A juicio de la economista Martha Quiñones Domínguez, el Gobierno de Puerto Rico debe procurar quedar por completo fuera de la reforma contributiva que se debate en el Congreso de Estados Unidos, en lugar de estar dando un doble discurso como ha hecho hasta ahora. Atribuyó a que los políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP), es decir el gobernador Ricardo Rosselló González, y la comisionada residente, Jennifer González, se debaten, la comisionada en adelantar la estadidad y el gobernador en defender la economía y los empleos de Puerto Rico.
La reforma contributiva que se debate en el Congreso de EE UU, por un lado en el Senado se impondría un arbitrio de 12.5% sobre los activos intangibles de las corporaciones de control foráneo (CFC, inglés) que hacen negocios en Puerto Rico y el proyecto de la Cámara impondría un impuesto de 20% sobre las ventas de los productos manufacturados por las CFC a sus matrices en EE UU.
Mientras Rosselló sostenía este lunes una reunión con amplios representantes del sector privado desde los industriales, constructores, farmacias de la comunidad, negocios al detal, el Colegio de Contadores Públicos (CCP), hospitales y otros, que han señalado lo perjudicial de ambos proyectos para la economía del país, la comisionada residente busca enmiendas al proyecto de la Cámara.
“Hay que plantear que para efectos contributivos Puerto Rico no le genera mucha ganancia a Estados Unidos en la recuperación de los impuestos y que el efecto es grave pues nuestras ventas de las empresas estadounidenses son para ellos”, indicó la economista. Añadió sobre los argumentos que el Gobierno de Puerto Rico debe presentar es que si la reforma que busca el Congreso es atacar los efectos que han tenido los Tratados de Libre Comercio sobre la economía de EE UU, la Isla debería dejarse fuera o de lo contrario estas empresas se irían de Puerto Rico pues les sale más caro al no poder reclamar el 4% del impuesto que pagan en Puerto Rico más el nuevo impuesto. Así que entonces les será más barato producir fuera de los Estados Unidos sin importar los tratados. Aunque la reforma responde a una promesa de campaña del presidente Trump los proyectos fueron modificados en el Congreso.
En el caso de Puerto Rico, indicó Quiñones Dominguez que, los efectos de estas medidas pueden ser peor que la eliminación de la sección 936 pues le impone costos más caros a las empresas de EE UU que están en Puerto Rico y cuya producción va directa hacia EE UU. Recalcó que el impuesto es a la producción que hacen las empresas estadounidenses que operan en la Isla y que se vende en EE UU además de aplicarle a las ganancias que retornan, lo que es un cambio en los costos de operación.
En este escenario coincidió con la apreciación de que la Legislatura de Puerto Rico ha detenido la discusión de la reforma contributiva de aquí reconociendo que no es el momento y esperan por la de EE UU además de esperar a ver cómo reacciona la economía de la Isla después del huracán.
Tomando en consideración la situación colonial -a pregunta de CLARIDAD- Quiñones Domínguez, indicó que la propuesta que debería llevar el país al Congreso es la de contemplar un desarrollo endógeno. “El problema es que la propuesta para la Isla no está diseñada y debería contemplar un desarrollo endógeno con un balance con el exógeno y así evitamos estos problemas”. Expuso que con ese tipo de desarrollo se puede fortalecer industrias locales (que sus ventas no pagarían el impuesto en EE UU más allá de los impuestos tradicionales) y se pueden crear empleos locales y generar ingresos aquí además de colocar en positivo la balanza de pagos y fortalecer la producción local.
Eso evitaría que cada vez que EE UU quiera cambiar su política contributiva nos afectará menos. “Pero mientras seguimos con esta política económica de atraer empresas de Estados Unidos (economía exógena) estaremos a merced de los cambios en Estados Unidos y no fortaleceremos las de aquí. Así que la solución debe ser a través de fortalecer la economía local y crear industrias diversas en la Isla”. La economista alertó, que la política económica de desarrollo “no es concentrarse en turismo o en unas cuentas empresas. Es diversificar la economía de manera que pueda soportar las crisis periódicas del capitalismo y balancear los ajustes estructurales que hay que hacer”. Recabó que este tipo de economía hay que discutirla con las comunidades y los municipios para que se diseñe con las fortalezas de cada uno para ir generando los empleos necesarios. Esto requiere que cada municipio se debe evaluar en ese nuevo modelo como motores económicos regionales autónomos y que deben fortalecer sus potenciales que los haga diferentes y que no sea más de lo mismo que tienen los otros.
Quiñones Domínguez propuso que hay que buscar 10 posibles empresas para incubar, como por ejemplo programación de juegos de computadoras o diseño de productos, alimentos o bebidas o cualquiera otra que sea una ventaja para la Isla con el potencial intelectual que se tiene y darle protección y “buscar dentro de la colonia cómo podemos proteger esa empresa y que sea la que genere capital para reinvertir”, concluyó.
