OJO al carpeteo electrónico

Por Giancarlo Vázquez López / CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

El representante Denis Márquez ofreció hace unos días, en El Acervo, un conversatorio sobre carpeteo electrónico en Puerto Rico. Todavía recuerda el frío sintió en la nuca el día que recibió su carpeta. Fue la primera vez que compartió en público su experiencia.

Antes de comenzar a hablar sobre carpeteo electrónico Márquez hizo un apresurado recuento sobre la historia del carpeteo en la isla. Luego prosiguió con el tema central.

El representante, más o menos, marcó en abril de 2017 el punto de partida para comenzar a hablar sobre Carpeteo Electrónico en Puerto Rico. Fue entonces cuando la “superintendenta” de la policía, la coronela “Whatever (Michelle) Hernández”, dijo a la prensa que estaba monitoreando las redes sociales. Como quien busca monear y torear al mismo tiempo. La faena consistía en identificar conductas delictivas durante la actividad que se llevaría a cabo el día de los trabajadores. Según Hernández, de esa forma podrían arrestar a la gente o referirla, por ejemplo, al FBI.

Márquez denunció esto públicamente como un esquema de persecución política alegando que se trataba de un monitoreo selectivo por cuestiones ideológicas. Radicó una querella en la Comisión de Derechos Civiles junto con el senador Juan Dalmau. La acogen. Se creó un foro para abrir la investigación.

Tras su participación en el 1 de mayo de 2017, el representante enmendó la querella. La policía no solo estaba investigando las redes sociales, también estaba fichando a la gente en la actividad a través de fotos y videos. Todo por el acto de ejercer sus derechos humanos, constitucionales y civiles. Por cuestionar y protestar.

Como parte de ese proceso Dalmau le planteó a la comisión que la persecución política era una violación a los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional, para darle un carácter más amplio al asunto.

La Comisión de Derechos Civiles es una entidad del gobierno creada en 1959. Actualmente le han cortado dos veces su presupuesto. Sin ánimo de protagonismos y titularidad Márquez se mostró convencido de que el recorte tiene que ver con los planteamientos hechos y todo trabajo el trabajo de investigación realizado por la Comisión. Enmendaron una ley para que el presupuesto del ente referido sea manipulado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a diferencia de otras comisiones.

El informe emitido por la Comisión tras la investigación se confirmaron las denuncias hechas en la querella. Entre otras cosas concluyeron que lo que hizo la superintendente de la policía el 25 de abril no era otra cosa una estrategia para disuadir a la gente que participaba en el 1 de mayo. Monitorearon las redes sociales y refirieron gente al FBI previo al 1 de mayo.

Destacó que entre otros temas le pidieron a la comisión: investigar si se habían levantado expedientes a personas o entidades; que si se conserva información recopilada ¿cómo se utiliza?; ¿Qué criterios utilizaron?; ¿Qué redes sociales están monitoreando?; ¿Cómo tuvo acceso el Estado a cuentas monitoreadas?; ¿Qué relación hubo entre la agencia de gobierno, si le dio orden judicial, si se había centrado en investigaciones criminales?

“La Comisión concluyó que la Policía de Puerto Rico monitoreaba las redes sociales de los manifestantes antes de la marcha del primero de mayo. Ese era el enfoque. Se estaban tomando videos y fotografías y archivando expresiones realizadas en las redes sociales a personas y organizaciones que anticipan participar de protestas legítimas en contra de lo políticos y en contra de las políticas económicas y laborales de la nueva administración (2017)”, citó Márquez sosteniendo el informe entre sus manos.

El informe concluyó que la practica del monitoreo por parte de los agentes del orden público en las redes sociales fue ilegal e inconstitucional. También que las practicas de recopilación de información privada y digital durante el ejercicio de funciones investigativas también lo fue.

En el artículo sobre la Evaluación de actividades de protestas públicas la Comisión analizó el concepto de anonimato. Márquez explicó que hay un concepto que dice que si tu estas en una actividad pública se acabó tu elemento de privacidad. Sin embargo, en el análisis de la comisión dice que X persona puedes estar en una actividad pública, pero hay un sentido de anonimato. Estas en la calle pero tu no quieres que se te esté identificando.

Según el informe durante el periodo bajo investigación la Policía de Puerto Rico exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia en el contexto de las protestas publicas el 1 de mayo. Ya fuera a través del internet u otros mecanismos.

“El hecho de que se haya realizado monitoreo en las redes sociales sin que haya dejado rastro alguno esa actividad, ni registro que facilite la verificación de la legalidad de dicho monitoreo presenta un defecto crítico en la forma que la policía de puerto rico asumió su gestión”, citó.

La policía argumentaba ante la Comisión que ellos monitoreaban las redes sociales a base de confidencia. Pero nunca pudieron documentar ni probar resistencia a la confidencia.

También cuestionaron la legitimidad de las expresiones hechas por la superintendente por carecer de evidencia que permitiera darle credibilidad o validez a la conducta de Hernández.

A raíz de las conclusiones de la Comisión se radicaron varios proyectos de ley: uno para establecer la prohibición de que se entre a las redes sociales de las personas por parte del gobierno de puerto rico a menos que exista una orden con elementos específicos; dos, el proyecto que es una carta de derecho en el ámbito digital, los derechos que tenemos las personas en el uso de las redes sociales frente al estado

En esos días posterior al primero de mayo, estudiantes de la UPR en Río Piedras hicieron una manifestación en la presidencia de la UPR. Un grupo de ellos fue arrestado. Le vaciaron descaradamente el código penal. Como parte de ese proceso Márquez se reunió con los abogados de defensa quienes le informaron sobre una orden de allanamiento solicitada el 5 de mayo de 2017 por la División de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia a tres entidades universitarias: Diálogo, Pulso Estudiantil y el Centro de Comunicación Estudiantil. Una orden para obtener toda la información almacenada por esas tres organizaciones.

Una vez terminó la conferencia Márquez mencionó en un aparte con CLARIDAD la importancia de conocer este asunto para de esa manera poder cuestionar, denunciar y accionar sobre el mismo; mantener la acción política de demostrarle al Estado que se está trabajando en contra de sus acciones y en contra de todas esas actividades abusivas. Destacó que es importante que la gente conozca como el gobierno continúa con su visión de la criminalización del independentismo.

“A pesar de ser un tema de interés publico es parte de mi vida y de mi formación. Yo creo que tengo la responsabilidad de mantener la denuncia”.

El Acervo es un proyecto de formación cultural y política para el desarrollo de organizadores y organizadoras en defensa de la cultura y la independencia de Puerto Rico. En otras palabra funge como un centro de apoyo a movimientos sociales y activistas.

“Lo que hacemos es en constitución de la República de Puerto Rico”, manifestó el líder sindical Scott Barbés, uno de los gestores del proyecto.