Puerto Rico contra la Junta: la marcha del 6 de septiembre

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

A cinco años de su imposición, maestros activos y jubilados, otros empleados públicos, el sector cooperativista, el movimiento ambiental, organizaciones sindicales del sector privado, miembros de diversas entidades eclesiásticas, en fin, una amplia representación de la sociedad puertorriqueña se congregó el lunes 6 de septiembre, Día del Trabajo, para repudiar la presencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) en nuestro país.

El rechazo a sus políticas neoliberales de privatización de las corporaciones públicas, su pretensión de reducir las pensiones de los empleados públicos, de intervenir con el dinero y órganos rectores de las cooperativas, la eliminación de municipios, la eliminación de recintos de la Universidad de Puerto Rico, la privatización de las costas y la venta de otros recursos naturales fueron parte de las denuncias que acogió la marcha Todo Puerto Rico contra la Junta.

La marcha salió de los predios del Centro Comercial Plaza las Américas hacia la calle Chardón hasta llegar frente al edificio que alberga las oficinas de la JCF en Hato Rey.

Entre los asistentes se encontraba el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, experto en la ley PROMESA y abogado de la UTIER y el sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica, único ente en el país que ha retado la constitucionalidad de Ley PROMESA en los tribunales. A preguntas de CLARIDAD sobre la apreciación del pueblo respecto al trabajo de la JCF, expresó que le parece que la reputación de la Junta se ha ido deteriorando de manera acelerada entre el pueblo de Puerto Rico. “En un principio, se le crearon unas expectativas al pueblo de que iba haber toda una serie de soluciones a unos problemas sociales, económicos y políticos, que no se dieron porque la Junta no vino a eso, vino a representar los intereses de unos acreedores”.

En estos cinco años ha visto que poco a poco ha habido una transformación de esa percepción hacia la JCF, a verla como una enemiga, como instrumento del coloniaje y que “en realidad hay que enfocar la lucha, ya sea económica, social y política en contra del coloniaje, que es los poderes de la independencia. Es lo que nos permitiría poder programar nuestro futuro”.

Afirmó que en la actualidad el futuro del país lo controlan intereses totalmente adversos, intereses que representan el capital extranjero y los acreedores, que son los que diseñan los planes fiscales y los presupuestos por medio de la JCF. Coincidió en que aun dentro de todos los poderes de la Ley PROMESA, la JCF se ha extralimitado en el ejercicio de sus facultades.

Preguntamos a Emmanuelli qué opinión tenía sobre los argumentos presentados por la Legislatura y el Ejecutivo a la demanda de la JCF que impugna la Ley de Retiro Digno (LRD). Manifestó que a su juicio, ambos, el Legislativo y el Ejecutivo, se quedaron cortos totalmente en sus argumentos porque no alegan sobre la raíz del problema: que la ley Promesa es ilegal e inconstitucional.

“Se van por el mero sustento de la interpretación de la ley. Están como el esclavo que se queja de que le duelen las cadenas. No, aquí el problema son las cadenas y aquí en Puerto Rico el problema es el coloniaje. Por tanto, ya que la Junta les demandó, debieron haber planteado que la ley PROMESA es inconstitucional. Esa era la oportunidad única que desperdiciaron”. La lucha sigue y la calle es lo más importante en este momento, subrayó.

Al inicio de la marcha, el primero en dirigirse a los presentes fue el activista Juan Camacho, en representación del movimiento ambiental: “La lucha ambiental es algo difícil. Tenemos que luchar, por un lado, contra los empresarios y constructores y, por otro, con las agencias gubernamentales que tienen la encomienda de defender el ambiente y no lo hacen. Si no fuera poco, en los últimos cinco años hemos tenido que añadir la llegada de la Ley PROMESA y de la JCF. Como luchadores por un mejor ambiente, estamos totalmente cubiertos por el manto nefasto, represivo y colonial de la Junta”.

Camacho explicó que el título 5 de la ley PROMESA está diseñado para los llamados Proyectos Críticos, que están excluidos de evaluaciones ambientales, les concede un proceso expedito de permisos y declara incongruente cualquier normativa o ley ambiental. Es decir, no se les tiene que aplicar. “El momento en que vivimos es fundamental. Propicia para que todas las personas y organizaciones incluyan en sus planes de trabajo desarrollar y auspiciar tareas específicas contra PROMESA, la Junta y el cambio sistemático en el contexto de la colonia. No hay para otra”.

En tanto, Luis de Jesús, representante de los trabajadores del sector público, resaltó en su mensaje el que la JCF ha puesto en peligro los servicios públicos y los servicios esenciales, como la salud y la energía eléctrica, y ha recortado fondos de los municipios. No conforme, amenaza las pensiones mientras no ha resuelto absolutamente nada con respecto al desarrollo de Puerto Rico.

