos los gobernantes”.

“El tema de las escuelas es prioridad en la liberación de fondos y para que los estudiantes estén en un ambiente óptimo. Tenemos que velar por el bienestar de ellos. Aquí se han designado unas partidas de dinero y debe utilizarse con la mayor diligencia y premura para estar preparados y para que lo niños puedan recibir un servicio de calidad, como merecen”, concluyó.