Por Cándida Cotto/CLARIDAD
Un grupo de ciudadanos, de abogados y diversas organizaciones formaron una coalición para enfrentar en los tribunales el patrón de represión sistemática del Gobierno y la Policía de Puerto Rico contra activistas, portavoces, líderes de causas comunitaria que han expresado su rechazo al actual Gobierno y sus líderes políticos.
“En Puerto Rico siempre hemos sido reprimidos por la Policía, que siempre ha estado al servicio del mal gobierno de Puerto Rico y los partidos políticos. Nuestro pueblo sufre desastres mientras los gobernantes enriquecen sus bolsillos a nuestra costa”, se expresó el licenciado Carlos Torres Vidal en conferencia de prensa, donde se dio a conocer la iniciativa de la coalición.
El mismo Torres Vidal fue víctima de este patrón hace unas semanas, cuando fue removido de manera violenta de una calle de Mayagüez por la escolta personal de la gobernadora mientras participaba de una manifestación. “Nuestro pueblo continúa sufriendo el crimen internacional del coloniaje mientras el gobierno del PNP y PPD se burlan dando alternativas falsas y engañosas para el pueblo de Puerto Rico. El germen de la corrupción ha permeado toda la sociedad puertorriqueña, especialmente las más altas esferas del gobierno. Demasiados funcionarios públicos del país, especialmente los que dirigen, están llenos de egoísmo, solo piensan en su interés personal y no en las necesidades de este pueblo. El verano pasado, la población puertorriqueña se lanzó a la calle y expulsó al gobernador Ricardo Rosselló. Ahora, la continuación de ese gobierno en manos de la gobernadora no electa, Wanda Vázquez Garced, pretende reprimir y coartar la libertad de expresión y reunión de todas las voces de los sectores de lucha el país, y estamos aquí para dar un detente a eso”, expresó.
En la conferencia de prensa participaron:
- Abey Charrón, hijo de crianza de José Luis López Fraticcelli un ciudadano que fue ingresado en la cárcel de Bayamón por un caso de dudosa imputación, a quien se le impuso una fianza de $45 mil, que no pudo prestar. Al ingresar a la cárcel le hicieron una prueba molecular del COVID-19, que dio negativo. A los pocos días fue contagiado con el coronavirus en el hospital de Corrección y falleció a los cuatro días.
- La joven Ivette Núñez Sepúlveda, quien, junto a su pareja e hija de 13 años, fueron detenidos de manera violenta por la Policía, cuando al ver pasar una caravana de Pedro Pierluisi, hicieron expresiones de repudio contra el candidato. Acto seguido, la Policía intervino con ellos, agredió a la menor en el rostro y removió al conductor del vehículo. Los hechos ocurrieron en Fajardo. Ese mismo día de la conferencia, el conductor estaba enfrentando un caso criminal por el incidente.
- Miembros de la Federación Laborista de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPR-M), el presidente Daniel Echevarría y miembros de su Junta de Directores, quienes denunciaron que la administración universitaria les está coartando su derecho a la asociación y a sus reclamos laborales.
- Maricruz Rivera, directora de COPI (Corporación Piñones Intégrate Ahora), quien fue acosada insultada y amenazada por el agente Kenneth Lacende la Policía Municipal de Loíza en la entrada de la playa de Piñones el 4 de julio mientras se encontraba junto a otras compañeras repartiendo material educativo y bolsas de basura en una campaña para mantener la playa limpia. Según el agente, estaban violando la Ordenanza municipal # 5 del municipio. Van a tomar acciones legales.
- El activista Jimmy Borrero, miembro del Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, quien ha sido arrestado y acusado por la Policía en 15 ocasiones, todas durante su participación en manifestaciones en contra del depósito de cenizas.
Otros presentes en la actividad fueron Arturo Massol, de la organización Casa Pueblo de Adjuntas; Mara García, de la organización Boricua Agricultura Ecológica; Rolando Ortiz Arroyo, del Colectivo Oeste Agroecológico; Sandra Cruz García, de Vamos, y Mari Mari Narváez, de Kilómetro Cero.
