Por Cándida Cotto
Estudiantes, docentes, empleados no docentes, exalumnos y aspirantes a llegar a la Universidad, en fin, una amplia diversidad de miembros de la sociedad puertorriqueña marchó este pasado viernes 11 de junio —por cierto, Día de la Bandera Puertorriqueña—en defensa de la permanencia de la Universidad de Puerto Rico con sus once recintos.
Al son de consignas como “La UPR no se vende, la UPR se defiende” y “Once recintos, una UPR”, una entusiasta multitud salió pasadas las cuatro de la tarde en marcha, desde el frente del Capitolio hasta los portones frente a la Fortaleza bajo una persistente lluvia, para exigir la restitución del presupuesto de la UPR y la permanencia de los 11 recintos.
El plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) le asignó un presupuesto a la UPR de $407 millones para este año. Este presupuesto, denunció el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez Rivera, es menos de la mitad del presupuesto que le corresponde por ley a la UPR. “Este último recorte de 94 millones es insostenible, y muchos recintos corren peligro de quedar inoperantes como instituciones educativas en Puerto Rico”.
Frente a la postura de la JCF, la APPU, la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND) y el estudiantado abogan y exigen la aprobación del proyecto del Senado PS 172 para una nueva ley universitaria. “Este proyecto eliminaría el abuso que tiene la JCF con la Universidad, al volver a la fórmula presupuestaria.” dijo Rodríguez Rivera.
Tanto la APPU como la HEEND y el estudiantado denunciaron que quienes únicamente se oponen al PS 172 son el presidente de la UPR, algunas personas de la Junta de Gobierno y los rectores, que son los puestos de confianza. Trajeron a la atención, además, que el gobernador tiene el poder de proteger la Universidad si la declara servicio esencial. “Por eso decimos que él habla mucho, pero en la acción no hace nada, porque si él quisiera proteger la UPR la declararía servicio esencial y respetaría la Ley 2 que garantiza el 9.6 % del Fondo General. Si al país le va bien, tenemos más presupuesto; pero si le va mal, tenemos menos presupuesto”.
En tanto, aun cuando el gobernador asignó los $94 millones, la comunidad universitaria denunció y aclaró que esta asignación no resuelve el problema presupuestario debido a que fueron restringidos a un fondo especial, dejando el mismo resultado neto para los recintos.
“Pierluisi cree haberlo resuelto todo sacando unos fondos especiales, que son como ponerle una curita a una herida de bala, porque no protegen el presupuesto y el resultado neto para los recintos es el mismo. Los recortes siguen abonando al deterioro de las condiciones de trabajo de las empleadas y los empleados de la Universidad. La situación presupuestaria de la UPR ha provocado que elementos fundamentales en nuestro convenio colectivo, como el plan médico, derechos de maternidad, exenciones de matrículas para hijos de empleadas y empleados y nuestro sistema de retiro se vean trastocados”.
El presidente de la APPU afirmó a CLARIDAD que la administración universitaria tampoco ha dicho para qué o cuál va a ser el uso de ese fondo restricto. Respecto a los presupuestos de los recintos, señaló que, por voz de los propios rectores, le han dicho que ni siquiera dan atención a lo que plantean las rectorías, que es la Administración Central con la Junta de Gobierno quienes determinan qué cantidad de dinero se les va a dar a cada recinto. “En muchas ocasiones, los rectores nos han planteado en reuniones de los consejos académicos y juntas universitarias que no entienden la fórmula para concederles el presupuesto. ¡Es un misterio!”
En tanto, el reclamo de “Once recintos, una UPR”, no solo viene por la falta de presupuesto, sino por la insinuación expresa por parte de la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, de vender algunos recintos. En un audio que circuló en las redes sociales días antes de la marcha se escucha a García Bardales decir: “¿Por qué tenemos 11 recintos, por qué no cuatro y vendemos tres y recaudamos dinero y concertamos … digo, estoy aquí pensando a lo loco, como si esto fuera mi compañía”.
De inmediato, el gobernador Pierluisi defendió que las expresiones de la Secretaria de la gobernación habían sido sacadas de contexto.
La estudiante Marina Rodríguez, representante ante la Junta de Gobierno del Recinto de Río Piedras, desmintió en la conferencia de prensa en la que se anunció y convocó la marcha el que la secretaria de la gobernación hubiera sido sacada de contexto: “El contexto está claro. Yo estuve presente en la reunión y entiendo que no fue sacado de contexto, como está diciendo el gobernador Pierluisi”.
