Por Yoryie Irizarry/Columnista Invitado
La Senadora Zoe Laboy Alvarado, consciente del deber indelegable del estado de proteger a niños y niñas y jóvenes menores de prácticas dañinas, presentó un proyecto de ley que prohibiría el uso de las “terapias” de “conversión” o “reparativas” contra las comunidades LGBTQ en Puerto Rico. Nada extraño o novel en el proyecto, 16 estados y Washington D.C. ya han prohibido este tipo de terapias. Está ampliamente documentado que estas terapias no solo no funcionan, sino que causa daños y sufrimientos que durarán décadas para sobrevivirlos. También está documentado que no todos los niñas y niños sometidos a esta práctica sobreviven este tipo de maltrato. La tasa de suicidio de menores cuyos padres trataron de cambiarle la orientación sexual es el doble de la de menores LGBT. En el caso de menores sometidos a las “terapias con terapistas o “lideres” religiosos es el TRIPLE. Las comunidades LGBT y organizaciones aliadas respaldaron el proyecto. El proyecto de Zoe Laboy no fue aprobado, fundamentalistas religiosos y sus parásitos en la legislatura trabajaron en contra de la aprobación del proyecto. La unión entre politiqueros y mercaderes de la religión pudo más que el deber de proteger a lxs menores.
El problema de las mal llamadas terapias de conversión, o “reparativas” no es nuevo. Es un mal que venimos combatiendo hace tiempo. En Puerto Rico para los 90 un amigo mío fue drogado y secuestrado por su padre. Despertó en una de esas clínicas. Cuando no pudo más con las terapias, que incluían técnicas de aversión además de la inculcación de que estaba mal, que había que repararlo, que valía menos que los demás, pudo convencer al “terapista” de que estaba curado y pudo volver a su hogar. Vi a un joven lleno de vida, alegría y creatividad, de repente exhibiendo conductas auto destructivas, drogas en exceso, licor en exceso, le tomó tiempo poder aprender a amarse de nuevo. Hoy día es un profesional, con esposo y es quien cuida de su anciano padre, en un despliegue de perdón y amor del que no sé si yo pudiera ser capaz. Mi amigo tuvo suerte, muchas otras y otros jóvenes no sobrevivieron, se suicidaron.
En un despliegue asqueroso de lo que llamamos “doublespeak” el Gobernador Rosselló quien se había pronunciado a favor de la prohibición presentó un proyecto (P.del S. 1254) anunciando que el proyecto es producto del diálogo y consenso para prohibir las terapias de conversión y proteger a menores. El gobernador mintió. Una leída al proyecto demuestra lo contrario. Esto es así porque a pesar de que el proyecto cita a la American Psychological Association, American Counseling Association y la American Psychiatric Association (APA) luego de advertir contra algunos de los daños que las terapias causan, procede a eximir de cumplir con la prohibición al sector religioso. Quiero aclarar que es un sector religioso bien particular quien está detrás de esta legislación, es un sector fundamentalista y politiquero, que se dedica (porque aumenta los recaudos económicos) a oponerse a los derechos civiles de todas y todos los ciudadanos aun cuando no sean de su feligresía. Es un sector odioso que consistentemente ha expresado su odio a las comunidades LGBTQ y que no tiene problemas con mentir y propagar mitos y mentiras para sembrar miedo y desinformación entre padres y madres preocupadxs por que tal vez no saben como apoyar a su hija o hijo LGBTQ, porque quieren que sus hijxs crezcan sin sufrir, y que desconocen el terrible daño que sus hijas e hijos sufrirán en estas “terapias”.
El proyecto está lleno de contradicciones y falsedades. La primera contradicción es que el proyecto se necesita precisamente para prevenir el maltrato institucional de estas iglesias fundamentalistas a nuestrxs niñxs. Los profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogxs, trabajadorxs sociales y demás todos ya tienen prohibido hacerlo por las agencias reglamentadoras y de hacerlo corren el riesgo de perder sus licencias. No se puede hacer un proyecto de derechos humanos y excluir a las iglesias de su cumplimiento. El gobierno de Rosselló ha tirado nuestras niñas y niñas en el altar del oportunismo político y la búsqueda desesperada de votos y el favor de esos sectores que discriminan, que nos odian.
Una falsedad o media verdad escuando dice en el proyecto que“…no existe evidencia de que las instituciones religiosas y de bases de fe incurran en ningún tipo de tratamiento de descargas eléctricas, incluyendo las terapias electroconvulsivas o la estimulación magnética transcraneal…” Rosselló no cita que estudio si alguno él llevó a cabo para comprobar esto, dudo que lo haya hecho. Pero la falsedad reside en que estas dos, no son las únicas formas de terapia que existen, la posición de las organizaciones y agencias que él mismo proyecto cita es que TODAS las terapias y esfuerzos para cambiar la orientación sexual hacen daño, llevan al suicidio, crean conductas auto-destructivas. Incluso, el grupo Exodus International, por años el más conocido recurso, defensor de las terapias de conversión y fundador del movimiento “ex–gay” se desbandó cuando su presidente Alan Chambers salió del closet, anunció que las terapias de conversión son un fraude y le pidió perdón a toda persona a quien le hubieran causado daño y dolor en 2012. En 2013 también salió del closet John Paulk el otro homosexual “convertido” más conocido, también denunciando las terapias como un fraude.
Falsedad: Autoriza a los negocios religiosos a actuar sobre el “ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa”. El ejercicio de la religión no da permiso para maltratar o torturar niñas y niños. El estado está abdicando sus deberes para con los niños y niñas (aunque no votan) si implementa ese racional.
Falsedad: Excluye a los padres de cumplir con el proyecto de derechos humanos (no dice nada de las madres) alegando que están “en el ejercicio de su derecho fundamental a la Patria Potestad.” Olvida el gobernador ese derecho no es absoluto. Por disposición del Código Civil “La patria potestad conlleva la obligación de ejercerla responsablemente, como un buen padre (o madre) de familia.[1]”
Además, algunas de las razones para privar, restringir o suspender de la patria potestad a los padres y madres es cuando por acción u omisión ponen a sus hijos o hijas a sufrir daño o prejuicio predecible, a la salud física, mental o emocional del menor[2]. Y cuando se “permite o tolerar que otra persona incurra en esa acción que causa prejuicio a la salud física, mental o emocional del menor.”
¿Qué más puedo decir, que no han dicho ya tantas otras personas, para que comprendan la magnitud del daño que causan a nuestras comunidades estas terapias de conversión (¿o reparativas, o “estudio bíblico” como algunas iglesias las han disfrazado? ¿Qué podemos hacer para que la gente en general entienda lo importante de derrotar estos proyectos? Debemos seguir luchando contra esta injusticia. La historia está de nuestro lado.
El autor es abogado y activista.
[1] Véanse el Artículo 166 del Código Civil.
[2] Véanse Artículo 166 a del Código Civil