El líder sindical exhortó a los trabajadores públicos a rechazar el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Junta, el cual endeudará al país por los próximos 30 años. “Para nosotros ha sido nefasto la Junta. Hoy estamos unidos en una sola voz: obreros unidos jamás serán vencidos. Mientras luchemos unidos no podemos ser derrotados. Hoy nos unimos a sacar la JCF de Puerto Rico. Basta ya de recortar los servicios esenciales que necesita el pueblo, del desastre de LUMA, la privatización de los servicios esenciales. Hoy vamos a enfrentar a la Junta y vamos a exigir al gobernador de Puerto Rico y a la Legislatura que se unan en este reclamo. Solo hay dos posiciones: a favor de la Junta o contra la Junta. Vamos a unirnos para derrotar el plan de ajuste. Vamos a rescatar a PR de esta Junta que es perversa”.

Al grito de las consignas ¡Fuera la junta! y ¡Esa junta criminal la tenemos que sacar! continuó la marcha. Otro de los que se dirigió a los presentes fue el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, quien destacó que lo único negociable con la Junta es cuándo y a dónde se va. Esto en alusión a comentarios de que una vez aprobado el PAD, la JCF se iría del país.

Angel Figueroa Jaramillo: Fotos Vicente Vázquez

En tono emotivo, Figueroa Jaramillo expresó que tiene tres nietas de 10, 7 y 5 años y que “mientras corra sangre por mis venas y energía por mi cuerpo, yo no voy a ni un paso atrás. Vinieron por LUMA y a tres meses el país está sufriendo el desastre de un proceso de privatización. ¡Y el Gobierno callado!” Dio a conocer que trabajadores de LUMA que vinieron de Estados Unidos, cuando se enteraron del desastre natural en Luisiana, se fueron de Puerto Rico porque allá les pagan más.

“Lo voy a decir clarito: aquel que se siente con la Junta a negociar, traiciona a este país. Con la Junta lo único negociable es pagarle el pasaje pa’ que se vayan. ¡Fuera la Junta!”

Entre los asistentes también se encontraba el grupo Frente por la Auditoría de la Deuda. En entrevista sobre sus impresiones del pleito sobre la Ley de Retiro, la portavoz, licenciada Eva Prados, observó que en efecto, con el pleito se ha podido demostrar lo que el Frente ha dicho desde el inicio: que para que se apruebe el Plan de Ajuste de Deuda, a diferencia de los planes fiscales, la Junta necesita el apoyo de la Legislatura y del Ejecutivo.

“La Junta ha insistido en el tribunal que ellos pueden implementar ese PAD sin los cuerpos legislativos y gubernamentales. Eso se ha demostrado que es imposible. El ejemplo es que han tenido que ir al tribunal a impugnar la Ley de Retiro Digno”. Insistió en que la LRD supone la ruta correcta y que incluso el mismo director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) ha dicho que no es necesario el recorte a las pensiones.

“El Frente por la Auditoría de la Deuda añadimos que tampoco es necesario pagar por una deuda ilegal, que es parte de lo que la LRD dice. Definitivo, que todavía queda mucho por hacer”. Prados dijo saber que la Legislatura está llevando negociaciones con la Junta, lo cual en principio, dijo, está bien. No obstante, recalcó que “lo que queremos es que haya transparencia en esas negociaciones. Que el pueblo sepa qué se negocia y que no se muevan un ápice de no reducción a las pensiones y no pagar por deuda ilegal”.

Otro que se dirigió a los presentes, esta vez frente al edificio que alberga la JCF, fue el presidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD). El alcalde del pueblo de Villalba en tono enfático explicó que los servidores públicos tienen que rendir cuentas a la Oficina del Contralor, a Ética, que están expuestos a demandas. “Más sin embargo, la JCF está por la libre, no hay exigencia de cuentas. Hoy a los municipios se les quiere insertarse a la crisis mediante la eliminación del Fondo de Reparación. Son $350 millones menos de sus presupuestos para dar servicios esenciales”, tronó.

Hernández Ortiz recordó que en la próxima sesión legislativa se verá el PAD, por lo que los alcaldes y la Legislatura tendrán la oportunidad de exigirle a la JCF que es momento de hacerle justicia a los retirados, de darle las asignaciones a la UPR y de devolver el Fondo de Equiparación Municipal.

“Por último, esa señora que tiene más escolta que el gobernador de Puerto Rico, esa señora que se gana más de medio millón de dólares tal parece que se quiere quedar aquí para siempre. Desde aquí que nos escuche bien: una vez se firme ese plan de ajuste también se va a juste la Junta. Se tiene que ir de Puerto Rico. Vamos a estar unidos porque unidos somos más fuertes”, advirtió.

Por su parte, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez, en alusión a las palabras de Hernández Ortiz, de hacerle frente a la JCF, expresó: “Tenemos un gobierno sin espalda dorsal que no se atreve hacerle frente a la junta”.

Finalmente, la portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones, Sonia Palacios, reiteró el llamado a los presidentes de los cuerpos legislativos a que se mantengan firmes en la defensa de la Ley de Retiro Digno.

En la marcha estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, y el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz. El presidente de la Cámara se ha reunido con miembros de la JCF después de aprobada la Ley de Retiro Digno.

 

 

 

 

 

 

Artículo anteriorEl camino de Kabul
Artículo siguienteEditorial:   AEE y Luma Energy: los zares del atropello energético