Al sostener que existe un patrón sistemático de represión y persecución contra las personas que se expresan en contra del gobierno, el representante legal de algunas de las víctimas, licenciado Donald Milán Guindín, defendió que es un reclamo muy válido ante el Estado y que los puertorriqueños tenemos el deber y el derecho de cuando el Estado, como sucede en estos casos, viola derechos constitucionales, actuar y enfrentarse a ellos en cualquier frente.
“Como se hizo en Guayama, se hizo en Peñuelas, se hizo en el verano del 19 y se va hacer en esta ocasión en los tribunales para solicitar que se vindiquen los derechos de estos ciudadanos. Las causas de acción identificadas, de una forma general, tienen que ver con la violación al derecho a la libertad de expresión, la violación al derecho a la reunión pacífica y a la petición del reclamo de agravios, a la persecución selectiva que ha llevado este tribunal de perseguir compañeros”. En el caso de Borrero, según indicó, la Policía en concierto y común acuerdo ha coordinado con entidades privadas un operativo para intervenir con manifestantes y a quien único han arrestado ha sido a los líderes, lo que constituye un mecanismo para tratar de desalentar el que los ciudadanos puedan dirigirse libremente y protestar en contra del Estado.
“Tenemos que tener presente que el derecho a la libertad de expresión opera en función de que tanto las minorías como los mensajes que no le agraden al Estado puedan darse, puedan expresarse. Y se supone que no exista un acto de represión contra estos ciudadanos”.
El licenciado Milán Guindín informó que se estarían presentando varias causas de acción por eventos que incluso conllevan agresión de parte de la policía a ciudadanos, entre ellas, la primera notificación de intención de demanda que requiere la ley en el caso de Torres Viada.
Por su parte, el licenciado Salvador Tió, otro participante de la coalición, destacó que el patrón de persecución que está ocurriendo es doblemente importante debido a las circunstancias que vive Puerto Rico en estos momentos. “Estamos en el momento más difícil de nuestra historia, tenemos una Junta de Control Fiscal que manda. Prácticamente, ha habido mucho dinero que se ha gastado, ha habido mucho endeudamiento y el beneficio principal ha sido para instituciones financieras de Estados Unidos. Todo el ensañamiento de la Policía va dirigido a impedir que todo esto se dé en todos los campos. Esto está pasando en todos los rincones del país y si no le ponemos un detente ahora, Puerto Rico se va a convertir en algo parecido al Chile de Pinochet”.
Aunque por el momento las demandas serán individuales, Milán Guindín dijo que eso no le resta al hecho de que se puede ver ya, con las representaciones que estarán haciendo, que el Estado tiene una conducta continua de atacar de una forma sistemática a los manifestantes y a las personas que se expresan en contra del llamado poder del Estado. Pero la conducta que va a perpetuar va a ser la misma, que el Estado consistentemente viola derechos civiles fundamentales.
Incluso, el grupo hizo expresiones denunciando la fabricación de cargos por parte del Gobierno y la politización del sistema judicial con el nombramiento de jueces por motivos partidistas, lo que ha tenido un efecto de coartar el nivel de libertad que debe tener la judicatura.
El licenciado Martín González Vélez recalcó que sí que existe una represión sistemática por parte del Estado y de la Policía al intervenir con ciudadanos que levantan cuestionamientos o difieren de las estructuras de poder. Indicó que el esfuerzo de la coalición que se presentó tiene el propósito de darle voz a los sin voz. Trajo a la atención que en la Policía de Puerto Rico, aunque se supone que hay una reforma donde se está reestructurando la forma de intervención con los ciudadanos porque se determinó que violentaba sistemáticamente los derechos de estos, eso no ha cambiado.
La organización exhorta a las personas que entiendan han sido objeto de una acción similar a llamar al 787-390- 7880 para orientación y ayuda legal.
