Preparan el camino para el robo de las elecciones

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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“El Proyecto del Senado 1314 y el Proyecto de la Cámara 2164 no son otra cosa que un golpe legislativo para gestionar la toma del sistema electoral del país por el Partido Nuevo Progresista”, denunció la comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago Negrón. La supuesta reforma electoral, creación del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, enfrenta objeciones tanto de balance democrático como de tipo económico, según Santiago Negrón.

En términos de control, la reforma contempla que la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y su presidencia alterna sean nombradas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR). La comisionada del PIP censuró esta maniobra del PNP para asegurarse el control del sistema electoral, independientemente del resultado de las elecciones generales del 2020.

“Aun si resultara victorioso otro partido, el nombramiento del jefe o jefa de la Comisión y de su alterna recaería en lo que hoy es el brazo judicial del PNP, como antaño lo fue del Partido Popular Democrático, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esa estrategia, claramente partidista, no solo compromete la credibilidad del organismo electoral, desacredita aún más al Tribunal Supremo, con el efecto que esto tiene sobre toda la rama judicial y el sistema de administración de justicia”. Santiago reparó en que se ha anticipado que esta participación del tribunal puede constituir una violación al principio de separación de poderes.

Además de los nombramientos estar marcados con el tinte partidista, los comisionados gozarán de atribuciones superiores a las que hoy se les conceden y también de un aumento de salario de $20,000 al año para equipararlo al de los jueces asociados del TS. En cuanto al presupuesto, los comisionados podrán, a su albedrío, adquirir bienes sin subasta hasta $75,000 en un mismo año fiscal para cada suplidor y hasta $150,000 para la contratación de servicios por contratista. Hoy el límite es $30,000.00.

El proyecto excluye la representación de los partidos minoritarios en la CEE al limitar la representación a tres partidos. Explicó la también vicepresidenta del PIP que eso excluye al que llegue en cuarto lugar, aun cuando quede inscrito e independiente del número de votos que obtenga. Ese partido queda fuera del sistema electoral hasta tanto se inicie el próximo ciclo electoral, donde tendrá una menguada participación que dependerá del arbitrio de los partidos estatales principales. Aquellos que no queden inscritos en el evento electoral y que procuren recuperar su franquicia mediante la presentación de endosos apenas pueden aspirar a una versión empobrecida de representación institucional a través de la “certificación preliminar” de Partido Estatal por Petición.

La medida contempla, además, la eliminación del balance electoral en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) al eliminar la representación a solo dos partidos, aun cuando esta Junta es la que cuenta y adjudica votos y aun cuando la propuesta de nuevo Código Electoral extiende de manera significativa las categorías que atiende. Eso equivale a decirle a un partido minoritario que habrá un colegio electoral en el que la ley prohíbe su participación.

En una actitud que describió como “revanchista” la licenciada indicó que el proyecto propone limitar la injerencia de los comisionados a asuntos de “naturaleza específicamente electoral” –así, entre comillas es como está en los proyectos. Afirmó que esa es la respuesta del PNP a la derrota judicial al prevalecer el PIP en el caso en el que reclamó que el movimiento, en predios de la CEE, de contenedores con suministros para las víctimas del huracán María era un asunto que podía y debía ser investigado por la Comisión. Más aun, la medida establece que ninguna decisión del Tribunal de Primera Instancia o la revisión por el Tribunal de Apelaciones tendrán el efecto de suspender o paralizar votaciones, escrutinios o “cualquier acto o asunto que deba comenzar o realizarse en un día u hora determinada”.

Sobre la Oficina del Sistema de Información y Sistemas Electrónicos (OSIPE) reveló que en esta oficina no hay balance partidista. El director siempre ha sido del partido de mayoría y el subdirector, que en estos momentos es popular, “a veces no tiene idea de lo que está pasando ahí”. Aclaró que como partido que no tiene representación efectiva en la OSIPE, el PIP depende de lo que escogen revelar o divulgar los representantes de los partidos de mayoría, que con gran tranquilidad operan entre la tergiversación y la ocultación de información.

“Esa situación se agravará, indefectiblemente, con la transición que proponen para el nuevo Código Electoral, con una agencia que no tiene ni la estructura ni la capacidad humana para asumir lo que se le quiere encomendar. La precariedad tecnológica de la Comisión es de tal magnitud que hoy tenemos Juntas de Inscripción Permanente que no pueden dar servicios completos, a la espera –se nos dice– de un cable. Las máquinas de escrutinio están almacenadas en condiciones lejos de lo ideal. Cientos de miles de documentos están a la espera de ser digitalizados, y las distintas divisiones dependen de prestarse escáneres y fotocopiadoras unas a otras. Y estas faltas –debe estar claro– no son consecuencia de lagunas o defectos estatutarios”, denunció Santiago Negrón.

La licenciada Santiago Negrón censuró el que el proyecto de Rivera Schatz proponga la automatización de la gran mayoría de las funciones de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) y de la CEE, incluyendo el voto electrónico. “La idea de que si todo se digitaliza es más accesible es falso; pero va a permitir que personas en cualquier parte del mundo se registren como personas bona fide y que voten desde donde estén”.

El PNP aduce que la reforma es para economizar, pero no dice cuánto, y apuesta a que van a cerrar JIP. La vicepresidenta del PIP comentó que el cierre de las JIP sería una reducción en la plantilla laboral que tampoco representa un ahorro significativo, ya que la inmensa mayoría de las JIP están en espacios públicos por los que la CEE no tiene que pagar renta.

“El nuevo Código Electoral retendría la asignación de $1,200,000 para gastos de transportación de electores. Se obliga al país a financiar con fondos públicos las primarias del PPD y el PNP, que son procesos estrictamente internos y cuyo costo se estimó para este ciclo electoral en $13,660,000. Se insiste en que todos respondamos por el gasto absurdo de las primarias presidenciales de los Estados Unidos. Ese evento, que no tiene ninguna consecuencia jurídica ni para nosotros ni para los estadounidenses, le cuesta al pueblo $2,237,000. Esos tres renglones representan un gasto de $17,097,000. Y en este proyecto, que busca hacer ‘menos costosa y más eficiente’ la CEE, permanecen inalterados”, denunció.

Mientras el presupuesto actual de la CEE es de $28 millones, todavía el presupuesto para las elecciones generales del 2020 no se ha preparado. Se supone –explicó la comisionada electoral– que el presupuesto se prepare a inicios del próximo año y se someta a la Legislatura.

Vale traer a la atención que en el mes de mayo (edición del 16 al 22 de mayo 2019) CLARIDAD denunció que el uso de las máquinas de conteo electrónico para las elecciones generales del 2020 dependería de que la Junta de Control Fiscal (JCF) autorizara una transferencia en el presupuesto para sufragar el costo de su mantenimiento o que la Legislatura asignara presupuesto para pagar los trabajos de mantenimiento. Ni en la Comisión, ni en la Legislatura se ha abordado este asunto.