Agregó que la reacción de los estudiantes presentes fue tomar la propuesta como inaceptable, “porque no vamos a permitir que se cierre ningún recinto ni que se cierren cuatro o tres. No podemos creer que vean a la Universidad como un negocio, como una compañía. O sea, la educación la ven como una compañía, así que ya sabemos cuáles son las intenciones del Gobierno de Pierluisi y le decimos que no lo vamos a permitir”. Dijo que la única reforma que los estudiantes van a permitir es la reforma universitaria de cómo se maneja la universidad y como la dirigen, en referencia al PS 172.
Rodríguez reveló que luego de la contestación, la secretaria siguió con otros temas y fue brincando de una cosa a otra y a veces la encontraron como un poco perdida. Habló sobre la situación de los docentes, que había que quitar las exenciones. La estudiante tuvo que aclararle que las exenciones ya no existen. Para ella, la conducta de la Secretaria de la gobernación revela su desconocimiento de lo que ocurre en la UPR y de cómo opera esa institución.
Por su parte, el presidente de la APPU agregó que no hay una sola razón académica que se haya presentado para justificar el cierre de cualquiera de los recintos. Todas las razones que se han esbozado para el cierre están ligadas siempre al recorte presupuestario que se le ha impuesto a la Universidad. “No hay una sola razón académica. Si nos dieran alguna razón académica, se tendría que estudiar con la comunidad académica, con la comunidad universitaria. Sin embargo, en ninguna de las instancias se ha planteado vamos a cerrar recintos porque el recinto no funciona bien, vamos a cerrar recintos porque la educación no es de calidad. Esas no son condiciones para cerrar recintos, esas son condiciones ligadas a un proceso impuesto por la JCF”.
Rodríguez además censuró la postura del presidente Haddock de justificar el aumento de $164 por crédito decretado también por la JCF. “Lo increíble del caso es que el presidente hizo declaraciones públicas argumentando que todavía no estaba igual que las universidades privadas”. Acotó que el parámetro debe ser si todavía sigue siendo una universidad accesible para la población. Aun cuando reconoció que puede haber una baja en matrícula por diversas razones, señaló que en el sistema hay una reducción considerable. Precisó que, por ejemplo, en el Recinto de Río Piedras, en 1988 había 21 mil estudiantes; hoy son 13 mil. Cuando comenzó a dar clases para esa misma fecha en el recinto de Cayey, había 4 mil. Este semestre hay 2,200, lo que es una reducción considerable. En cuanto a los docentes por contrato, la administración nunca ofrece los números exactos, pero pueden estar cerca del 40 % de todos los profesores del sistema.
Un ejemplo de lo anterior nos lo presentó la estudiante Brenda Ferrer, presidenta del Consejo General de Estudiantes del recinto de Aguadilla. La joven compartió con CLARIDAD que Aguadilla es un recinto pequeño con 2,140 estudiantes y es uno de los que más se afectaría con el recorte de presupuesto, aunque hay otros, como el de Utuado. Añadió que la capacidad operacional de Aguadilla se vería afectada porque son más los profesores que están por contrato. Actualmente, hay 88 profesores con plaza permanente y 75 bajo contrato, mientras que en el 2015, había 176 permanentes y 71 por contrato.
La mayoría de los estudiantes del recinto proceden de pueblos aledaños como Moca e Isabela. “Por eso es importante que los 11 recintos se mantengan. Están en áreas estratégicas. Por algo la población estudiantil de Aguadilla en el 2015, un 80 %, no se hospedaba, era de pueblos aledaños. No todo el mundo cuenta con los recursos para ir a San Juan o Mayagüez, por eso es importante que los 11 recintos se mantengan”.
Añadió que en este año, el 95 % de los estudiantes de Aguadilla fueron recipientes de la beca Pell, lo que significa que se encuentran en nivel económico excepcional, bajo los niveles de pobreza: “La mayoría de los estudiantes venimos de bajos niveles de pobreza”.
Alejandra Rodríguez Aponte, presidenta del CGE del recinto de Carolina, dijo que el recorte de presupuesto le deja al recinto un déficit de $4 millones que no les daría para gastos operacionales. En el caso de los estudiantes, expresó que ya hay muchos que no puede costear la matrícula con la beca. Debido a que Carolina tiene un sistema de cuatrimestre, pagan matrícula cuatro veces, y hay cursos que requieren bastantes laboratorios.
La estudiante de Justicia Criminal indicó que se tuvo que hacer un reajuste en lo que serían algunos cursos por trimestre. Eso significa que se atrasan con el alza de matrícula de ahora. La población estudiantil en estos momentos ronda entre los 1,300 a 1,400, y en este cuatrimestre, por primera vez en tres años, tienen un alza en estudiantes de nuevo ingreso.
Las dificultades para terminar un bachillerato parecen extenderse a todos los recintos. La presidenta del CGE del recinto de Río Piedras reafirmó que es difícil terminar un bachillerato en cuatro años y que aunque las facultades más afectadas son Humanidades y Educación, la falta de oferta académica ya se ha generalizado.
