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Nuestras escuelas en pedazos

Por Giancarlo Vázquez López / Claridad

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Es normal que los empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) muestren preocupación sobre la determinación del Departamento de Educación (DE) de transferir todas las escuelas públicas del país a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).  

Apenas ha pasado un año desde que Eduardo Rivera Cruz, director Ejecutivo de AFI, fuera señalado como coautor de actos de corrupción por la otorgación de contratos a familiares del entonces director ejecutivo de la AEP, Josean Nazario Torres. Karen Carrasquillo, presidenta de Elite General Contractors y cuñada de Nazario Torres, obtuvo contratos por cerca de $800 mil para el mantenimiento de escuelas. Rivera Cruz es el padrino de boda de Nazario Torres y Karol Carrasquillo. 

El pasado 31 de enero, el DE declaró un Estado de Emergencia para aquellas escuelas afectadas por los terremotos y clasificadas parcialmente aptas y no aptas. Como parte de esta decisión, el DE delegó en AFI la responsabilidad de realizar las mejoras a esas escuelas.

Inmediatamente, la directora de AEP, Melitza López Pimente, reunió a los empleados de la corporación pública para informarles sobre la situación. Según Javier López López, vicepresidente de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad Edificios Públicos (UIEAEP), en dicha reunión la directora sostuvo que no iba a permitir la transferencia de las escuelas a AFI “para que se quede con el dinero de los seguros y las reclamaciones de FEMA”.

La semana pasada, López Pimente se reunió con el secretario de la gobernación, Antonio Pabón Batlle. López López señaló que tras la reunión confirmaron lo que ya se imaginaban, que el Secretario de Educación estaba actuado con el respaldo de Fortaleza. 

“Si esto no se detiene y se le entregan las escuelas a AFI, se está prestando a que Eduardo Rivera, esta vez junto a Carlos Pesquera, empiecen a entregar contratos a tutiplén evadiendo todos los procesos, y ya sabemos lo que ha pasado en el país con esos casos”, advirtió el líder sindical en entrevista con CLARIDAD. 

De acuerdo con la determinación del DE, AFI tendría el poder sobre todas las escuelas públicas del país. Si la AEP hace una reclamación de aproximadamente $40 millones a los seguros y otra de $20 millones a FEMA —explicó López López— ese dinero habría que transferirlo a AFI y ellos se encargarían de gerenciar los proyectos. 

Pero AFI no tiene el personal ni una estructura para el desarrollo de proyectos de reparación o reconstrucción. Tendría que subcontratar ingenieros, arquitectos, agrimensores y demás personal que sea necesario.

“La construcción la abrimos a subastas públicas con empresas privadas. Tampoco es que estamos trancados en que la empresa privada no participe, pero tiene que hacerlo bajo unos reglamentos que tiene AEP, mediante la Junta de Subasta. Los ingenieros, arquitectos y diseñadores de esos proyectos los tenemos nosotros. Si la subasta se la lleva X o Y la compañía que gerencia el proyecto es AEP con empleados públicos. Muchos de ellos unionados”.

“Muchos de estos ingenieros estructurales fueron los que certificaron las escuelas. Hubo que contratar uno que otro porque eran muchas, pero la mayoría de las certificaciones las hicimos con gente interna”, añadió López López.

Al preguntársele si alguna de las 500 escuelas que fueron inspeccionadas y reforzadas pertenecía a AEP dijo no tener ese número. En cambio, informó que la corporación tiene escuelas reforzadas con columnas de acero en todos los municipios. También, que de las escuelas de AEP hay un total de 15 escuelas que no pasaron la inspección y fueron clasificadas como no aptas. 

“De estas, hay algunas, como en Guánica, que hay que demolerlas porque sufrieron muchos daños. Hay otras que van a ser evaluadas para ver si se reconstruyen o si es más costo efectivo construirlas nuevas, ya que no cumplen con los códigos de construcción actuales. Pero son solamente 15, las demás están certificadas. Aun así, se va a trabajar en el 100% de las escuelas de AEP en refuerzos y en códigos nuevos”, abundó. 

En el 2000, el gobierno inspeccionó todos sus planteles escolares. El trabajo fue comisionado al Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR), que identificó 1,000 escuelas de columna corta que debían ser reforzadas. Se invirtió $1 billón. De las 1,000 escuelas, solo 500 fueron reforzadas y no se sabe cuáles fueron. 

Por otra parte, López López recordó que para la reconstrucción de las escuelas siglo 21, Luis Fortuño hipotecó todas las propiedades de AEP.  Se emitieron bonos y ese dinero se pasó a AFI. Eso —señaló— fue otro robo más bajo la administración de Fortuño. La mayoría de esas escuelas que fueron reconstruidas eran de OMEP. La AEP fue creada en 1958 y solo las escuelas que se crearon a partir de esa fecha le pertenecen. 

“De las escuelas de siglo 21 casi ninguna es nuestra. Nosotros hemos creído que AFI es la maquinita de hacer contratos para poder recoger los chavos de las campañas”.  

Del vicepresidente de la UIEAEP pasarle el poder de las escuelas de AEP, a AFI puede redundarle en que eventualmente esta última se quede con el mantenimiento de los planteles, servicio que brinda la AEP. “Para nosotros representa un 75% de estabilidad los fondos que se generan a través de las escuelas públicas. Lo más que tenemos en AEP son escuelas. Nos debilitaría a tal nivel que hasta pudiéramos desaparecer”.

López López criticó la declaración de estado de emergencia por ser “bien amplia”.  “Nosotros no sabemos qué intención tienen detrás de esto y, aparte de eso, la titularidad de esas escuelas es nuestra”.

El licenciado Mario Pabón aclaró que el problema no es la contratación con AFI. Eso no es ilegal, ya que los acuerdos entre agencias están permitidos. Explicó que AFI fue creada para manejar proyectos especiales, que no fueran simplemente a través del proceso de subasta de la agencia, y para que fuera una agencia la que pudiera manejar más hábilmente la contratación de proyectos más grandes. 

“El problema que ellos aparentemente señalan es que el último que lo trató de hacer contrató un privado que era familia de él”, dijo refiriéndose a los actos de corrupción que se dieron entre AEP y AFI el verano pasado. 

Sin embargo, Pabón mencionó que a pesar que el proceso es legal es extraño porque la AEP, por su naturaleza, debería tener la pericia o expertise para llevar a cabo los proyectos que el DE quiere delegar a AFI. 

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