Por Manuel de J. González/CLARIDAD
¿Puede un gobernante “perder la confianza” en uno de sus principales funcionarios, de un momento para otro y sin haber tenido comunicación con esa persona? Eso dijo la gobernadora Wanda Vázquez cuando le preguntaron sobre el despido de Denisse Longo como Secretaria de Justicia. Obviamente es pura mentira y al decirla le falta el respeto al interlocutor porque lo supone imbécil.
La secretaria botada anda en la misma línea. Cuando le preguntaron sobre las razones de su despido se limitó a decir que no le dijeron por qué lo hacían. Ninguna de las dos quiere revolcar el asunto. Tal vez cuando usted esté leyendo esto conozcamos más detalles de la evidente verdad que ambas quieren ocultar. Aun cuando la prensa diaria, sorprendentemente, no está presionando para destapar algo tan importante, será imposible mantener ocultos los detalles por mucho tiempo.
El despido de la persona a cargo de la secretaría de Justicia no es algo de poca monta. Se trata del cargo más importante del sistema de procesamiento criminal. En Puerto Rico no existe la figura del juez de instrucción, que efectúa investigaciones criminales y presenta la acusación. Esa función está concentrada en el Departamento de Justicia. Son sus fiscales quienes efectúan la pesquisa, reúnen la prueba y presentan los cargos. Debido a esa función, aun cuando quien lo dirige es seleccionado por el gobernador de turno, debe contar con un mínimo de autonomía para efectuar las investigaciones criminales libre de presión.
Todos sabemos que de ordinario no ha sido así y por eso con frecuencia a quien ocupa el cargo se le pone el mote de “sastre jurídico”, por acomodar las investigaciones políticamente sensitivas a la medida del gobernante. Los datos históricos abundan, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, de donde nos copiamos ese marco legal. Ahora mismo William Barr, el Secretario de Justicia estadounidense, está inmerso en una faena bochornosa, utilizando su oficina para proteger a los “soldados políticos” de Donald Trump. Llegó al extremo de solicitar la desestimación de una acusación donde ya la persona había sido encontrada culpable.
En el caso de Denisse Longo su historial es similar. Tan solo debemos recordar la batalla legal que dio hace unos meses intentando mantener oculto el informe en torno al manejo de suministros con propósitos políticos tras los terremotos del pasado enero. El propósito político de tal ocultación era evidente y tuvo que producirse una sentencia del tribunal para que soltara el informe. También debemos recordar la fallida investigación de Justicia en torno a los integrantes del “chat de la infamia”, a pesar de los delitos que allí quedaron expuestos. La investigación fue chapuceada, con el obvio propósito de tirarle la toalla a los implicados.
Su imagen era, por tanto, la de un cuadro político al servicio de Vázquez. Por eso pocos esperaban que el Departamento que dirigía Longo investigaría con profundidad el gran escándalo de la actual administración, que es el relacionado con la compra fraudulenta de pruebas para detectar el Covid 19.
La magnitud de ese escándalo ya es ampliamente conocido. Un reciente informe de una comisión de la Cámara de Representantes identifica a una larga lista de funcionarios gubernamentales como posibles ejecutores de actos criminales. Entre esos se encuentran oficiales de la mansión ejecutiva, muy cercanos a Vázquez. También hay integrantes del llamado “Staff Médico”, que asesora a la gobernadora en relación con la pandemia.
Desde que estalló el escándalo Wanda Vázquez se lanzó al ruedo a defender la transacción. A pesar de la evidente malversación de más de $3 millones, y que sólo gracias a la intervención de personas fuera del Gobierno, no se perdieron otros $38 millones, no ha parado de defender a los implicados. Ese atrincheramiento dramatiza su interés en que se efectúe una investigación seria, que termine enjuiciando a los implicados. Esa investigación tendría que hacerla Justicia porque a la mayoría de los implicados no le aplica la ley de la Oficina del Fiscal Independiente.
Según la poca información conocida, Vázquez y Longo tuvieron una acalorada discusión sobre la investigación que Justicia debería estar haciendo sobre este tema y, minutos después, se produjo el despido en forma de renuncia con efectividad inmediata. El interés de Longo por mantener callado el asunto puede explicarse, no por proteger a Wanda, sino para evitar que la controversia le afecte en la búsqueda de un nuevo empleo.
Este asunto no puede quedarse como si se tratara del despido de un funcionario más, de los tantos que han salido de la misma manera durante este cuatrienio. En esta ocasión seguramente estamos ante un intento burdo por obstruir la justicia, impidiendo la presentación de cargos contra figuras públicas que cometieron delitos.
