Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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En otra acción relámpago por parte de la primera ejecutiva y la Legislatura, sin vistas públicas, la Cámara de Representantes aprobó la nominación de la licenciada Karla Mercado Rivera como administradora y principal oficial de compras del Gobierno. La gobernadora, Wanda Vázquez Garced, sometió el nombramiento el 26 de mayo y la Cámara lo aprobó tan pronto como el cinco de junio.
El nombre de Mercado Rivera salió a relucir en las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre el fraude en la compra de las pruebas de COVID -19. En específico, en el chat del 4 de abril que Juan Maldonado le escribió a Roberto Rodríguez, dueño de Apex General Contractor, refiriéndole que hablara con Mercado Rivera, quien era al momento la subsecretaria de la Administración de Servicios Generales (ASG).
El cargo de administrador oficial del Gobierno no existía hasta hace unos meses en que la Legislatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) creó el puesto para un término de 10 años, con un sueldo de $120 mil anuales.
El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, denunció que no hay justificación para la creación del cargo. La justificación que ha ofrecido la legislatura PNP es que un puesto a 10 años evita que la posición esté sujeta a los vaivenes políticos de los cambios de gobierno.
“Pero eso es una gran hipocresía porque puedes nombrar a una persona a un puesto de un término de 30 años, pero si la manera en la que se selecciona es producto de mañas políticas y dominada por un partido político, no se elimina el tema político ni partidista de la ejecución de la agencia”, denunció.
Por el contrario, el efecto que esto puede provocar es que si ganara otro partido político derogaría la ley, crearía su propia ley con un nuevo término y nombraría a otra persona que le responda a ese partido político. Incluso se crea una mayor inestabilidad, señaló.
A preguntas de CLARIDAD, el legislador del PIP dijo que según su conocimiento el nombre de Mercado Rivera para la nominación se dio después del escándalo de las vistas públicas. “Si había unas consideraciones previas, eso lo sabrá quien la nomina, que es la gobernadora. Ya la Cámara votó por el nombramiento. Denis Márquez le votó en contra porque su nombre surge como uno de los funcionarios contactados durante el proceso de las compras de las pruebas fatulas, lo cual genera una enorme duda y cuestionamientos para el nombramiento”.
Además de su mención, al menos en el pretendido fraude, Dalmau Ramírez trajo a la atención la poca experiencia de la nominada para un nombramiento tan importante. Todavía en el Senado, al menos hasta este lunes 8 de junio, no se había convocado a vistas públicas para examinar la nominación. No obstante, el candidato a la gobernación por el PIP se cuestiona si en efecto el Senado celebraría vistas públicas o presentaría la nominación mediante un informe. “Es como el que está jugando póker con las cartas pegás al pecho, así juegan en el Senado. Uno no se entera hasta el momento”.
Con el nuevo puesto de la Administradora Oficial de Comprassería el tercer cargo a 10 años en el Gobierno que en este cuatrienio nombraría la actual administración del PNP. Los otros dos son el director de Ética Gubernamental y el Contralor. Dalmau Ramírez dio alelrtó de que en estos momentos hay otro proyecto de ley que pretende convertir también a 10 años el término del director del Sistema de Retiro bajo las mismas justificaciones insuficientes.
“Francamente, es una manera de ir colocando en posiciones de gobierno a personas que, terminado el cuatrienio y si hay un cambio de gobierno o si hay un gobierno dividido, permanezcan en sus puestos”, censuró.
Más allá de los cuestionamientos tanto políticos como profesionales de la nominada, el senador Dalmau Ramírez, coincidió con que ese es un puesto que no necesita ser a 10 años. “Aquí lo que habría que hacer es adoptar un modelo que utilice el mérito al momento de nominar funcionarios claves para dirigir agencias, que no sean de gabinete”. Reconoció que un secretario de Justicia, de Educación, de Seguridad y de Salud son personas que tienen que responder a la visión de política pública del gobierno, por lo que para esas personas hay un criterio de mayor confianza de parte del gobernador. Por el contario, cuando se habla de Compras, de Retiro, de agencias que no van a la médula de esas políticas públicas, los nombramientos deberían ser por un sistema de mérito en donde las personas fueran evaluadas por sus pares por su experiencia profesional; que profesionalmente hayan visto su desempeño, probidad moral y su interés en el servicio público.
“Un partido que está seguro de que va a revalidar y que tiene el favor de la mayoría del pueblo no estaría aprobando leyes para realizar nombramientos de 10 años tan cercano a las elecciones. No estaría alterando el ordenamiento electoral a tan poco tiempo de las elecciones. Parecería ser que las acciones del Gobierno responden a una desesperación política”, resumió el legislador del PIP.
