Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD
En términos formales, las relaciones que tiene el gobierno con la Junta de Control Fiscal (JCF) están paralizadas. “Todo es incierto y eso afecta los acuerdos a los que se puedan llegar con bonistas porque el plan de ajuste de deuda debe tener el apoyo del Gobierno Central, si no, no se puede implementar nada”, dijo el licenciado Rolando Emmanuelli.
Según la ley PROMESA, y ahora más ante el panorama de renuncias por corrupción y los cambios de liderato en el país, la JCF es la que promueve los esfuerzos de reestructuración de la deuda pública.
A la pregunta de en manos de quién quedan las negociaciones con acreedores y los procesos judiciales de la quiebra de Puerto Rico ahora que hay incertidumbre sobre quién tomará las riendas de la Autoridad de Asesoría Financiera Y Agencia Fiscal (Aafaf), Emmanuelli contestó que la JCF promueve los esfuerzos de reestructuración, pero para esto es necesaria la participación del gobierno central de Puerto Rico mediante la Aafaf.
“La Junta legalmente está capacitada para continuar estos procesos de negociación. La Junta puede decidir lo que le dé la gana, pero el gobierno de Puerto Rico tiene que participar y consentir”, aclaró el abogado.
“El consentimiento del gobierno central es importante para la negociación con los deudores porque involucra legislación. Si el gobierno central no legisla, no se pueden consumar los acuerdos ni los planes de ajuste. Dentro del concepto del Título III, la participación que ha tenido el gobierno de Puerto Rico es fundamental”, dijo.
Precisamente, a raíz de la crisis política que enfrenta el país y sumando la impugnación sobre la constitucionalidad de la JCF, desde finales de julio, más de 60 organizaciones solicitaron a la jueza Laura Taylor Swain que paralizara los procesos judiciales hasta que la isla se estabilizara y se iniciara una auditoria integral de la deuda.
“A esta crisis de liderato se añade que todos los días nos levantamos con un nuevo caso de corrupción y mal uso de fondos públicos. Por eso, solicitamos más que nunca se ordene por el Tribunal una auditoria integral de la deuda…”, expresó la licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y de la campaña Construyamos Otro Acuerdo.
Sobre el reclamarle a la JCF la auditoria integral de la deuda, Emmanuelli comentó: “eso hay que pedirlo en la calle, como se hizo con la renuncia del exgobernador”.
En momentos en los que la Junta está en medio de una controversia sobre su propia validez constitucional ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos – la vista oral para el proceso de impugnación de la Junta será en Washington el 15 de octubre de 2019 – un editorial del Washington Post publicado recientemente postulaba que el Congreso debería endurecer más los poderes que tiene la Junta sobre Puerto Rico.
La respuesta del licenciado Emmanuelli a eso que sugería el editorial fue: “eso es un disparate que demuestra una enajenación de lo que está pasando en Puerto Rico y echa a un lado los derechos humanos…es una opinión que representa los intereses colonialistas más recalcitrantes de Estados Unidos”.
