El presidente de la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), Marcel Castro Sitiriche, urgió a sus colegas de todos los recintos a unirse en la defensa de la Universidad, a defender el argumento de la importancia de la UPR en lo social y económico, su impacto multiplicador sobre la economía del país y el de cada uno de los recintos.
“El comentario de Rosselló de que no se pueden tener recintos por tenerlos, en este momento en que estamos ahí tal vez el gobernador nos da una razón para unirnos, no los tenemos por tenerlos lo que hay que trabajar los datos de cuánto es lo que aporta cada recinto, qué paso cuando vino el huracán, cómo aportaron a la recuperación del país”.
La reacción de exhortación a sus colegas y en respuesta a declaraciones del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de Castro Sitiriche se dieron durante un foro celebrado en el recinto de Cayey, el viernes 2 de marzo, sobre el pleito que APRUM lleva bajo el Título III de la Ley Promesa y la divulgación del documento Plan SoS UPR, preparado por APRUM y otros grupos universitarios.
Una primera versión del Plan Sos le fue entregado al gobernador Rosselló Nevares, a la JCF, a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), a la Junta de Gobierno de la UPR y a la Junta Universitaria de la UPR el pasado mayo del 2017. Este pasada semana APRUM dio a conocer una segunda versión del documento, el cual dijo esperan divulgar a toda la comunidad universitaria.
El profesor de ingeniería del RUM indicó que el Plan SoS UPR 2.0 difiere de las premisas que, hasta el momento, se han hecho públicas sobre el Plan Fiscal para la UPR que prepara el liderato actual de la institución. Asimismo, reclamó que el Plan SoS UPR 2.0 reta con amplia evidencia y propuestas concretas los hondos recortes que la JSF pretende imponer, sin justificación ni explicación alguna a la UPR y que se sumarían a una trayectoria de varios años de recortes a la institución, que el Plan SoS UPR 2.0 también documenta.
Además destacó que “el Plan SoS ha sido crucial para el pleito legal bajo el Título III de la ley Promesa que lleva la APRUM como “acreedor social solidario” del Gobierno de Puerto Rico.
La segunda versión del Plan SoS UPR 2.0, dado a conocer esta semana contó con contribuciones de decenas de colaboradores, entre ellos reconocidos economistas y expertos en distintas áreas.
De acuerdo APRUM luego de analizar la trayectoria e impactos de los recortes a la UPR en años recientes, los que calificó como desastrosos—el Plan SoS UPR 2.0 analiza tres modelos de alternativas a los excesivos recortes propuestos hasta la fecha por la JSF y aceptados por el Gobierno y por la mayoría de los constituyentes de la actual Junta de Gobierno de la UPR. Las propuestas son: una enmienda al borrador del PFG para que re-distribuya el mayor peso de la reducción de la inversión gubernamental a créditos e incentivos contributivos privados. Se estima por los economistas que estos créditos representan $500 millones anuales. La segunda alternativa que se presenta es que se cumpla con la Ley 2 de 1966 según enmendada, que invierte un 9.6% de los ingresos al Fondo General de Puerto Rico en la UPR; y la tercera propone una reducción moderada de la aportación pública a la UPR.
Los profesores resaltaron que el Plan SoS se concentra en lo importante que es poner en contexto la magnitud de los recortes que se pretenden imponer a la UPR y propone, en resumen, “que la asignación gubernamental para la UPR sea justa, de modo tal que se sitúe en un punto medio entre los escenarios extremos del empobrecimiento propuesto por el Gobierno (recibiendo apenas $410 millones anuales en el 2023) y el ideal de aplicar la fórmula de 9.6% anual de todos los recaudos ($1,150 millones anualmente)”.
El Plan además propone que como posibles fuentes de ingresos adicionales a la UPR, entre otras ideas, se aplique un impuesto progresivo al consumo de lujo (discrecional), según el lema “que aporte más quien más tiene;” un modelo de contribución de egresados de la UPR (que ya había sido planteado en la primera versión del Plan); un modelo de “responsabilidad social universidad-estudiante;” el fortalecimiento del acuerdo colaborativo entre la UPR y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), a los efectos de ofrecer grados universitarios a la población privada de libertad.
La APRUM reclamó que el Plan parte de un análisis de los efectos estimados de combinar diversos escenarios de nuevos ingresos, por lo que hace recomendaciones concretas. Estas responden siempre a la lógica conceptual del “government social right sizing,” en lugar del “right sizing” al que se adhieren la JSF y las autoridades locales. El “right sizing” no hace más que recortar, en lugar de sumar, en todas las áreas de bienestar e impacto social, haciendo prácticamente imposible la recuperación del país, según ha sido ampliamente documentado por economistas de fama mundial, tales como Joseph Stiglitz.
El texto completo del Plan SoS UPR 2.0 se encuentra en línea en: protestamos.net
