Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD
En los próximos días se cumplirán dos años del embate del huracán María y todavía unas 20 mil viviendas a través de toda la isla permanecen cubiertas con toldos azules, según información de Apoyo Legal Puerto Rico.
A inicios de septiembre, mes con más incidencia de huracanes, organizaciones vinculadas a las luchas comunitarias del país esperan por que esta semana se emita una respuesta a un recurso legal que sometieron al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el pasado 15 de julio, solicitándole que declare nulas e ineficaces las normas (guías) que el Departamento de la Vivienda ha establecido para la recuperación de las casas de las familias que sufrieron daños tras el paso del huracán.
Al igual que el reclamo que hacen por medio de la acción legal, colectivos como Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (Idebajo), Taller Salud y Ayuda Legal Puerto Rico advierten sobre el desconocimiento que tienen las personas más afectadas por el huracán sobre el Programa R3 (Reparación, Reconstrucción, Reubicación), subvencionado con fondos federales CDBG-DR.
Estos fondos constituyen una asignación de $9.7 mil millones para la recuperación a largo plazo de las comunidades. De esa cantidad, Puerto Rico cuenta en estos momentos con una primera partida de 1.5 mil millones porque todavía no se ha firmado el acuerdo para disponer de la segunda partida de 8.2 mil millones.
En una denuncia contundente para lograr la recuperación plena y justa en el área de vivienda, estas organizaciones han articulado varias exigencias al Gobierno de Puerto Rico y al Departamento de la Vivienda entre las que figura que el Plan de Acción y las guías de implementación del Programa R3 incluyan una política pública de minimización de desplazamientos y que la relocalización sea la última alternativa.
Otros reclamos han sido que el Gobierno se comprometa con que no habrá desplazamientos forzosos, y que garantice la participación real y efectiva de las comunidades afectadas mediante un consejo comunitario que asesore y fiscalice el manejo de los fondos de recuperación de viviendas. Asimismo, exigieron una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez para que obligue al Departamento de la Vivienda a implementar estas medidas.
Partiendo de que el 62% de las solicitudes de asistencia que le sometieron las personas a FEMA justo después de María fueron rechazadas por esa agencia, en la mayoría de los casos por carecer las personas del título formal de sus viviendas, lo preocupante para estas organizaciones es que pase lo mismo con la otorgación de estos fondos del programa R3.
Según la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal, lo que también preocupa es que se esté utilizando el pretexto de la falta de título de propiedad para desviar los fondos y que no lleguen a quienes los necesitan para reparar sus techos. “Lo preocupante es que, de esa primera partida de la asignación, no ha llegado ni un dólar a las comunidades pobres del país”, señaló.
Los portavoces de las organizaciones advirtieron de que las normas actuales –establecidas por el Departamento de la Vivienda sin consultar con las comunidades– además de excluir a quienes carecen de título de propiedad, no cobijan a aquellas personas cuyos hogares ubican en las zonas inundables delimitadas por FEMA, agencia que amplió los mapas de inundación después del paso de María, acción que afectó a más de 200 mil viviendas.
“Sin los cambios exigidos, que incluyen considerar la mitigación antes de relocalizar, se permitirán los desplazamientos de familias pobres y la desarticulación de comunidades”, advirtió Godreau Aubert.
Desconocimiento sobre
el programa R3
El programa principal para reparación de vivienda dentro de los fondos CDBG-DR es el R3, que actualmente tiene más de $825 mil millones asignados.
Para efectos del programa, los términos se definen como: reparación, el arreglo de la casa no puede sobrepasar el 50% de su valor o $60 mil; reconstrucción, se hará si el arreglo se excede de los valores anteriores, pero no se podrá realizar en zonas inundables; relocalización, se realizará en caso de que la vivienda esté en zona inundable o de que la persona no tenga título de propiedad.
“Lo que se está haciendo con los fondos CDBG-DR es prohibir la reconstrucción de viviendas en zonas inundables, a la misma vez que esas zonas se convierten en lugares atractivos para atraer invenciones de oportunity zone”, comentó la directora de Ayuda Legal.
“Nos preocupa esta política de oportunity zone, en la que se les da incentivos para construir a fondos que no tienen ninguna evidencia de que la construcción a desarrollar beneficiará a la comunidad en donde se encuentra localizada”, continuó la licenciada.
Advirtieron que en esta situación también está envuelto el nuevo mapa de calificación. “La amenaza de desplazamiento no es hipotética. Concertadamente, hay muchas piezas en la mesa que, en última instancia, obligan a la gente del país a permanecer en ciertas zonas mientras otros pueden venir y ocupar áreas porque puede pagar”, dijeron.
Los portavoces denunciaron también que el Departamento de la Vivienda no ha dado ninguna información sobre el programa R3, aunque ya se puede solicitar desde el 31 de julio (los primeros 90 días se supone que la atención esté dirigida a los sectores poblacionales más vulnerables). Según Godreau Aubert, “Vivienda anunció que ya solicitaron 8,900 personas de un tope de 20 mil. Aún hay municipios sin información sobre el programa, faltan centros para llenar solicitudes, no es suficiente decirle a la gente que solicite usando una app o el teléfono”.
Por su parte, la licenciada Nicole Díaz afirmó que “no tenemos información sobre el término que tiene Vivienda para contestarle la solicitud a las personas, para que les inspeccionen las casas o para que les entreguen la ayuda. No sabemos nada. Se queda en el limbo la gente con mayor necesidad”.
Otra preocupación es que no hay centros para llenar solicitudes a través de toda la isla, por lo que no todo el mundo puede llegar hasta ellos.
¿Tu hogar renace 2?
Se sabe que con el dinero asignado, específicamente para el programa R3, Vivienda contrató cuatro compañías extranjeras –AECOM Thechnical Services, Alliance for the Recovery of Puerto Rico, ICF Inc e Innovative Emergency Management– para que se encarguen de gestionarlo. Pero resulta que las primeras dos de esas compañías participaron en el programa Tu hogar renace, que en su momento significó el mal gasto institucional de 1.2mil millones.
“La mayor preocupación es que esto se convierta en Tu hogar renace 2 y que el dinero vaya a donde no tiene que ir”, dijeron.
“Como no hay un mecanismo de transparencia ni de rendición de cuentas, la preocupación es el desconocimiento de quiénes se están enriqueciendo y de a quiénes no está llegando el dinero”, recalcó Godreau Aubert.
Salinas y Loíza entre los afectados
Según Roberto Thomas, portavoz de Idebajo, organización de base comunitaria de la región sureste, el 24% de las viviendas de Salinas, unas 3,184 familias, fueron afectadas. El líder informó que más del 60% de las solicitudes a FEMA fueron denegadas, por lo que más de 2 mil familias no recibieron la indemnización de la agencia federal, y actualmente 400 familias todavía viven bajo toldos azules.
Idebajo se unió a los reclamos porque, a juzgar por Thomas, “se están generando las condiciones para expulsar a cientos de familias de sus comunidades para permitir el acceso de las oportunity zones y de inversiones privadas que se queden con los terrenos y territorios donde viven ahora mismo esas familias pobres”.
De igual forma, Jennifer de Jesús, de Taller Salud en Loíza, expresó que se unía a las denuncias porque “las guías del programa R3 están llevando a volver a discriminar sobre las personas que ya fueron discriminadas por FEMA cuando se les denegaron las ayudas”.
Según explicó, el 49.6% de la población actual de Loíza vive bajo los niveles de pobreza. “Esas personas seguramente son las que no tienen títulos de propiedad y a los que se les denegaron ayudas de FEMA. Volverían a quedar excluidos”, puntualizó.
