La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) exhortó a los Bancos y a las Cooperativas de Ahorro y Crédito a cumplir con su responsabilidad social y corporativa adoptando políticas públicas claras sobre el proceso de desahucio. También, a que compartan con sus clientes el directorio de proveedores de servicios legales gratuitos.
El pedido se da al tiempo en que el gobernador, Pedro Pierluisi, tiene bajo su consideración la firma del proyecto del Senado PS 429, que busca detener ejecuciones y desahucios por hasta 90 días cuando se declara una emergencia.
“Ante el pico de la temporada de huracanes, reconocemos el riesgo mayor de pérdida de techos y hacemos un llamado a la acción a las instituciones financieras de Puerto Rico”, expresó Ayuda Legal, la cual mantiene hace seis años el programa Derecho a tu Casa.
Durante ese periodo, y en particular tras los huracanes del 2017, ALPR ha denunciado que la experiencia de las personas dueñas de hogares con hipotecas ha sido una de falta de comunicación efectiva con las instituciones financieras. Entre 2017 y el primer trimestre de 2021, se han ejecutado 13,218 residencias. Entre enero y junio de este año, aun con las moratorias federales vigentes, han identificado al menos 719 nuevas demandas de ejecuciones, además de que desde enero del 2019 han recibido más de 300 llamadas a su línea de prevención de ejecución de hipotecas de personas entre las cuales se incluyen las que tienen más riesgo de perder su vivienda tras un desastre.
Según Ayuda Legal, el pasado 20 de junio, le cursó cartas a los principales bancos y cooperativas de Puerto Rico con el fin de identificar sus protocolos para desastres y exhortarles a que publiquen un directorio de servicios legales gratuitos en sus portales. Ninguna institución les ha respondido. Por el contrario, las instituciones financieras sí han sido ágiles en oponerse de manera irrazonable al proyecto PS 429.
“Una vez más, exhortamos a los bancos y a las cooperativas a tener listo un protocolo interno para que, en casos de desastres, las personas empleadas encargadas de atender a las personas perjudicadas puedan proveer información correcta sobre las opciones disponibles para atender las respectivas necesidades de las personas. Esto incluye establecer medios de comunicación alternos e invertir más recursos en el área de servicio al cliente. Una vez más, Ayuda Legal Puerto Rico reafirma su ánimo de trabajar para que estas medidas sean adoptadas y se difundan”.
La aprobación por la Legislatura de Puerto Rico del PS 429 además coincide con la decisión del Centro del Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) del 4 de agosto de declarar una moratoria de desahucios hasta el 3 de octubre en zonas con altos niveles de transmisión comunitaria. La orden firmada por la directora, Rochelle Walesky, determinó que los desalojos de inquilinos por no pagar el alquiler o vivienda podrían afectar las medidas de salud públicas para frenar la propagación del virus que causa el COVID-19.
