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Proyecto Bahía Urbana “Debió mediar una evaluación ambiental”

 

CLARIDAD

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Acorde con las características físicas y ambientales del sector, para el proyecto de la nueva Bahía Urbana anunciado hace unos días por el Gobierno, al menos debió mediar una evaluación ambiental, señaló en entrevista el planificador Félix Aponte.

El exmiembro de la Junta de Planificación afirmó que es de conocimiento público que en ese espacio de litoral se han observado manatíes y delfines, que hay unos manatíes que usan la Laguna del Condado y se mueven por el canal San Antonio y que aunque el área portuaria es una de actividad marítima activa, no deja de haber especies que están protegidas. Al menos el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) debió pasar juicio sobre esos particulares. “Uno pensaría que por el lado de la fauna marítima por lo menos hay un factor mínimo que hay que trabajar”.

Félix Aponte/Archivo CLARIDAD

Aponte señaló que el secretario del DRNA, como miembro del Consejo de Cambio Climático (CCC), una estructura que se crea por ley para asesorar al Estado sobre la manera juiciosa de adaptar y limitar los impactos del cambio climático que ya tiene el país, el Gobierno y el proponente debieron ponderar los efectos potenciales que pueda haber con el alza en el nivel del mar con esta intervención.

“Por lo menos, una reflexión mínima era de rigor, porque supone una alteración física; pero también una intervención humana, estructuras y elementos funcionales que están de ordinario en un litoral, por lo que el área va a ser afectada, sobre todo en el alza progresiva del océano”.

Al igual que otros profesionales de la planificación, arquitectos y ambientalistas, señaló que en la práctica el proyecto es uno disonante porque el Distrito de Centro de Convenciones es, para todo lo que implica, la infraestructura turística, transportar pasajeros el abastecimiento de las embarcaciones, etc.

También subrayó que el turista que llega al Viejo San Juan está interesado en su carácter de patrimonio de la humanidad, en su arquitectura y su riqueza cultural, por lo que insertar unas actividades que pretenden ser recreativas en un sector de carácter histórico no corresponde con lo que el pueblo de Puerto Rico ha decidido que sea ese espacio.

Según lo anunciado por el Gobierno, se espera que la construcción del proyecto en los muelles 6,7 y 8 comience en el primer trimestre del 2022.

Un mejor uso de ese espacio

Como planificador, Aponte sugiere, que se remuevan las estructuras que ya existen, se permita que la actividad marina ocurra y se construya de manera natural un espacio de contemplación más armónico con la calidad del agua de la bahía. Advirtió que si se llega a construir el proyecto y este fracasa, las estructuras se inhabilitarían, por lo que en términos físicos tampoco van a tener interés económico y van a convertirse en estorbos públicos, como ocurre en los litorales de Rincón y otros lugares de la isla en donde hay casas destruidas y se discute quién es responsable de esos escombros que están en dominio público en la zona marítimo terrestre.

A juicio de Aponte, si no hay un uso productivo desde la perspectiva portuaria, lo mejor es no intervenirla y dejar que la naturaleza haga de forma acelerada su proceso de adaptación al alza del nivel del mar.

Junta cuestiona proyecto de Bahía Urbana

La Junta de Control Fiscal (JCF) advirtió a la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Mariela Vallines Fernández, de que el anunciado proyecto de la Nueva Bahía Urbana exige la aprobación de la Junta.

En la carta con fecha del 2 de diciembre enviada a Vallines Fernández por el asesor legal de la JCF, Jaime A. El Koury , la Junta da cuenta de que se enteró por fuentes públicas del proyecto, del contrato por 20 años entre la Administración del Centro de Convenciones y las empresas Brisas Property Management y CapRock Parthners. En particular, la Junta subraya que el contrato no fue por un proceso competitivo, sino que fue de una propuesta no solicitada por los desarrolladores.

El asesor legal precisa que la Sección 204(b) (2) de PROMESA exige la aprobación previa de la Junta de ciertos contratos para asegurar que “promuevan la competencia del mercado” y “no sean inconsistentes con el plan fiscal aprobado”. Además, la política se aplica a “todos los contratos o series de contratos relacionados, incluidas las enmiendas, modificaciones o extensiones, con un valor total previsto igual o superior a 10 millones de dólares” en los que el Estado Libre Asociado o cualquier instrumentalidad cubierta sea una contraparte.

En fin, que los contratos que haga el Gobierno por más de $10 millones deben ser presentados a la JCF   para su revisión y aprobación previo a su ejecución. El Koury advierte que si el contrato en cuestión ya fue firmado, no se considerará en vigor hasta tanto y en cuanto no sea revisado y aprobados por la Junta.

 

 

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