Otra vez nos gobierna la abogacía extranjera

Por Juan Mari Brás, Especial para Claridad

El régimen de naturaleza colonialista de Estados Unidos sobre Puerto Rico se inauguró, desde la misma invasión y los gobernadores militares, con el predominio sobre el país de unos abogados aventureros extranjeros a quienes llamaban los “carpetbaggers”. Así les apodaban porque los únicos haberes que traían eran unas carpetas repletas de papeles. En éstos venían códigos, leyes y esquemas tramposos para enriquecerse a corto plazo a costa de nuestro pueblo.

Para beneficio de ese grupo de buscones fue que el gobernador militar George W. Davis estableció el 27 de junio de 1899 la “corte provisional federal de Puerto Rico”. Ese fue el origen de la llamada corte federal que hoy conocemos como la de “la Calle Chardón,” y que el próximo 27 de junio cumplirá ciento diez años de existencia extra-territorial continua, abusiva y despótica. Bajo el amparo de esa corte, comenzaron a establecerse los bufetes con apellidos norteamericanos en San Juan.

Todavía hoy, los mayores bufetes de la milla de oro, en Hato Rey, comienzan sus marcas con apellidos como McConnell o Fiddler. En los últimos años, Fiddler fue el bufete preferido por los gobernadores Populares y McConnell por los del PNP. Ambos tienen un trasunto a los primeros “carpetbaggers” que inauguraron la abogacía extranjera en nuestro país.

Ahora resulta que la ofensiva anexionista que pretende acelerarse con el triunfo del PNP en los comicios del pasado noviembre, monitoreada por esa corte de la Chardón y los herederos de aquellos “carpetbaggers”, se propone dar un paso mayor a todos los anteriores hacia la total asimilación jurídico-política de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Se trata de un embeleco pseudo-jurídico que aspira experimentar a fondo el imperio yanqui, en su inescapable fase de decadencia, que llaman “alianzas público-privadas”. Es la manera de privatización neo-liberal que quieren poner en efecto en su territorio colonial caribeño, ahora que las privatizaciones neo-liberales han llevado a la debacle al sistema financiero en Estados Unidos, y cuando los países latinoamericanos y caribeños se han propuesto salir del desastre en que los hundió ese latrocinio insólito que llaman neoliberalismo, mediante cambios dramáticos en sus gobiernos y sus sistemas financieros y económicos.

En Estados Unidos, las políticos neo-liberales de todos los gobiernos desde Reagan hasta Bush-Cheney, fueron dejando a un lado el sistema federal que repartía el poder entre los estados y el gobierno de Wáshington, para facilitar las medidas desreguladoras de las finanzas y la economía en general. El resultado, en Puerto Rico, ha sido que el margen autonómico del estado libre asociado, se ha ido reduciendo dramáticamente de tal manera que hoy es de muy poca monta. La nueva política de las llamadas alianzas público-privadas tiende a desmantelar por completo el escaso poder automático del ela.

El diseño y plan de ejecución de ese monstruoso operativo lo quieren poner a cargo de los herederos de los “carpetbaggers” que son los grandes bufetes de la milla de oro en Hato Rey. Para eso le ofrecen a McConnell, y su bufete, unos contratos iniciales que alcanzan cientos de miles, de dólares. Sueltan la cifra para que políticos y analistas se dediquen a criticar únicamente el aspecto de la corrupción administrativa que tales contratos demuestran. Pero eso es lo de menor significación. Lo de mayor importancia es que se está apuntando hacia una privatización masiva de los únicos residuos de gobernabilidad que le quedan al pueblo de Puerto Rico bajo el control del estado libre asociado. Bueno es tener muy en cuenta que están apuntando hacia la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Fondo del Seguro del Estado, los Departamentos de Salud y Educación y la Universidad de Puerto Rico, entre otros.

El momento requiere que se tome conciencia de la gravedad de la situación, especialmente por sectores de la sociedad que tienen gran capacidad de lucha y que están entre las víctimas prospectivas de este proyecto letal para todo Puerto Rico.

Tal es el caso, por ejemplo, de la UTIER, que es sin lugar a dudas el sindicato más militante y combativo que ha tenido el país en muchos años, y que va a ser, por tanto, uno de los objetivos prioritarios del macabro plan privatizador el debilitar esa unión y su gran sentido de unidad y solidaridad con toda clase trabajadora del país. 

El mismo alerta debe darse a la Unión de Acueductos y a la del Fondo del Seguro del Estado, así como a las que agrupan en distintos niveles y uniones a los trabajadores de la salud y los de la educación.

Un llamado importante corresponde hacer al movimiento estudiantil, y a los gremios de profesores y los no-docentes de la Universidad de Puerto Rico. Ya está en plena acción el plan de privatización de varios recintos y secciones de algunos de éstos, encabezado por el llamado Sistema Universitario Ana G. Méndez, que es el nombre con el que se encubre a un traficante de la negociación universitaria que ya tiene apuntadas sus ambiciones de lucro hacia unos recintos en particular de la UPR.

De igual manera, debo llamar a los compañeros y compañeras del Colegio de Abogados de Puerto Rico, sobre la urgente necesidad de que se convoque una asamblea extraordinaria de nuestro Colegio, es la institución profesional más antigua y de mayor credibilidad del país, para discutir un plan de acción inmediata que haga retroceder el operativo que tienen los bufetes de la milla de oro de tomar control de lo que quede del Colegio si logran aprobar sus propuestas nefastas. Esto es esencial para el pueblo puertorriqueño en general, porque el Colegio le sirve a todo el país, y eso es lo que quieren desmantelar los planificadores de la entrega completa al gran capital transnacional de toda nuestra patria.

Todo lo anterior es la base sobre la cual los sectores más activos del pueblo, empezando por el amplio y diverso movimiento independentista —que es y sigue siendo el motor principal de toda acción de avanzada en el país— deberán movilizarse ya, echando a un lado sus pequeñas metas electoreras, para dar paso a una gran ofensiva patriótica a la altura del reto al que nos enfrentamos todos.

De esa manera, estaremos también enviando una señal al nuevo gobierno de Estados Unidos, sobre la realidad de que en sus acciones u omisiones sobre la descolonización total y verdadera de Puerto Rico se va a poner a prueba la buena fe y legitimidad de las grandes rectificaciones que la América Latina, el Caribe y el mundo entero esperan del recién estrenado presidente de la nación norteña. Y una vez más, advertimos a los pueblos de la América Nuestra, que han empezado a deshacerse de sus inhibiciones neo-coloniales, que también estará en juego la autenticidad de sus nuevas políticas libertadoras en la medida en que prioricen o no sus solidaridades con el pueblo del último país nuestro americano sometido a un régimen de naturaleza colonial, que debe resultar insostenible para todos los gobiernos y movimientos caribeños y latinoamericanos que aspiren a dirigir nuestros destinos hacia cambios revolucionarios de verdad.