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Otra lucha que hay que seguir, no a las antenas en las comunidades

 

ccotto@claridadpuertorico.com

“Llegaron como ladrón en la noche vestidos de camisas negras nazis que decían QMC y nos hacían señas de que miráramos a la espalda como quien dice no se metan con nosotros”.

Se personaron al  lugar con más de 10 vehículos entre grúas y otros vehículos de construcción con alrededor de una docena de personas velándonos con la intención de intimidarnos. Esa fue la experiencia que narró a CLARIDAD, Miriam Velázquez Velázquez vivieron ella y sus vecinos el pasado 7 de mayo cuando sin previo aviso personal de la empresa QMC Telecom, entraba a un solar al lado de sus viviendas a levantar una torre de comunicaciones de más de 180 pies.

La lucha de las comunidades que ubican en el sector Montones, en Las Piedras contra la antena comenzó en el 2019, tan pronto se enteraron de que el municipio le había dado permiso a la compañía y para levantar una cable de fibra óptica. La líder comunitaria acudió al municipio y le cuestionó al Alcalde qué dónde iban a conectar el cable sin una antena, ahí de inmediato comenzó a organizar a la comunidad.

Miriam Velázquez Fotos Alina Luciano

“Recogí firmas hicimos sobre siete manifestaciones ante el Capitolio, ante la Oficina de Gerencias y Permisos (OGPe), en la Junta de Planificación, en varias de las manifestaciones durante la campaña política vinieron de todos los partidos. Hoy en día nos han dejado solos, ninguno aparece”, comentó sobre la lucha que mantienen desde entonces por detener la construcción.

Como parece ser la costumbre, el proceder tanto de las compañías constructoras como de OGPe, nunca se le avisó a la comunidad de la intención del proyecto, no hubo vistas públicas, la OGPe no les contestó ninguna de sus querellas. Velázquez indicó que la comunidad impugnó el permiso en el tribunal, logrando que se revocara. Tras la decisión del tribunal se supone que el permiso esté en revisión en la OGPe, y hasta que no sea final -si es que se aprueba- no procede la construcción.

Pero el hecho real es que QMC ya entró al terreno y elevó la primera parte de la torre, todavía le falta la cableria y los servidores que van arriba que son las antenas, la verja, los generadores. Aunque según la Ley 89 del 2000 se supone que estas edificaciones estén a 100 metros de distancia de la estructura mas cercana en este caso, la distancia entre la torre y las residencias más cercanas es de menos de 60 metros. Esta ley 89 permite incluso la colocación de antenas en edificios y cercanas a gasolineras.

Evelyn Rodríguez, cuya casa es una de las que queda frente a la torre expresó su preocupación sobre los efectos en la salud que pueden causar la instalación y dijo que ya le está dando vértigo cada vez que tiene que salir a su patio. Además señaló que el precio de las viviendas en el sector ha devaluado debido a la construcción. “Ahora mismo yo le debo más al banco que lo que vale mi propiedad”.

El sector Montones acoge a las comunidades, Las Pedrentinas, la más cercana a la torre, Estancias el Prado, Los Artesanos, Sector Cinco Cuerdas y Mansiones de San Cristóbal. El predio donde está ubicada la torre está bordeado por un caño, de hecho el suelo de todo el sector está clasificado como de alto valor hídrico, como hábitat de la boa puertorriqueña y el coquí guajón. Velázquez cuestionó la necesidad de otra antena de comunicaciones debido a que en Las Piedras, ya hay cuatro.

Entre las acciones recientes para tratar de que no se llegue a concretar la instalación, la comunidad presentó una querella ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, siglas en inglés) por entender que el proyecto no cumplió con la ley de Política Ambiental del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWF, siglas en inglés).

En espera de una nueva ley

Mientras las compañías de construcción de estas instalaciones parecen ir por la libre el proyecto presentado por petición ciudadana, PS 319, el cual busca una mayor proyección para los ciudadanos, se encuentra desde abril en la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, que preside la senadora Elizabeth Ríos Velázquez.

El proyecto es un esfuerzo del Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas. Miriam Velázquez dijo que se mantienen recogiendo firmas para apoyar el proyecto. En el cuatrienio pasado se presentó una medida similar por el entonces senador Juan Dalmau Ramírez, pero nunca le dieron paso.

En la actual medida se recoge que los procedimientos de la OGPe para la concesión de permisos para la construcción de las torres de comunicación se distancian de manera abismal de las garantías de participación ciudadana que perseguía la Ley 89-2000. No se celebran vistas públicas, no se evalúa el efecto en el valor de las propiedades cercanas a la estructura, no se consulta a las administraciones municipales, ni hay notificación a los vecinos, “y ni siquiera se realizan inspecciones oculares, confiando de manera irresponsable (como lo ha probado la experiencia) en lo que sometan los proponentes. Se han dado casos en que no es hasta finalizada la construcción que OGPe advierte que las obras se realizaron en predios que no corresponden al número catastral de la solicitud que aprobaron a ciegas”.

CLARIDAD ya había informado de un caso como esto último en la construcción de una de estas antenas en la comunidad Las Margaritas en Salinas. En la Isla ya hay más de dos mil torres de comunicaciones con mas de 20 mil antenas y sus respectivos campos electromagnéticos.

El PS 319 reconoce que la OGPe mantiene una práctica “perniciosa” al hacer una interpretación torcida del proceso de otorgación de un permiso y es que aprueba un nuevo permiso una vez un Tribunal revoca un permiso original.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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