Un grupo de líderes comunitarios se reunió con CLARIDAD para denunciar desinformación, incertidumbre e incumplimiento de promesas por parte del Departamento de la Vivienda y de la firma desarrolladora McCormack Baron Salazar durante el proceso de entrega de apartamentos remodelados a solicitantes de vivienda en los complejos Puerta de Tierra en San Juan y Las Gladiolas en Hato Rey.
El residencial José Gautier Benítez de Caguas –todavía no ha sido terminado– también es parte de un gran proyecto novel en Puerto Rico, comenzado en 2016 bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. Este proyecto adopta un modelo de ingresos mixtos, diseñado para integrar a personas que pagan renta privada y a personas que reciben subsidio público.
Sección 8 de renta subsidiada, Vivienda Pública, Crédito contributivo para vivienda y Renta privada son las formas a las que los residentes pueden acogerse para establecer contrato bajo este nuevo modelo de residencial público y privado.
Según declararon los y las líderes Mirta Colón Pellecier, Jonathan Colón Reyes, Cristóbal Berros Speing, Milagros Colón Rodríguez y Angelina Meléndez Santos, el pasado mes de mayo (un año y medio después de iniciadas las reconstrucciones) fue que por primera vez se enteraron de que los solicitantes de un apartamento en esos complejos tendrían que pasar satisfactoriamente dos fases de evaluación antes de habitar una unidad: la de actividad criminal y crédito y la de ingresos.
En mayo 2018, también supieron, gracias a sus averiguaciones, que los parámetros de ingresos habían bajado, noticia que desfavorece a muchas familias solicitantes. “Son unos parámetros extremadamente ridículos. Estamos hablando de que una persona con una jornada de 40 horas a $7.25, por hora, excede el ingreso para cualificar”, explicó Colón Pellecier.
El engaño radica, a juzgar por el grupo de entrevistados, en que se había hecho un compromiso con los residentes, antes de desalojarlos por motivos de reconstrucción, de admitirlos en los complejos primero que a otras personas solicitantes; sin embargo, al haber dos fases de evaluación, muchas familias a ser reinstaladas solo llegan a la preselección, por lo que cumplen con la fase de crédito y buena conducta, mas no con la de ingresos.
“Tengo el caso de Angelina Meléndez, enfermera retirada, quien recibe su seguro social. Eso junto suma $1,200. ¿Cómo me vas a decir que una persona que fue productiva, que recibe ingresos porque los cotizó y que siempre fue residente de Las Gladiolas vas a penalizarla impidiéndole que regrese por exceder los ingresos establecidos en la nueva tabla?”, comentó Mirta para ejemplificar la situación que atraviesan muchos y muchas de sus compañeras.
Tal y como han ido constatando, los que tienen ingresos bien limitados o no tienen son los únicos que han ido recibiendo las cartas de aprobación del apartamento. Como explicaron, el ingreso máximo que una persona puede tener para ser aceptada en uno de estos complejos es de $13 mil 20 anuales. La lógica de la desarrolladora, que también administra, es “entrar a la gente que no tiene ingresos y, si no pueden pagar la luz ni el agua, y se la desconectan, los botan a la calle porque eso dice el contrato que tenemos que firmar”, aseguraron.
“Es un organigrama muy bien orquestado. Entro al que no tiene ingreso. La opinión pública no puede decir nada porque cumplí con mi palabra. Pero, como son tan irresponsables y negligentes, no pagaron las utilidades y los saqué”, dijo Colón Pellecier en aras de explicar el razonamiento de la compañía McCormack Baron Salazar.
La pregunta principal que se hacen los que enfrentan esta situación es para quién se han reconstruido los proyectos. Aunque la compañía desarrolladora dice que la realidad no es esa, tras las medidas restrictivas que han impuesto, todos y todas se inclinan a pensar que los desarrolladores no los quieren ahí.
Como hay una política de no desplazamiento, no pueden echar a los residentes, pero “admiten a los que no tienen ingresos, que pueden fallar en pagos e incumplir con los requisitos. Eso justificaría el desplazamiento. A 48 familias les llegó una carta con la noticia de que les habían aprobado la primera fase; pero con 17 de ellas, al día de hoy, no han hecho un arreglo todavía y no van a entrar por el tema del ingreso”, remató la portavoz de Las Gladiolas.
“Cuando vemos todo este cuadro y nos llega información a cuenta gotas, nos preguntamos para quiénes son las unidades de ambos proyectos”, expresó el líder de Puerta de Tierra, Jonathan Colón Reyes, quien a su vez comentó que mantienen una línea de comunicación con la empresa desarrolladora y que han llevado copias de una carta de reclamación a varias de las instituciones involucradas.
“Que se entienda que esta lucha no se da por un caprichoso. En el caso de Puerta de Tierra, decidimos salir de buena fe porque nos hicieron una promesa. En el camino, nos empezamos a dar cuenta de las intenciones del desarrollador. Todos pensamos que el desarrollo que se iba a hacer era totalmente de vivienda pública, con iguales criterios de evaluación y requisitos de cualificación”.
Según los portavoces, aunque pensaron que los residentes que cualificaban para Sección 8 y Vivienda Pública no tendrían problemas para obtener una unidad en los nuevos complejos residenciales, lo cierto es que tuvieron que esperar año y medio para enterarse por ellos mismos de que no es así y de que la firma desarrolladora tiene otras intenciones.
